A juicio la causa Emergencia
Fue sobreseído el exjefe de Gabinete de la provincia, Alberto Gilardino. Diez exfuncionarios y proveedores del Estado deberán responder ante el tribunal.
Por ahora, diez exfuncionarios y proveedores del Estado irán a juicio oral y público por el presunto fraude de las contrataciones durante la Emergencia Climática en Comodoro Rivadavia, en 2017. Lo decidió la jueza Mirta Moreno a pedido de los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez. Las defensas no se opusieron.
Esta semana se definirá la situación del exjefe de Compras del Ministerio de Familia, Cristian Orsi, y de Cecilia Sadaba, dueña del Kiosco Emanuel en Trelew. Sus defensores Romano Cominetti y Jorge Rubiolo pidieron su sobreseimiento.
Por lo pronto, Moreno ya sobreseyó al exjefe de Gabinete, Alberto Gilardino. No lo acusaron ni Fiscalía ni las querellas de Fiscalía de Estado, Oficina Anticorrupción y Frente para la Victoria. Se retiró primero de la Oficina Judicial de Rawson junto con su defensor público Damián D´Antonio. No hubo evidencia para probar que Gilardino sabía que firmaba expedientes fraudulentos
Irán a juicio la exministro de Familia, Leticia Huichaqueo; el exsubsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Suárez; el extitular de la Unidad Gobernador, Diego Correa; su exsecretario, Diego Lüters y la exjefa del depósito de Familia en Rawson, Vanina Barale. En cuanto a los comerciantes, irán a juicio Franco Estanislao Finiguerra, titular del “Mall Don Bosco” de Puerto; Marta Fracasso, dueña de “Blanquería Matices” en Trelew; Bruno Paolo Taurelli Chiribao, propietario de La Agrícola SRL en Comodoro Rivadavia, y Guillermo Williams y César Hughes, titulares en Trelew de Thor SRL.
Se investigan sobreprecios en la compra de víveres, agua mineral y elementos para las familias afectadas por el temporal.
Buena parte de los acusados y sus abogados se fueron de la Oficina antes del final ya que no cuestionaron ni acusación, ni la descripción de los episodios ni las pruebas presentadas por la Unidad Anticorrupción.
A Sadaba le imputan un sobreprecio de 200% al venderle 1.500 botellas de agua mineral al Estado. Según Rubiolo, su defendida “no tuvo intención de estafar al Estado ya que contó con acuerdo del comprador. A lo sumo fue un mal negocio de Provincia”. Explicó que “Sadaba compró agua al precio de mercado y la vendió al otro”. Admitió que “podría decirse que la Provincia hubiese conseguido mejor precio con un mayorista, pero compró directo al proveedor. Fue una decisión del Estado sin participación de mi clienta”.
“Si ella al enterarse decidió vender por su cuenta y obtener ganancia siendo que estaba habilitada como proveedora, es una cuestión puramente comercial regida por las reglas del mercado”.
Los fiscales insistieron con que “la ganancia no fue mínima y hubo un abuso de contratación. El Estado tenía el poder de elegir la mejor contratación pero se direccionó a un particular sin capacidad económica ni funcional”. Friosur, La Anónima, Diarco y Don León pudieron ofrecer mejor precio en beneficio del Estado.
En cuanto a Orsi, su abogado Cominetti dijo que “no aparece en el expediente administrativo” de la venta del agua mineral. Tras 2 años de investigación, los fiscales lo acusaron recién cuando restaba una semana para que los plazos se vencieran. El defensor dijo que la audiencia era “un show jurídico” y la jueza Moreno lo retó: “En mis audiencias, no”.
En su réplica, el fiscal Rodríguez remarcó que “que existe el grado de probabilidad de que Orsi haya participado en el direccionamiento de la compra y en el juicio se sabrá”.
Omar López defiende a Taurelli. Rechazó como testigos a dos peritos de la Procuración. “Es tan voluminosa la información de ambos que analizarla es imposible y se viola el derecho a la defensa. Los fiscales nunca dijeron cuáles eran las pruebas contra cada uno”. Emilio Galende, defensor de Fracasso, y Fabián Gabalachis, de Correa y Finiguerra, indicaron además que las pruebas “no sólo no se pudieron abrir. Tampoco se pudieron copiar”, aspecto que sorprendió al fiscal Alex Williams por haberse enterado en la audiencia y no antes.
