Comodoro: Juntos por el Cambio objeta el uso discrecional de fondos con fines electorales
En la recta final de las Elecciones Generales se sigue observando el manejo del presupuesto de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y el destino de los recursos asignados a través de una ampliación aprobada recientemente por el Concejo Deliberante.
Esta última instancia presupuestaria, por más de 460 millones de pesos, no es la única realizada en éste año y es coincidente con el último tramo de campaña electoral.
La polémica vuelve a plantearse en el destino de éstos aportes que se observaron primero, durante la campaña de Carlos Linares a la gobernación y ahora con la apuesta de Juan Pablo Luque y Othar Macharashvili a la intendencia.
Se suman más partidas destinadas a obras varias de infraestructura; transferencias a instituciones por sumas millonarias en la mayoría de los casos sin rendición mediante o a entidades que carecen de personería jurídica, son unipersonales o de reciente constitución.
“Las obras son bienvenidas, porque le falta mucho a Comodoro sobre todo después de la catástrofe climática, pero lo que le molesta a la mayoría es el uso discrecional de los fondos con fines electorales”, plantea un informe elaborado por equipos técnicos de Juntos por el Cambio.
No es la primera vez que se pone en tela de juicio la forma en que se administra la gestión de Linares y Luque, a pesar que intentar demostrar hacia la sociedad al “municipio mejor administrado del país” basándose en informes de calificadoras privadas.
El municipio cuenta con ingresos extras producto de las regalías petroleras, de la Ley de Hidrocarburos sumado a que la cotización del dólar genera una solvencia económica no reflejada en la gestión pública.
“Muchas veces Linares, pero sobretodo el vice intendente Juan Pablo Luque felicitaron públicamente a la figura del Secretario de Hacienda, Germán Issa Pfister, como el artífice de una forma ordenada y austera de administración”, explica éste sector de la oposición.
“Bajo ese pretendido, por repetido, prestigio técnico se denota la voluntad de ocultar el destino específico de las partidas presupuestarias para luego ser manejadas discrecionalmente; la planificación de un superávit del presupuesto de manera que luego se amplía en los momentos más convenientes desde el punto de vista electoral. Y compensando de manera permanente partidas presupuestarias que hacen bastante difícil el control de la ejecución presupuestaria”.
Paralelamente a la imagen positiva que ostentan, Luque e Issa Pfister, provenientes de la dirigencia deportiva y surgidos en la política a partir de la gestión Di Pierro primero y posteriormente de Carlos Linares, deberán someterse a la voluntad del electorado el próximo domingo.
“Issa Pfister –agrega el documento- al menos hasta la fecha, tiene una sospechosa e impoluta imagen pública, toda vez que hay funcionarios y ex funcionarios con rango de secretarios, subsecretarios, directores y rangos menores además de empresarios; muy complicados y al borde del procesamiento en una causa judicial que los implica en Fraude contra la Administración Pública durante la emergencia climática de 2017”. Se especuló además con la decisión de que el actual secretario de Economía se haya “bajado” por éste motivo de su candidatura como concejal en la lista de Luque para abocarse de lleno a la gestión financiera. Desde Juntos por el Cambio plantean una suerte de “paralelismo” con los mecanismos utilizados por funcionarios locales con los provinciales durante la misma emergencia y por el cual se encuentran juzgados y procesados.
Facturas por cobrar
La figura de Juan Pablo Luque adquirió notoriedad sobre el final de la gestión de Néstor Di Pierro por la causa de las escuchas telefónicas, que lo involucraban en el tráfico de influencias. Del mismo modo se conocieron declaraciones públicas por la denuncia penal que formuló el funcionario del gobierno nacional, Fernando Álvarez De Celis respecto al intento de cobro de facturas de servicios realizados durante el temporal del año 2017. En particular, la Justicia investiga una factura por algo más de 23 millones de pesos en conceptos de trabajos realizados por una empresa, que nunca se habrían efectivizado.
El viceintendente y actual candidato a la intendencia gestionó éste pago por parte del Gobierno Nacional y pese a negar la existencia de la factura en cuestión, la misma fue expuesta por JORNADA. “Esperamos que esto se pueda esclarecer cuanto antes porque éstas prácticas se dieron durante el peor momento que nos tocó vivir a los comodorenses. El responsable político del Comité de Emergencia era Juan Pablo Luque, el del manejo de los fondos municipales Germán Issa Pfister.
