El FPV pidió la absolución de Giuliana Mac Leod, de Godoy y de Darío Correa
La querella que representa a los diputados provinciales del Frente para la Victoria pidió la absolución de Darío Correa, Giuliana Mac Leod y Jorge Godoy en el juicio oral y público por El Embrujo y la condena de los otros 9 imputados.
Así concluyó su alegato Sergio Miranda, abogado de Blas Meza Evans, Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla, denunciantes originales del fraude al Estado tras recibir el “sobre bomba” en la Legislatura.
El letrado aclaró que el inicio de la pesquisa “no fue fortuito ni tuvo origen político sino que se inicia con lo que descubrió el contador José Velázquez” del equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General. Velásquez fue quien descubrió que Velero Vesta 127 de Trelew era el domicilio de Diego Correa y de Dual Core en simultáneo.
Miranda destacó el “poder político” de Diego Correa y otros 8 imputados, atados a la influencia de Mario Das Neves, en sus tres gobernaciones y en las campañas políticas. “Desde 2003 fue su mano derecha. Sus conexiones políticas siguieron porque el partido político era el mismo. En 2013 decide generar esta asociación ilícita”.
El dinero para el proyecto de Mezeta Consulting “lo puso Correa y no Federico Gatica –explicó-. Correa lo hacía a través de Lüters con efectivo que llevaba en mochilas. Desde 2003 Correa y Gatica ya compartían reuniones y asados políticos”, destacó. “Este edificio más el proyecto en Puerto Pirámides prueban que tenían planes a futuro. El bolso de efectivo sólo lo manejaba Lüters y Correa le ordenaba dónde, cuándo y a quién pagar”.
El querellante advirtió que, por ejemplo, el propio Christian Gisande le advirtió al exministro de Gobierno Pablo Durán que pasaban “cosas raras”. Pero siendo funcionario público “no lo denunció como era su obligación, ni tampoco Rubén Reinoso. La prueba condenatoria es demasiada”.
“La querella del FPV se constituyó para que Fiscalía no se sienta sola –explicó-. Sabemos de su falta de recursos”. Miranda graficó que los expedientes fraguados para reparar viviendas oficiales “no resisten mayor análisis de cómo esta banda defraudó al Estado. Estaban en el despacho de Lüters y pido al tribunal que recuerden quién era Das Neves y cómo Correa hizo millonarios negocios. No duden al momento de condenarlos”.
Versión Hualpa
Por su parte, Eduardo Hualpa, querellante por Iniciativa Ciudadana, adhirió a las imputaciones de Fiscalía y pidió la condena de todo el grupo, pero con la absolución de Darío Correa. “La corrupción no puede seguir siendo aceptada como algo del paisaje. Pedimos que los jueces cumplan su función declarando estas responsabilidades. Todos sabían lo que hacían y tenían roles determinados con clara intención de participar en los hechos. Era una asociación ilícita”.
El abogado de Trelew explicó que “la distorsión del sistema de contrataciones es un claro perjuicio al Estado. La comunidad fue afectada por quienes se aprovecharon, porque se restaron estos recursos de otras prioridades”.
En cuanto a la defraudación con la reparación de viviendas oficiales, graficó que “se montó un sistema de administración paralelo para digitar empresas y pagarles”.
Hualpa consideró que pese a su enfermedad, “Das Neves era la figura política prominente. Correa aprovechó su alto cargo y su notable influencia. Esto afectó la tranquilidad pública. Si el jefe de una banda es el secretario privado de un gobernador en ejercicio, y deriva recursos del Estado en beneficio propio, es un atentado al orden democrático”.
El referente de IC advirtió que las causas por corrupción “aún tienen muchas dificultades para investigar, con problemas para conseguir pruebas y fiscales sin medios ni recursos para trabajar. Difícilmente estos episodios se investigan y mucho menos llegan a juicio”.
Hualpa también cuestionó a los organismos de control del Estado que no previnieron estos hechos. “En este caso hubo dos claves: la muerte del gobernador hizo que Correa quedara expuesto a la intemperie del poder y el hallazgo fortuito de material incriminatorio. Las pruebas son abrumadoras y algunos decidieron directamente confesar”.
“Es el primer juicio por corrupción en el que un grupo de vecinos es querellante y otras personas que sin ser del ámbito judicial les interesan estos temas. Los imputados tuvieron la oportunidad de defenderse con amplitud y controlar las pruebas. Lo celebro”.
Hualpa además pidió “recorrer los piquetes” en Chubut para comprobará que la sospecha de corrupción “es un leño más en la hoguera en la que arde nuestra Provincia
“Es impactante que a más de un año y medio de producidas las detenciones con gran repercusión pública, ningún poder del Estado desplegó ninguna actividad significativa para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción. Salvo por este juicio, no nos acercamos un centímetro a una garantía. No se generaron condiciones para impedir que estos episodios se repitan”. Así Hualpa concluyó su alegato en la Oficina Judicial.
