Un ganadero y una comunidad discutieron ante el Superior quién es el dueño real de 2.500 hectáreas
En 2007, los herederos de Victorino Pilquimán le vendieron las tierras a Camilo Rechene en una operación particular. La comunidad mapuche-tehuelche de la zona, en cambio, sostiene que son propiedad comunitaria y que nadie les consultó. La denuncia llegó a la Corte. Decidirá el máximo tribunal local.
Por primera vez en su historia el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural debió concurrir a una audiencia pública en el Superior Tribunal de Justicia para defender una resolución mediante la cual se le otorgó a Camilo Rechene la titularidad de 2.500 hectáreas en el departamento Gastre. Hace cuatro décadas esas tierras habían sido adjudicadas al poblador Victorino Pilquiman. Luego pasaron a sus hijos, que en 2007 se las vendieron al ganadero Rechene.
Ese año un sobrino de Victorino, llamado Crecencio Pilquiman, denunció el caso en nombre de la comunidad mapuche-tehuelche de Lagunita Salada-Cerro Bayo-Gorro Frigio. Consideraba que aunque la transferencia de los herederos parecía una operación de compraventa entre particulares, esas hectáreas enajenadas en realidad eran propiedad comunitaria y no debieron tocarse sin pedir la opinión del resto de las familias afectadas, tal como obliga la Constitución para respetar los derechos de los pobladores originarios.
Este reclamo territorial se debatió el miércoles en la sala de audiencias del STJ. La audiencia la presidieron Alejandro Panizzi, Mario Vivas y Miguel Donnet.
Estuvieron Eduardo Hualpa, abogado de Hugo Pilquimán, hijo de Crecencio; el presidente de la comunidad, Giménez Meza, con sus defensores públicos Delia Pérez y Jorge Benesperi; por el IAC su titular Máximo Pérez Catán con el letrado Víctor Bezunartea, y el comprador Rechene con su apoderado Rodolfo Zabaleta. También dos herederas de Victorino: Margarita y Norma Huentelaf. Hubo varias familias de la meseta.
En 2007, Crecencio inició un amparo contra el IAC en el Juzgado de Familia de Puerto Madryn. Exigió que se respetaran los derechos originarios y la nulidad de la Resolución 60/07, mediante la cual los herederos de Victorino cedieron derechos sobre un predio rural a Rechene, un particular ajeno a la comunidad. Ante su reclamo hubo sentencias desfavorables de ese Juzgado, de la Cámara de Trelew y del Superior. El abogado de Rechene llegó a plantear que los mapuches no tenían derechos como indígenas en Argentina ya que son “inmigrantes chilenos”.
Los abogados de Pilquiman llegaron en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras, y pese a que avanzaba un trámite para litigar sin gastos, el abogado del estanciero logró un embargo preventivo sobre los animales de la familia Pilquiman, para cubrir los honorarios del proceso que venía perdiendo.
En 2014 la Corte anuló la sentencia del STJ. Su fallo cuestionó que los ministros locales habían omitido “todo pronunciamiento” sobre el derecho de la comunidad indígena a ser oída.
El caso volvió a Chubut. Hualpa reclamó en la audiencia del miércoles que en su resolución, “el IAC no aplicó la normativa supranacional constitucional y legal que protege los derechos de las comunidades”. Objetó la falta de consulta previa.
“Los pueblos afectados por cualquier decisión deben ser consultados para evitar que cualquier extraño pueda aprovecharse”.
Sostuvo que en el proceso “ninguna instancia judicial vio ni creyó en absoluto en los derechos indígenas. No se los escuchó de ningún modo y es la primera vez que podemos exponer con amplitud los derechos vulnerados”.
También habló Hugo, el hijo de Crecencio Pilquimán y Florinda Pailacura. En su breve intervención explicó que “hoy hubiese sido el día de él para estar acá y decir las cosas que sentía por su comunidad y su territorio. Pero me tocó estar a mí”. Relató cómo su bisabuelo, su abuelo y su padre ya usaban esas tierras como miembros de la comunidad aborigen. Nacieron y murieron allí.
“Cuando mi padre inició este conflicto también tuvo problemas con los animales porque pastaban en esa parte de la tierra; tenía chivos que no respetaban el alambre y pasaban. Rechene lo denunciaba y debió vender los animales porque no los podía dominar en tan poca tierra que le quedó”.
Cuando se cumplían 10 años del reclamo, Crecencio murió sin que el STJ lo escuchara.
Versión del IAC
A su turno, Bezunartea, abogado del IAC que asesoró a Pérez Catán, sostuvo que la resolución cuestionada es consecuencia de trámites legales sobre un terreno fiscal propiedad del Estado, que el organismo que representa tiene facultad para administrar.
