Causa del IPV: Reyna negó haber pedido favores sexuales y se defendió

El exdelegado habló de internas y boicots en su contra. Se negó a responder preguntas de los fiscales y de la querella. Según su versión, se encontró con “empleados difíciles”.

Una audiencia álgida fue la que se vivió en los tribunales penales del barrio Roca de Comodoro Rivadavia.
01 ABR 2019 - 21:40 | Actualizado

Ayer hubo una nueva jornada en el juicio oral y público contra el exdelegado en Comodoro Rivadavia del Instituto Provincial de la Vivienda. Abel Reyna está imputado por manejos irregulares en un plan de 81 casas.

Al declarar, el acusado sostuvo que inmediatamente a asumir se encontró con “empleados difíciles” y que algunos lo boicoteaban, aseguró. Dio a entender que hubo una interna en el partido de gobierno entre en entonces gobernador Martín Buzzi y su mentor Mario Das Neves.

Planteó la situación ante la Jefatura del IPV y lo autorizaron a desplazar a personal, o que se le asigne otra tarea.

Respecto de los datos falsos en los legajos, negó su participación en tal maniobra. Advirtió que “no contestará preguntas de la fiscal y la querellante porque observa mala fe en su contra”.

Toda la operación del otorgamiento de la vivienda a una testigo anterior fue autorizada desde Rawson.

Negó haber tenido relaciones íntimas con la testigo que lo implicó. Una vez que le otorgaron la vivienda a dicha testigo iban personas del barrio a su casa particular y al IPV “diciendo que saque esa gente del barrio porque allí se ejercía la prostitución y se vendía droga”, expresó el imputado, todo según una gacetilla de la Fiscalía.

Los hechos imputados

La investigación dice que Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del barrio Ciudadela, insertando en los legajos de dicho plan declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley.

Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede del IPV sita en calle Rivadavia n° 2098 esquina Asturias. Según los fiscales, el acusado organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que sí los tenían.

Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 viviendas del barrio Ciudadela, del listado de pre adjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI establecido por la norma, como tampoco se respetó el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI. Por su parte, Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes conformaban el sector Adjudicación, adulteraron las planillas de actualización de datos de los legajos de preadjudicación del Plan 81 viviendas de Ciudadela: agregando puntajes inexistentes; dando fe de visitas sociales que nunca realizaron.

De la investigación surge también la existencia de casos donde se efectuó entrega de dinero o favores sexuales por viviendas. Concretamente, el 15 de agosto de 2014 Darío Acosta y Reyna contactaron a un particular, quien se encontraba inscripto en el IPV, y le requirió el pago de 80 mil pesos para acelerar el trámite de vivienda.

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Una audiencia álgida fue la que se vivió en los tribunales penales del barrio Roca de Comodoro Rivadavia.
01 ABR 2019 - 21:40

Ayer hubo una nueva jornada en el juicio oral y público contra el exdelegado en Comodoro Rivadavia del Instituto Provincial de la Vivienda. Abel Reyna está imputado por manejos irregulares en un plan de 81 casas.

Al declarar, el acusado sostuvo que inmediatamente a asumir se encontró con “empleados difíciles” y que algunos lo boicoteaban, aseguró. Dio a entender que hubo una interna en el partido de gobierno entre en entonces gobernador Martín Buzzi y su mentor Mario Das Neves.

Planteó la situación ante la Jefatura del IPV y lo autorizaron a desplazar a personal, o que se le asigne otra tarea.

Respecto de los datos falsos en los legajos, negó su participación en tal maniobra. Advirtió que “no contestará preguntas de la fiscal y la querellante porque observa mala fe en su contra”.

Toda la operación del otorgamiento de la vivienda a una testigo anterior fue autorizada desde Rawson.

Negó haber tenido relaciones íntimas con la testigo que lo implicó. Una vez que le otorgaron la vivienda a dicha testigo iban personas del barrio a su casa particular y al IPV “diciendo que saque esa gente del barrio porque allí se ejercía la prostitución y se vendía droga”, expresó el imputado, todo según una gacetilla de la Fiscalía.

Los hechos imputados

La investigación dice que Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del barrio Ciudadela, insertando en los legajos de dicho plan declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley.

Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede del IPV sita en calle Rivadavia n° 2098 esquina Asturias. Según los fiscales, el acusado organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que sí los tenían.

Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 viviendas del barrio Ciudadela, del listado de pre adjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI establecido por la norma, como tampoco se respetó el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI. Por su parte, Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes conformaban el sector Adjudicación, adulteraron las planillas de actualización de datos de los legajos de preadjudicación del Plan 81 viviendas de Ciudadela: agregando puntajes inexistentes; dando fe de visitas sociales que nunca realizaron.

De la investigación surge también la existencia de casos donde se efectuó entrega de dinero o favores sexuales por viviendas. Concretamente, el 15 de agosto de 2014 Darío Acosta y Reyna contactaron a un particular, quien se encontraba inscripto en el IPV, y le requirió el pago de 80 mil pesos para acelerar el trámite de vivienda.


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