Avanza la investigación por daños a Legislatura y Casa de Gobierno
En el marco de las actuaciones preliminares la Fiscalía de Rawson ya logró identificar a algunas de las 100 personas que fueron parte.
La causa de oficio que inició la Justicia por los daños e incendio a Casa de Gobierno y Legislatura avanza en su etapa preliminar. Ya se ha analizado parte de la prueba fílmica y aún se está recabando información tanto del sistema de cámaras, como así también material que proviene de privados, vía redes sociales o de los medios de comunicación que atestiguaron los hechos ocurridos.
Ya hay cerca de 30 testigos que estuvieron en los hechos que fueron convocados por la Fiscalía de Rawson y en los próximos días declararán. Muchos de ellos serán policías que estuvieron formando parte de la seguridad y que pueden llegar a dar cuenta de las personas que realizaron los desmanes.
Los fiscales estiman que fueron alrededor de 100 las personas que tuvieron un “acción directa” en los destrozos que ocurrieron en la noche del 17 de septiembre y la madrugada del 18. Algunos de ellos ya fueron identificados no sólo fisionómicamente, sino que se cuenta con los datos de la actividad a la que se dedican dentro del Estado. El delito que se podría investigar es el de “daños agravado” por tratarse de patrimonio público, y de acuerdo al Código Penal tiene una pena máxima de cuatro años.
En diálogo con el programa A Tiempo, que se emite por Cadena Tiempo (91.5), el fiscal jefe de Rawson, Fernando Rivarola, explicó que “es un caso que se inició de oficio ante el conocimiento público de los hechos en Casa de Gobierno y Legislatura. Estamos en etapa preparatoria, la Fiscalía está reuniendo antecedentes que tengan vocación probatoria para utilizar en un eventual juicio, para establecer la existencia del hecho que es un hecho notorio en cuanto a los daños y fundamentalmente la autoría. Tratar de identificar el mayor número de personas que tuvieron acción directa o colaboraron con la ejecución de los hechos para formular las imputaciones, que sería la etapa procesal”.
Sobre los plazos, Rivarola indicó que “se extreman los recaudos para hacerlo en el menor tiempo posible. Hemos requerido todo el material fílmico que hay de cuatro fuentes distintas. Parte proviene de fuentes abiertas. Material privado que personas individuales subieron a las redes o incluso en los medios de comunicación. Luego el material obtenido por la fuerza de seguridad. El personal de investigaciones con algunos elementos también para obtener filmaciones hizo capturas del desarrollo de las conductas. Luego las cámaras públicas, algunas de las cuales fueron dañadas en ese mismo hecho para evitar registrar los hechos y las cámaras del sistema de video vigilancia que tiene la Legislatura. Un material muy abundante, parte ha sido analizado y parte nos resta analizar y también requerimos material a distintos medios y colaboraciones de particulares que tengan registro”.
Acerca de las identificaciones que se pudieron hacer hasta el momento, el fiscal detalló que “del material que analizamos que es una parte, hay algunas personas individualizadas, plenamente quién es y datos personales. Otras personas identificadas fisionómicamente que por ahora no sabemos quiénes son, pero estimo que con una investigación adecuada sabremos porque la imagen de la cámara es nítida”.
Acotó que “son personas de distintas actividades en ámbitos del estado, todos los que están protestando. Son empleados del Estado la mayoría, puede que haya personas que no. Cuando la fiscalía formule, se dará a conocer en una audiencia pública”.
Precisó en cuanto a los hechos de violencia que “tanto en Casa de Gobierno y Legislatura es un número grande de personas. Involucradas con acciones directas. Incluso algunos datos que tenemos que gente que provocó daños en Legislatura, se traslada y provoca daños en Casa de Gobierno. Es muchísima gente y las fuerzas policiales se vieron desbordadas, el vallado. Con cierta coordinación y organización. En una hipótesis ideal de identifica a estas cerca de 100 personas, que no es esperable”.
Finalmente, el jefe de los fiscales en Rawson, agregó sobre la figura delictual que “hablamos de figura de carácter correccional, con un máximo de 4 años de prisión, articulo 183 y 184 del Código Penal”. Aunque aclaró que podría ser que luego finalizado el proceso, se encuadre en otra figura penal más grave. “En principio daño agravado es 4 años de prisión”.
