La esposa del ex presidente de Honduras, condenada por corrupción
Un tribunal de Tegucigalpa declaró culpable de delitos de corrupción a la ex primera dama de Honduras Rosa Elena Bonilla, esposa del ex presidente Porfirio Lobo (2010-2014), quien la acompañó durante el prolongado juicio oral y público y aseguró que la va a defender hasta las últimas consecuencias, convencido de su inocencia.
Bonilla, quien fue detenida y remitida a prisión el 28 de junio de 2018, fue condenada por unanimidad de votos por tres delitos de apropiación indebida como autora y ocho delitos de fraude en calidad de inductora, se arriesga hasta 87 años de prisión, según la resolución emitida anoche por el Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción de Tegucigalpa.
"Mi esposa es inocente y acudiré a todas las instancias nacionales e internacionales para demostrarlo. Además, vamos a presentar un recurso de casación porque el fallo estaba como pronosticado", sentenció Lobo.
Su ex secretario privado Saúl Escobar también fue declarado culpable por ocho delitos de fraude en concurso real a título de autor directo en perjuicio de la Administración Pública, indicó el vocero del Poder Judicial en Tegucigalpa, Carlos Silva.
El tribunal le dictó a Escobar las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el doble de lo que dure la condena.
A la vez, la ex primera dama fue absuelta del cargo de lavado de activos, y su ex secretario de los delitos de lavado de activos y asociación para lavar activos, añadió Silva.
Los jueces hondureños fijaron para el martes próximo la audiencia de individualización de pena y sentencia, citaron medios locales y la agencia de noticias EFE.
Bonilla está encarcelada desde el 28 de febrero de 2018, cuando fue capturada en Tegucigalpa, al igual que su cuñado, por corrupción.
Ambos fueron arrestados luego de una investigación del Ministerio Público coordinada con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Su ex secretario privado se entregó en marzo del año pasado a las autoridades hondureñas y desde entonces se encuentra recluido en una prisión cercana a Tegucigalpa.
Según la denuncia del Ministerio Público, los acusados se habrían apoderado de recursos públicos y creado una red de blanqueo de capitales para ocultar dinero proveniente del Estado destinado a obras sociales.
Bonilla, quien fue detenida y remitida a prisión el 28 de junio de 2018, fue condenada por unanimidad de votos por tres delitos de apropiación indebida como autora y ocho delitos de fraude en calidad de inductora, se arriesga hasta 87 años de prisión, según la resolución emitida anoche por el Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción de Tegucigalpa.
"Mi esposa es inocente y acudiré a todas las instancias nacionales e internacionales para demostrarlo. Además, vamos a presentar un recurso de casación porque el fallo estaba como pronosticado", sentenció Lobo.
Su ex secretario privado Saúl Escobar también fue declarado culpable por ocho delitos de fraude en concurso real a título de autor directo en perjuicio de la Administración Pública, indicó el vocero del Poder Judicial en Tegucigalpa, Carlos Silva.
El tribunal le dictó a Escobar las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el doble de lo que dure la condena.
A la vez, la ex primera dama fue absuelta del cargo de lavado de activos, y su ex secretario de los delitos de lavado de activos y asociación para lavar activos, añadió Silva.
Los jueces hondureños fijaron para el martes próximo la audiencia de individualización de pena y sentencia, citaron medios locales y la agencia de noticias EFE.
Bonilla está encarcelada desde el 28 de febrero de 2018, cuando fue capturada en Tegucigalpa, al igual que su cuñado, por corrupción.
Ambos fueron arrestados luego de una investigación del Ministerio Público coordinada con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Su ex secretario privado se entregó en marzo del año pasado a las autoridades hondureñas y desde entonces se encuentra recluido en una prisión cercana a Tegucigalpa.
Según la denuncia del Ministerio Público, los acusados se habrían apoderado de recursos públicos y creado una red de blanqueo de capitales para ocultar dinero proveniente del Estado destinado a obras sociales.