La moratoria impositiva que Chubut elevó al Congreso

A fines del año pasado el senador Alfredo Luenzo en coordinación con el Gobierno Provincial y la Federación Empresaria elevaron un proyecto para diseñar una moratoria impositiva que ponga a resguardo a las pymes.

Fue parte de la negociación con el Gobierno Nacional cuando se trataba el Presupuesto 2019, pero finalmente el proyecto durmió tanto en Senadores como en Diputados.

El proyecto contó con el aval de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Otorga un esquema de facilidades de pago en 120 cuotas fijas para las PYMEs y 36 cuotas en caso de monotributistas, con quita de multas e intereses punitorios o resarcitorios sobre el capital adeudado.

Junto a los senadores nacionales nucleados en el Foro Patagónico, Alfredo Luenzo recibió en la cámara alta a las autoridades de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para analizar la difícil situación que atraviesan las PYMES en todo el país y, particularmente en la Patagonia, con «estiramiento en la cadena de pagos, un aumento de los cheques devueltos, la imposibilidad de acceso al crédito por las tasas existentes y un alicaído mercado interno».

En el encuentro donde se expresó además la falta de políticas activas por parte del gobierno nacional para resguardar al sector, la comitiva de CAME encabezada por el vicepresidente Diego Navarro respaldó el proyecto para crear un régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y Aduaneras para las Pequeñas y Medianas Empresas y monotributistas.

La iniciativa que se debate en el Senado y cuenta con un amplio impulso por parte del Foro Patagónico otorga un esquema de facilidades de pago en 120 cuotas fijas para las PYMEs y 36 cuotas en caso de monotributistas, con quita de multas e intereses punitorios o resarcitorios sobre el capital adeudado.

Además se genera un plan de pago para los deudores de aportes y contribuciones con destino al sistema de obras sociales y las cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, al régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de intereses, multas y demás sanciones.

Será condición necesaria, obligatoria y razón de caducidad automática del Plan para aquellos beneficiarios que al momento de acogerse al presente beneficio tuvieran empleados en relación de dependencia sostener la totalidad de los puestos laborales por un término no menor a 30 meses contados a partir del inicio del convenio.

Entre los fundamentos, se explica que “la economía argentina está en “estado de coma” desde hace mucho tiempo y los distintos problemas de la economía afectan directamente a las grandes empresas, a las pymes, al comercio y al productor, considerando que no existe un rumbo económico ni medidas concretas para estos sectores. Este estado terminal no es de exclusiva responsabilidad de este gobierno, el que tampoco ha sabido responder a estas necesidades durante dos años y medio de gobierno”.

Se agrega que “toda esta situación se ha visto agravada luego de la corrida cambiaria que produjo una brusca devaluación y obligó al gobierno a tomar medidas de orden financiero, como es el aumento desmedido de las tasas de interés, el uso y abuso de instrumentos como las Lebacs, Letes y endeudamiento, intentando por todos los medios de estabilizar estas variables, desprotegiendo por completo al sector productivo”.

Al mismo tiempo “en la Patagonia estamos necesitando políticas urgentes ya que hemos perdido 20 mil puestos de trabajo, tal es así que en el núcleo Trelew-Madryn y Rawson está la desocupación más alta de la Argentina. En ese sentido sostuvo que “del sector petrolero patagónico se han ido 10 mil trabajadores, en la ciudad de Trelew el desempleo trepó al 11.4% según el INDEC”.

El proyecto podría retomarse en Senadores recién para las sesiones extraordinarias de febrero y en caso de no tener el apoyo suficiente, habrá que esperar al comienzo de las ordinarias en marzo.