La causa de oficio que inició la Justicia por los daños e incendio a Casa de Gobierno y Legislatura avanza en su etapa preliminar. Ya se ha analizado parte de la prueba fílmica y aún se está recabando información tanto del sistema de cámaras, como así también material que proviene de privados, vía redes sociales o de los medios de comunicación que atestiguaron los hechos ocurridos.
Ya hay cerca de 30 testigos que estuvieron en los hechos que fueron convocados por la Fiscalía de Rawson y en los próximos días declararán. Muchos de ellos serán policías que estuvieron formando parte de la seguridad y que pueden llegar a dar cuenta de las personas que realizaron los desmanes.
Los fiscales estiman que fueron alrededor de 100 las personas que tuvieron un “acción directa” en los destrozos que ocurrieron en la noche del 17 de septiembre y la madrugada del 18. Algunos de ellos ya fueron identificados no sólo fisionómicamente, sino que se cuenta con los datos de la actividad a la que se dedican dentro del Estado. El delito que se podría investigar es el de “daños agravado” por tratarse de patrimonio público, y de acuerdo al Código Penal tiene una pena máxima de cuatro años.
En diálogo con el programa A Tiempo, que se emite por Cadena Tiempo (91.5), el fiscal jefe de Rawson, Fernando Rivarola, explicó que “es un caso que se inició de oficio ante el conocimiento público de los hechos en Casa de Gobierno y Legislatura. Estamos en etapa preparatoria, la Fiscalía está reuniendo antecedentes que tengan vocación probatoria para utilizar en un eventual juicio, para establecer la existencia del hecho que es un hecho notorio en cuanto a los daños y fundamentalmente la autoría. Tratar de identificar el mayor número de personas que tuvieron acción directa o colaboraron con la ejecución de los hechos para formular las imputaciones, que sería la etapa procesal”.
Sobre los plazos, Rivarola indicó que “se extreman los recaudos para hacerlo en el menor tiempo posible. Hemos requerido todo el material fílmico que hay de cuatro fuentes distintas. Parte proviene de fuentes abiertas. Material privado que personas individuales subieron a las redes o incluso en los medios de comunicación. Luego el material obtenido por la fuerza de seguridad. El personal de investigaciones con algunos elementos también para obtener filmaciones hizo capturas del desarrollo de las conductas. Luego las cámaras públicas, algunas de las cuales fueron dañadas en ese mismo hecho para evitar registrar los hechos y las cámaras del sistema de video vigilancia que tiene la Legislatura. Un material muy abundante, parte ha sido analizado y parte nos resta analizar y también requerimos material a distintos medios y colaboraciones de particulares que tengan registro”.
Acerca de las identificaciones que se pudieron hacer hasta el momento, el fiscal detalló que “del material que analizamos que es una parte, hay algunas personas individualizadas, plenamente quién es y datos personales. Otras personas identificadas fisionómicamente que por ahora no sabemos quiénes son, pero estimo que con una investigación adecuada sabremos porque la imagen de la cámara es nítida”.
Acotó que “son personas de distintas actividades en ámbitos del estado, todos los que están protestando. Son empleados del Estado la mayoría, puede que haya personas que no. Cuando la fiscalía formule, se dará a conocer en una audiencia pública”.
Precisó en cuanto a los hechos de violencia que “tanto en Casa de Gobierno y Legislatura es un número grande de personas. Involucradas con acciones directas. Incluso algunos datos que tenemos que gente que provocó daños en Legislatura, se traslada y provoca daños en Casa de Gobierno. Es muchísima gente y las fuerzas policiales se vieron desbordadas, el vallado. Con cierta coordinación y organización. En una hipótesis ideal de identifica a estas cerca de 100 personas, que no es esperable”.
Finalmente, el jefe de los fiscales en Rawson, agregó sobre la figura delictual que “hablamos de figura de carácter correccional, con un máximo de 4 años de prisión, articulo 183 y 184 del Código Penal”. Aunque aclaró que podría ser que luego finalizado el proceso, se encuadre en otra figura penal más grave. “En principio daño agravado es 4 años de prisión”.