Si no tuvieron nada que ver en las causa que relacionan de lleno a sus ex compañeros de gabinete o a los actuales integrantes del mismo, al menos, hay una manifiesta incapacidad para conducir los destinos públicos, porque lo que se está investigando sucedió antes sus narices”, concluyó el documento.#
Esta última instancia presupuestaria, por más de 460 millones de pesos, no es la única realizada en éste año y es coincidente con el último tramo de campaña electoral.
La polémica vuelve a plantearse en el destino de éstos aportes que se observaron primero, durante la campaña de Carlos Linares a la gobernación y ahora con la apuesta de Juan Pablo Luque y Othar Macharashvili a la intendencia.
Se suman más partidas destinadas a obras varias de infraestructura; transferencias a instituciones por sumas millonarias en la mayoría de los casos sin rendición mediante o a entidades que carecen de personería jurídica, son unipersonales o de reciente constitución.
“Las obras son bienvenidas, porque le falta mucho a Comodoro sobre todo después de la catástrofe climática, pero lo que le molesta a la mayoría es el uso discrecional de los fondos con fines electorales”, plantea un informe elaborado por equipos técnicos de Juntos por el Cambio.
No es la primera vez que se pone en tela de juicio la forma en que se administra la gestión de Linares y Luque, a pesar que intentar demostrar hacia la sociedad al “municipio mejor administrado del país” basándose en informes de calificadoras privadas.
El municipio cuenta con ingresos extras producto de las regalías petroleras, de la Ley de Hidrocarburos sumado a que la cotización del dólar genera una solvencia económica no reflejada en la gestión pública.
“Muchas veces Linares, pero sobretodo el vice intendente Juan Pablo Luque felicitaron públicamente a la figura del Secretario de Hacienda, Germán Issa Pfister, como el artífice de una forma ordenada y austera de administración”, explica éste sector de la oposición.
“Bajo ese pretendido, por repetido, prestigio técnico se denota la voluntad de ocultar el destino específico de las partidas presupuestarias para luego ser manejadas discrecionalmente; la planificación de un superávit del presupuesto de manera que luego se amplía en los momentos más convenientes desde el punto de vista electoral. Y compensando de manera permanente partidas presupuestarias que hacen bastante difícil el control de la ejecución presupuestaria”.
Paralelamente a la imagen positiva que ostentan, Luque e Issa Pfister, provenientes de la dirigencia deportiva y surgidos en la política a partir de la gestión Di Pierro primero y posteriormente de Carlos Linares, deberán someterse a la voluntad del electorado el próximo domingo.
“Issa Pfister –agrega el documento- al menos hasta la fecha, tiene una sospechosa e impoluta imagen pública, toda vez que hay funcionarios y ex funcionarios con rango de secretarios, subsecretarios, directores y rangos menores además de empresarios; muy complicados y al borde del procesamiento en una causa judicial que los implica en Fraude contra la Administración Pública durante la emergencia climática de 2017”. Se especuló además con la decisión de que el actual secretario de Economía se haya “bajado” por éste motivo de su candidatura como concejal en la lista de Luque para abocarse de lleno a la gestión financiera. Desde Juntos por el Cambio plantean una suerte de “paralelismo” con los mecanismos utilizados por funcionarios locales con los provinciales durante la misma emergencia y por el cual se encuentran juzgados y procesados.
Facturas por cobrar
La figura de Juan Pablo Luque adquirió notoriedad sobre el final de la gestión de Néstor Di Pierro por la causa de las escuchas telefónicas, que lo involucraban en el tráfico de influencias. Del mismo modo se conocieron declaraciones públicas por la denuncia penal que formuló el funcionario del gobierno nacional, Fernando Álvarez De Celis respecto al intento de cobro de facturas de servicios realizados durante el temporal del año 2017. En particular, la Justicia investiga una factura por algo más de 23 millones de pesos en conceptos de trabajos realizados por una empresa, que nunca se habrían efectivizado.
El viceintendente y actual candidato a la intendencia gestionó éste pago por parte del Gobierno Nacional y pese a negar la existencia de la factura en cuestión, la misma fue expuesta por JORNADA. “Esperamos que esto se pueda esclarecer cuanto antes porque éstas prácticas se dieron durante el peor momento que nos tocó vivir a los comodorenses. El responsable político del Comité de Emergencia era Juan Pablo Luque, el del manejo de los fondos municipales Germán Issa Pfister.
Si no tuvieron nada que ver en las causa que relacionan de lleno a sus ex compañeros de gabinete o a los actuales integrantes del mismo, al menos, hay una manifiesta incapacidad para conducir los destinos públicos, porque lo que se está investigando sucedió antes sus narices”, concluyó el documento.#