Así concluyó su alegato Sergio Miranda, abogado de Blas Meza Evans, Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla, denunciantes originales del fraude al Estado tras recibir el “sobre bomba” en la Legislatura.
El letrado aclaró que el inicio de la pesquisa “no fue fortuito ni tuvo origen político sino que se inicia con lo que descubrió el contador José Velázquez” del equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General. Velásquez fue quien descubrió que Velero Vesta 127 de Trelew era el domicilio de Diego Correa y de Dual Core en simultáneo.
Miranda destacó el “poder político” de Diego Correa y otros 8 imputados, atados a la influencia de Mario Das Neves, en sus tres gobernaciones y en las campañas políticas. “Desde 2003 fue su mano derecha. Sus conexiones políticas siguieron porque el partido político era el mismo. En 2013 decide generar esta asociación ilícita”.
El dinero para el proyecto de Mezeta Consulting “lo puso Correa y no Federico Gatica –explicó-. Correa lo hacía a través de Lüters con efectivo que llevaba en mochilas. Desde 2003 Correa y Gatica ya compartían reuniones y asados políticos”, destacó. “Este edificio más el proyecto en Puerto Pirámides prueban que tenían planes a futuro. El bolso de efectivo sólo lo manejaba Lüters y Correa le ordenaba dónde, cuándo y a quién pagar”.
El querellante advirtió que, por ejemplo, el propio Christian Gisande le advirtió al exministro de Gobierno Pablo Durán que pasaban “cosas raras”. Pero siendo funcionario público “no lo denunció como era su obligación, ni tampoco Rubén Reinoso. La prueba condenatoria es demasiada”.
“La querella del FPV se constituyó para que Fiscalía no se sienta sola –explicó-. Sabemos de su falta de recursos”. Miranda graficó que los expedientes fraguados para reparar viviendas oficiales “no resisten mayor análisis de cómo esta banda defraudó al Estado. Estaban en el despacho de Lüters y pido al tribunal que recuerden quién era Das Neves y cómo Correa hizo millonarios negocios. No duden al momento de condenarlos”.
Versión Hualpa
Por su parte, Eduardo Hualpa, querellante por Iniciativa Ciudadana, adhirió a las imputaciones de Fiscalía y pidió la condena de todo el grupo, pero con la absolución de Darío Correa. “La corrupción no puede seguir siendo aceptada como algo del paisaje. Pedimos que los jueces cumplan su función declarando estas responsabilidades. Todos sabían lo que hacían y tenían roles determinados con clara intención de participar en los hechos. Era una asociación ilícita”.
El abogado de Trelew explicó que “la distorsión del sistema de contrataciones es un claro perjuicio al Estado. La comunidad fue afectada por quienes se aprovecharon, porque se restaron estos recursos de otras prioridades”.
En cuanto a la defraudación con la reparación de viviendas oficiales, graficó que “se montó un sistema de administración paralelo para digitar empresas y pagarles”.
Hualpa consideró que pese a su enfermedad, “Das Neves era la figura política prominente. Correa aprovechó su alto cargo y su notable influencia. Esto afectó la tranquilidad pública. Si el jefe de una banda es el secretario privado de un gobernador en ejercicio, y deriva recursos del Estado en beneficio propio, es un atentado al orden democrático”.
El referente de IC advirtió que las causas por corrupción “aún tienen muchas dificultades para investigar, con problemas para conseguir pruebas y fiscales sin medios ni recursos para trabajar. Difícilmente estos episodios se investigan y mucho menos llegan a juicio”.
Hualpa también cuestionó a los organismos de control del Estado que no previnieron estos hechos. “En este caso hubo dos claves: la muerte del gobernador hizo que Correa quedara expuesto a la intemperie del poder y el hallazgo fortuito de material incriminatorio. Las pruebas son abrumadoras y algunos decidieron directamente confesar”.
“Es el primer juicio por corrupción en el que un grupo de vecinos es querellante y otras personas que sin ser del ámbito judicial les interesan estos temas. Los imputados tuvieron la oportunidad de defenderse con amplitud y controlar las pruebas. Lo celebro”.
Hualpa además pidió “recorrer los piquetes” en Chubut para comprobará que la sospecha de corrupción “es un leño más en la hoguera en la que arde nuestra Provincia
“Es impactante que a más de un año y medio de producidas las detenciones con gran repercusión pública, ningún poder del Estado desplegó ninguna actividad significativa para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción. Salvo por este juicio, no nos acercamos un centímetro a una garantía. No se generaron condiciones para impedir que estos episodios se repitan”. Así Hualpa concluyó su alegato en la Oficina Judicial.