“Es una falacia que haya discriminación; para aplicar la manda constitucional primero se debió probar el carácter comunitario de las tierras. Si no, abrimos la Caja de Pandora”, deslizó. “Quien ahora alegue derechos debió presentarse y probarlo. Pero mirando el expediente se concluye todo lo contrario”.
Por primera vez en su historia el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural debió concurrir a una audiencia pública en el Superior Tribunal de Justicia para defender una resolución mediante la cual se le otorgó a Camilo Rechene la titularidad de 2.500 hectáreas en el departamento Gastre. Hace cuatro décadas esas tierras habían sido adjudicadas al poblador Victorino Pilquiman. Luego pasaron a sus hijos, que en 2007 se las vendieron al ganadero Rechene.
Ese año un sobrino de Victorino, llamado Crecencio Pilquiman, denunció el caso en nombre de la comunidad mapuche-tehuelche de Lagunita Salada-Cerro Bayo-Gorro Frigio. Consideraba que aunque la transferencia de los herederos parecía una operación de compraventa entre particulares, esas hectáreas enajenadas en realidad eran propiedad comunitaria y no debieron tocarse sin pedir la opinión del resto de las familias afectadas, tal como obliga la Constitución para respetar los derechos de los pobladores originarios.
Este reclamo territorial se debatió el miércoles en la sala de audiencias del STJ. La audiencia la presidieron Alejandro Panizzi, Mario Vivas y Miguel Donnet.
Estuvieron Eduardo Hualpa, abogado de Hugo Pilquimán, hijo de Crecencio; el presidente de la comunidad, Giménez Meza, con sus defensores públicos Delia Pérez y Jorge Benesperi; por el IAC su titular Máximo Pérez Catán con el letrado Víctor Bezunartea, y el comprador Rechene con su apoderado Rodolfo Zabaleta. También dos herederas de Victorino: Margarita y Norma Huentelaf. Hubo varias familias de la meseta.
En 2007, Crecencio inició un amparo contra el IAC en el Juzgado de Familia de Puerto Madryn. Exigió que se respetaran los derechos originarios y la nulidad de la Resolución 60/07, mediante la cual los herederos de Victorino cedieron derechos sobre un predio rural a Rechene, un particular ajeno a la comunidad. Ante su reclamo hubo sentencias desfavorables de ese Juzgado, de la Cámara de Trelew y del Superior. El abogado de Rechene llegó a plantear que los mapuches no tenían derechos como indígenas en Argentina ya que son “inmigrantes chilenos”.
Los abogados de Pilquiman llegaron en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras, y pese a que avanzaba un trámite para litigar sin gastos, el abogado del estanciero logró un embargo preventivo sobre los animales de la familia Pilquiman, para cubrir los honorarios del proceso que venía perdiendo.
En 2014 la Corte anuló la sentencia del STJ. Su fallo cuestionó que los ministros locales habían omitido “todo pronunciamiento” sobre el derecho de la comunidad indígena a ser oída.
El caso volvió a Chubut. Hualpa reclamó en la audiencia del miércoles que en su resolución, “el IAC no aplicó la normativa supranacional constitucional y legal que protege los derechos de las comunidades”. Objetó la falta de consulta previa.
“Los pueblos afectados por cualquier decisión deben ser consultados para evitar que cualquier extraño pueda aprovecharse”.
Sostuvo que en el proceso “ninguna instancia judicial vio ni creyó en absoluto en los derechos indígenas. No se los escuchó de ningún modo y es la primera vez que podemos exponer con amplitud los derechos vulnerados”.
También habló Hugo, el hijo de Crecencio Pilquimán y Florinda Pailacura. En su breve intervención explicó que “hoy hubiese sido el día de él para estar acá y decir las cosas que sentía por su comunidad y su territorio. Pero me tocó estar a mí”. Relató cómo su bisabuelo, su abuelo y su padre ya usaban esas tierras como miembros de la comunidad aborigen. Nacieron y murieron allí.
“Cuando mi padre inició este conflicto también tuvo problemas con los animales porque pastaban en esa parte de la tierra; tenía chivos que no respetaban el alambre y pasaban. Rechene lo denunciaba y debió vender los animales porque no los podía dominar en tan poca tierra que le quedó”.
Cuando se cumplían 10 años del reclamo, Crecencio murió sin que el STJ lo escuchara.
Versión del IAC
A su turno, Bezunartea, abogado del IAC que asesoró a Pérez Catán, sostuvo que la resolución cuestionada es consecuencia de trámites legales sobre un terreno fiscal propiedad del Estado, que el organismo que representa tiene facultad para administrar.
“Es una falacia que haya discriminación; para aplicar la manda constitucional primero se debió probar el carácter comunitario de las tierras. Si no, abrimos la Caja de Pandora”, deslizó. “Quien ahora alegue derechos debió presentarse y probarlo. Pero mirando el expediente se concluye todo lo contrario”.