Comienza en España el juicio por corrupción contra el PP
El Partido Popular volvió a sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgado por destruir pruebas de corrupción, concretamente discos rígidos de computadoras en los que su ex tesorero Luis Bárcenas guardaba datos sobre la financiación ilegal del partido.
Una reforma legal en vigor desde 2015 permite que en España los partidos políticos puedan ser acusados en un proceso penal, algo que abrió la puerta a que los conservadores hayan sido condenados ya a título lucrativo por su responsabilidad civil en el marco del caso de corrupción Gürtel.
Aquella sentencia condenatoria por corrupción, de 2018, desencadenó la moción de censura contra el ex presidente del gobierno Mariano Rajoy, que llevó al poder al socialista Pedro Sánchez.
Los conservadores, liderados por Pablo Casado y representados físicamente por el responsable de estrategia legal del partido, Alberto Durán, están imputados ahora por un delito de daños informático.
Por su parte, tres personas -el propio Durán, la tesorera Carmen Navarro y el ex responsable de informática del PP José Manuel Moreno- están acusados de otro delito de encubrimiento.
En la primera jornada del juicio, el PP invocó una doctrina que dice que la acusación no se puede sostener por sí sola si el delito cometido no afecta al común de la sociedad, con el objetivo de que el juicio se anule, pero el juez ordenó seguir adelante con el proceso.
Ni el fiscal ni Bárcenas, el perjudicado de forma directa, acusan al PP, mientras los impulsores de la querella -el partido Izquierda Unida y una organización civil- insisten en que el daño informático tenía como objetivo sabotear una investigación judicial que afecta al interés general.
La supuesta destrucción de pruebas tuvo lugar cuando la Audiencia Nacional de España había acreditado ya indicios de financiación irregular del PP mientras investigaba los llamados "papeles de Bárcenas", la contabilidad B que sacó a la luz el propio ex tesorero cuando estalló el caso Gürtel.
La sentencia del Gürtel de mayo de 2018 probó que el PP, Bárcenas y otras personas lucraron y lavaron dinero de una trama empresarial creada en torno al partido y las administraciones públicas en las que gobernaban.
El juez del caso pidió en 2013 computadoras de Bárcenas al PP y como respuesta recibió los equipos y un escrito en el que decía que habían borrado los discos duros en cumplimiento de un protocolo de seguridad.
A raíz de esta respuesta, el juez apreció posibles delitos de encubrimiento por destrucción de pruebas y daños informáticos, y se inhibió a favor de los juzgados de primera instancia, competentes para la investigación.
Una reforma legal en vigor desde 2015 permite que en España los partidos políticos puedan ser acusados en un proceso penal, algo que abrió la puerta a que los conservadores hayan sido condenados ya a título lucrativo por su responsabilidad civil en el marco del caso de corrupción Gürtel.
Aquella sentencia condenatoria por corrupción, de 2018, desencadenó la moción de censura contra el ex presidente del gobierno Mariano Rajoy, que llevó al poder al socialista Pedro Sánchez.
Los conservadores, liderados por Pablo Casado y representados físicamente por el responsable de estrategia legal del partido, Alberto Durán, están imputados ahora por un delito de daños informático.
Por su parte, tres personas -el propio Durán, la tesorera Carmen Navarro y el ex responsable de informática del PP José Manuel Moreno- están acusados de otro delito de encubrimiento.
En la primera jornada del juicio, el PP invocó una doctrina que dice que la acusación no se puede sostener por sí sola si el delito cometido no afecta al común de la sociedad, con el objetivo de que el juicio se anule, pero el juez ordenó seguir adelante con el proceso.
Ni el fiscal ni Bárcenas, el perjudicado de forma directa, acusan al PP, mientras los impulsores de la querella -el partido Izquierda Unida y una organización civil- insisten en que el daño informático tenía como objetivo sabotear una investigación judicial que afecta al interés general.
La supuesta destrucción de pruebas tuvo lugar cuando la Audiencia Nacional de España había acreditado ya indicios de financiación irregular del PP mientras investigaba los llamados "papeles de Bárcenas", la contabilidad B que sacó a la luz el propio ex tesorero cuando estalló el caso Gürtel.
La sentencia del Gürtel de mayo de 2018 probó que el PP, Bárcenas y otras personas lucraron y lavaron dinero de una trama empresarial creada en torno al partido y las administraciones públicas en las que gobernaban.
El juez del caso pidió en 2013 computadoras de Bárcenas al PP y como respuesta recibió los equipos y un escrito en el que decía que habían borrado los discos duros en cumplimiento de un protocolo de seguridad.
A raíz de esta respuesta, el juez apreció posibles delitos de encubrimiento por destrucción de pruebas y daños informáticos, y se inhibió a favor de los juzgados de primera instancia, competentes para la investigación.