Por ahora, diez exfuncionarios y proveedores del Estado irán a juicio oral y público por el presunto fraude de las contrataciones durante la Emergencia Climática en Comodoro Rivadavia, en 2017. Lo decidió la jueza Mirta Moreno a pedido de los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez. Las defensas no se opusieron.
Esta semana se definirá la situación del exjefe de Compras del Ministerio de Familia, Cristian Orsi, y de Cecilia Sadaba, dueña del Kiosco Emanuel en Trelew. Sus defensores Romano Cominetti y Jorge Rubiolo pidieron su sobreseimiento.
Por lo pronto, Moreno ya sobreseyó al exjefe de Gabinete, Alberto Gilardino. No lo acusaron ni Fiscalía ni las querellas de Fiscalía de Estado, Oficina Anticorrupción y Frente para la Victoria. Se retiró primero de la Oficina Judicial de Rawson junto con su defensor público Damián D´Antonio. No hubo evidencia para probar que Gilardino sabía que firmaba expedientes fraudulentos
Irán a juicio la exministro de Familia, Leticia Huichaqueo; el exsubsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Suárez; el extitular de la Unidad Gobernador, Diego Correa; su exsecretario, Diego Lüters y la exjefa del depósito de Familia en Rawson, Vanina Barale. En cuanto a los comerciantes, irán a juicio Franco Estanislao Finiguerra, titular del “Mall Don Bosco” de Puerto; Marta Fracasso, dueña de “Blanquería Matices” en Trelew; Bruno Paolo Taurelli Chiribao, propietario de La Agrícola SRL en Comodoro Rivadavia, y Guillermo Williams y César Hughes, titulares en Trelew de Thor SRL.
Se investigan sobreprecios en la compra de víveres, agua mineral y elementos para las familias afectadas por el temporal.
Buena parte de los acusados y sus abogados se fueron de la Oficina antes del final ya que no cuestionaron ni acusación, ni la descripción de los episodios ni las pruebas presentadas por la Unidad Anticorrupción.
A Sadaba le imputan un sobreprecio de 200% al venderle 1.500 botellas de agua mineral al Estado. Según Rubiolo, su defendida “no tuvo intención de estafar al Estado ya que contó con acuerdo del comprador. A lo sumo fue un mal negocio de Provincia”. Explicó que “Sadaba compró agua al precio de mercado y la vendió al otro”. Admitió que “podría decirse que la Provincia hubiese conseguido mejor precio con un mayorista, pero compró directo al proveedor. Fue una decisión del Estado sin participación de mi clienta”.
“Si ella al enterarse decidió vender por su cuenta y obtener ganancia siendo que estaba habilitada como proveedora, es una cuestión puramente comercial regida por las reglas del mercado”.
Los fiscales insistieron con que “la ganancia no fue mínima y hubo un abuso de contratación. El Estado tenía el poder de elegir la mejor contratación pero se direccionó a un particular sin capacidad económica ni funcional”. Friosur, La Anónima, Diarco y Don León pudieron ofrecer mejor precio en beneficio del Estado.
En cuanto a Orsi, su abogado Cominetti dijo que “no aparece en el expediente administrativo” de la venta del agua mineral. Tras 2 años de investigación, los fiscales lo acusaron recién cuando restaba una semana para que los plazos se vencieran. El defensor dijo que la audiencia era “un show jurídico” y la jueza Moreno lo retó: “En mis audiencias, no”.
En su réplica, el fiscal Rodríguez remarcó que “que existe el grado de probabilidad de que Orsi haya participado en el direccionamiento de la compra y en el juicio se sabrá”.
Omar López defiende a Taurelli. Rechazó como testigos a dos peritos de la Procuración. “Es tan voluminosa la información de ambos que analizarla es imposible y se viola el derecho a la defensa. Los fiscales nunca dijeron cuáles eran las pruebas contra cada uno”. Emilio Galende, defensor de Fracasso, y Fabián Gabalachis, de Correa y Finiguerra, indicaron además que las pruebas “no sólo no se pudieron abrir. Tampoco se pudieron copiar”, aspecto que sorprendió al fiscal Alex Williams por haberse enterado en la audiencia y no antes.