Sin embargo, la decisión de los consejeros (fue por 7 votos contra 6) es por lo menos curiosa porque sólo envía a jury a Iturrioz, desestimando la denuncia contra su par Marcos Nápoli y el juez de la causa, Sergio Piñeda, que en última instancia fue el que firmó la detención de Bortagaray, al que lo amparaban los fueros. Para estos dos últimos sólo habrá una sanción administrativa.
El jury se fundamentaría en el artículo 248 de la Constitución Provincial, que establece fueros para los funcionarios públicos en ejercicio, a excepción de quienes sean hallados “in fraganti”. La detención en cuestión se produjo el 6 de septiembre de 2018 y el exintendente de Dolavon fue liberado al día siguiente.
El dictamen del consejero popular Luis Torrijos planteaba enviar a un jury a los fiscales, además de una sanción administrativa para el magistrado.
El fallo fue dividido y en su defensa, Iturrioz reconoció que en caso de actuar nuevamente, “le advertiría al juez que evalue la inconstitucionalidad del artículo 248”. Reconoció haber actuado en el marco legal, priorizando en ese momento la detención del funcionario.
El caso Toquier
El presidente del organismo, juez de Cámara Martín Montenovo, se refirió además en conferencia de prensa a la situación del juez de Ejecución Civil Gustavo Toquier, en un presunto caso de prevaricato y a la paralización del sumario impuesto por 90 días a raíz de una medida cautelar avalada por el conjuez Ricardo Mutio, a su vez presidente del Partido Justicialista de Chubut. El Consejo anunció que denunciará al conjuez acusado de frenar el sumario contra Toquier
“No conocimos los motivos de esta decisión y no pudimos enterarnos las razones del planteo porque el expediente no se encontraba en el Juzgado. En principio lo tendría el conjuez pero es un supuesto y no pudimos conocer el motivo, si es un hecho nuevo. Entendemos que sí existe un planteo que fue revocado. Deliberamos y decidimos que estos pronunciamientos judiciales del conjuez implican fallar, según nuestra interpretación, en contra del Derecho”.
“La cuestión ya se había dirimido por la Cámara de Apelaciones sino porque este procedimiento en el cual se evalúa el desempeño de magistrados puede generar una revisión judicial. Los especialistas dicen que es excepcional esta cuestión ya que se trata de una cuestión político institucional. Con esta suerte de ‘cautelares periódicas’ sobre hechos que ya fueron dirimidos, lo que se está trabando es el funcionamiento del Consejo, que es un organismo compuesto por varios estamentos, es pluriestamental y están representados todos aquellos que forman parte del servicio de justicia”.
Montenovo destacó que están dadas las garantías para que este procedimiento se cumpla de manera acabada. Y que no se pretende obtener un resultado, solamente tratarlo y deliberarlo. “Es un tema de gravedad institucional y que ameritaba una denuncia penal”.
Sin embargo, la decisión de los consejeros (fue por 7 votos contra 6) es por lo menos curiosa porque sólo envía a jury a Iturrioz, desestimando la denuncia contra su par Marcos Nápoli y el juez de la causa, Sergio Piñeda, que en última instancia fue el que firmó la detención de Bortagaray, al que lo amparaban los fueros. Para estos dos últimos sólo habrá una sanción administrativa.
El jury se fundamentaría en el artículo 248 de la Constitución Provincial, que establece fueros para los funcionarios públicos en ejercicio, a excepción de quienes sean hallados “in fraganti”. La detención en cuestión se produjo el 6 de septiembre de 2018 y el exintendente de Dolavon fue liberado al día siguiente.
El dictamen del consejero popular Luis Torrijos planteaba enviar a un jury a los fiscales, además de una sanción administrativa para el magistrado.
El fallo fue dividido y en su defensa, Iturrioz reconoció que en caso de actuar nuevamente, “le advertiría al juez que evalue la inconstitucionalidad del artículo 248”. Reconoció haber actuado en el marco legal, priorizando en ese momento la detención del funcionario.
El caso Toquier
El presidente del organismo, juez de Cámara Martín Montenovo, se refirió además en conferencia de prensa a la situación del juez de Ejecución Civil Gustavo Toquier, en un presunto caso de prevaricato y a la paralización del sumario impuesto por 90 días a raíz de una medida cautelar avalada por el conjuez Ricardo Mutio, a su vez presidente del Partido Justicialista de Chubut. El Consejo anunció que denunciará al conjuez acusado de frenar el sumario contra Toquier
“No conocimos los motivos de esta decisión y no pudimos enterarnos las razones del planteo porque el expediente no se encontraba en el Juzgado. En principio lo tendría el conjuez pero es un supuesto y no pudimos conocer el motivo, si es un hecho nuevo. Entendemos que sí existe un planteo que fue revocado. Deliberamos y decidimos que estos pronunciamientos judiciales del conjuez implican fallar, según nuestra interpretación, en contra del Derecho”.
“La cuestión ya se había dirimido por la Cámara de Apelaciones sino porque este procedimiento en el cual se evalúa el desempeño de magistrados puede generar una revisión judicial. Los especialistas dicen que es excepcional esta cuestión ya que se trata de una cuestión político institucional. Con esta suerte de ‘cautelares periódicas’ sobre hechos que ya fueron dirimidos, lo que se está trabando es el funcionamiento del Consejo, que es un organismo compuesto por varios estamentos, es pluriestamental y están representados todos aquellos que forman parte del servicio de justicia”.
Montenovo destacó que están dadas las garantías para que este procedimiento se cumpla de manera acabada. Y que no se pretende obtener un resultado, solamente tratarlo y deliberarlo. “Es un tema de gravedad institucional y que ameritaba una denuncia penal”.