Aguad, ante la Justicia por el escándalo del Correo
El ex ministro de Comunicaciones y actual ministro de Defensa, Oscar Aguad, sostuvo hoy ante la justicia que el fallido acuerdo entre el Estado y la empresa Correo Argentino S.A. era "conveniente para la Administración" y pidió su sobreseimiento en la causa que investiga irregularidades.
El funcionario presentó su descargo por escrito ante el juez federal Ariel Lijo como respuesta a la indagatoria a la que fue convocado en la investigación por las supuestas irregularidades en el acuerdo de pago de deudas del Correo Argentino S.A. al Estado nacional.
"Mi intención fue procurarle una ventaja, la única posible según mi entender, evitando con el acuerdo cuestionado que su crédito siguiera licuándose con el paso del tiempo, lo que consideré mi deber", sostuvo Aguad en su escrito.
"La quiebra hubiera significado la posibilidad cierta de no cobrar nada, no se daban las condiciones para su extensión a otras personas jurídicas", aseguró el ex ministro de Comunicaciones.
"Obré apoyado en sólidas razones jurídicas y creyendo que era la mejor forma de cumplir con mi deber", sostuvo el ministro quien además reclamó su sobreseimiento y pidió como medidas de prueba que envíen oficios a la Auditoría General de la Nación (AGN), la Oficina Anticorrupción y la Procuración del Tesoro.
La indagatoria de Aguad fue la última de una ronda de cuatro declaraciones: antes pasaron por el juzgado de Lijo el presidente del directorio del Correo Argentino S.A. Jaime Robirosa, el abogado de esa firma Jaime Kleidermacher, y el ex ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones Juan Manuel Mocoroa.
Todos los imputados cuestionaron el dictamen de la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien se opuso a la aprobación del acuerdo entre la empresa y el Estado al advertir que era desventajoso para las arcas públicas.
Al solicitar las indagatorias, el fiscal del caso, Gerardo Pollicita, había dictaminado que los imputados son responsables de promover un acuerdo que incluía una "quita abusiva" en la deuda de la empresa postal con el Estado, decisión que habría perjudicado a la Administración Pública.
Para el fiscal, la oferta presentada por el Correo Argentino SA, y aceptada inicialmente por el Estado Nacional, había sido acordada entre las dos partes previamente, por fuera del ámbito judicial, y los imputados fueron los que protagonizaron esas negociaciones.
El fiscal sostuvo que "se encuentran reunidos los elementos de cargo necesarios para sostener, con el grado de certeza requerido en esta etapa" que, mediante un acuerdo de pago del crédito verificado por el Estado Nacional, los imputados "obligaron abusivamente" a la Administración Pública "con el interés de beneficiar a la firma Correo Argentino SA".
El funcionario presentó su descargo por escrito ante el juez federal Ariel Lijo como respuesta a la indagatoria a la que fue convocado en la investigación por las supuestas irregularidades en el acuerdo de pago de deudas del Correo Argentino S.A. al Estado nacional.
"Mi intención fue procurarle una ventaja, la única posible según mi entender, evitando con el acuerdo cuestionado que su crédito siguiera licuándose con el paso del tiempo, lo que consideré mi deber", sostuvo Aguad en su escrito.
"La quiebra hubiera significado la posibilidad cierta de no cobrar nada, no se daban las condiciones para su extensión a otras personas jurídicas", aseguró el ex ministro de Comunicaciones.
"Obré apoyado en sólidas razones jurídicas y creyendo que era la mejor forma de cumplir con mi deber", sostuvo el ministro quien además reclamó su sobreseimiento y pidió como medidas de prueba que envíen oficios a la Auditoría General de la Nación (AGN), la Oficina Anticorrupción y la Procuración del Tesoro.
La indagatoria de Aguad fue la última de una ronda de cuatro declaraciones: antes pasaron por el juzgado de Lijo el presidente del directorio del Correo Argentino S.A. Jaime Robirosa, el abogado de esa firma Jaime Kleidermacher, y el ex ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones Juan Manuel Mocoroa.
Todos los imputados cuestionaron el dictamen de la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien se opuso a la aprobación del acuerdo entre la empresa y el Estado al advertir que era desventajoso para las arcas públicas.
Al solicitar las indagatorias, el fiscal del caso, Gerardo Pollicita, había dictaminado que los imputados son responsables de promover un acuerdo que incluía una "quita abusiva" en la deuda de la empresa postal con el Estado, decisión que habría perjudicado a la Administración Pública.
Para el fiscal, la oferta presentada por el Correo Argentino SA, y aceptada inicialmente por el Estado Nacional, había sido acordada entre las dos partes previamente, por fuera del ámbito judicial, y los imputados fueron los que protagonizaron esas negociaciones.
El fiscal sostuvo que "se encuentran reunidos los elementos de cargo necesarios para sostener, con el grado de certeza requerido en esta etapa" que, mediante un acuerdo de pago del crédito verificado por el Estado Nacional, los imputados "obligaron abusivamente" a la Administración Pública "con el interés de beneficiar a la firma Correo Argentino SA".