Juicio por estafa a discapacitado: una postergación insólita

La actitud fue considerada por la Fiscalía una falta de respeto a la víctima, a la querella y a la Asesoría de Menores. Es que ayer debía empezar el juicio por la presunta estafa millonaria a Roberto Sartaja, un joven discapacitado, respecto a la herencia que dejó su madre brutalmente asesinada en agosto de 2009 en Gaiman: la docente Ana Fontana. Los defensores de los imputados pidieron que se reprograme el inicio del debate por no haber leído el caso, no tener conocimiento de la causa y por falta de personal en la Defensoría Pública. Uno de ellos,mostró al tribunal carillas con pedidos de licencia de otros abogados defensores. El fiscal Fabián Moyano dijo que el proceso corre peligro de caducar si no se realiza este año. El tribunal autorizó a los defensores para que se “informen” por un término no menor a 10 días y no mayor a fin de año.

El inicio del juicio debía ser a las 9 en el 6º piso de tribunales de Trelew. Estaban todos presentes: imputados, víctimas y testigos. La audiencia comenzó poco después de las 10 con excusas y explicaciones de falta de información sobre el caso por parte de los defensores Lisandro Benitez y Miguel Moyano. Sus clientes son los imputados Diego Armocida y Daniel González respectivamente. Argumentaron todo tipo de problemas: desde licencias personales de otros abogados, inconvenientes de salud, falta de personal en el área que trabajan hasta situaciones de estudio de defensores para presentarse a concursos ante el Consejo de la Magistratura. Fueron escuchados por los jueces César Zaratiegui (presidente) María Tolomei y Fabio Monti.

Lo cierto es que señalaron haberse hecho cargo de las actuaciones en esos mismos momentos y marcaron las dificultades para poder llevar adelante una estrategia acorde desconociendo los pormenores del caso, lo que afectaría la legítima defensa de sus clientes.

A todo esto, y mientras pasaban las horas, la víctima, Sartaja, se encontraba afuera de la sala de audiencias, en una sala en la que decía tener mucho calor y ya no estar soportando la larga espera.

Los testigos (algunos de los 46 que propuso la Fiscalía) también esperaban sentados en el ingreso. Nadie les decía nada respecto a lo que sucedía hasta que por fin, les confirmaron que todo se suspendía hasta nuevo aviso. “Una falta de respeto”, tal como dijo el fiscal Moyano.

Lo que se pidió

Ante Jornada, Moyano advirtió que “el argumento de la Defensa es siempre el mismo. La garantía de defensa en juicio pesa mucho. En este caso es entendible porque es complejo”.

“Me molestó que es una audiencia fijada hace 3 meses atrás. El argumento que tienen que rendir ante el Consejo de la Magistratura no lo veo viable y entendible porque si bien he rendido ante el Consejo, estudiaba de tarde y trabajaba a la mañana. Habrá una suspensión de un mínimo de 10 días. No ir más allá de noviembre porque entramos en terreno arriesgado en donde caducaría el plazo”, sostuvo Moyano.

El fiscal advirtió que “todo lo que es dilación es una falta de respeto a la víctima, querella, representantes de Asesoría. Insume horas de trabajo humano y gastos que debe solventar el Estado. Esperaremos la fecha de la Oficina Judicial. Se atravesó por una etapa de apertura. Tengo los elementos para llevar los casos a juicio, para obtener la condena de uno o de todos. Y también para solicitar la restitución de algunos de los bienes que están en poder de algunos de los imputados. Otros pasaron a manos de terceros adquirientes de buena fe”, reveló.

Lo que sucedió es que Benítez solicitó se le dé un tiempo prolongado hasta el 19 de noviembre aproximadamente, mientras Moyano también anotició de viajes previstos por González para llevar adelante actividades impostergables relacionadas con un posgrado y de cuestiones personales, lo que haría que se ausente de la zona en varios días de noviembre y diciembre. Contaron con el apoyo de Ignacio Britos, defensor de Aristóbulo Villegas, y de Fabián Gabalachis, quien junto a Gustavo Uad representan al escribano Agustín Ojeda Ton.

Perjuicios

El fiscal general Moyano se opuso a la petición indicando el tiempo de trabajo que llevó la investigación hasta llegar a juicio y exponiendo sobre los perjuicios que esto implica para todos los involucrados, incluyendo a los testigos ya citados, más de cuarenta.

Aludió que en su momento pidió se calificara al caso como complejo, lo que fue denegado y ahora resulta que la defensa habla de “complejidad”. Señaló que no puede acomodarse la fecha de juicio a los posgrados o actividades de cada uno e informó que el día 7 se llevó adelante la audiencia para programar los debates y no hubo ninguna objeción de las partes.

En cuanto a las dificultades de la Defensa Pública, expuso que en la Fiscalía se viven las mismas dificultades y tal vez mayores, ya que los funcionarios no puede acudir a los juicios, y sin embargo se trata de cumplir con todo lo requerido.

El querellante representante del joven víctima, Jorge Enrique Ferrada como los asesores de Familia Ivana Baskov y Pablo Rey, avalaron la postura fiscal y sugirieron que se podría dar una postergación del comienzo de este juicio pero de hasta cinco días solamente.

Luego de un cuarto intermedio, los integrantes del tribunal retornaron a la sala y manifestaron haber resuelto que la Oficina Judicial deberá fijar nueva fecha del juicio oral y público en un término de diez días y que la misma no podrá exceder a lo que falta del año. Es decir: se deberá fijar una fecha para noviembre o diciembre, atento lo señalado por el Ministerio Público Fiscal en cuanto a la posibilidad de caducidad de la causa.

El Ministerio Público Fiscal imputa a Diego Armocida la comisión del delito de estafa por captación de incapaz del artículo 174 inciso 2 del Código Penal, diez hechos en concurso real; al abogado Daniel González y el escribano Agustín Ojeda Ton, de acuerdo a estafa por captación de incapaz, nueve hechos en concurso real.

También se imputa a Aristóbulo Villegas por el delito de estafa por captación de incapaz en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta del artículo 173, inciso 7 del Código Penal, ya que participó en la administración de un bien inmueble perteneciente al joven, el cual vendió haciéndose de un poder, obteniendo un vehículo y varios cheques de tal operación.

Subsidiariamente, para el caso de estimar el tribunal que no se dan los extremos para captar la conducta de los imputados en la figura del artículo 174 inciso 2 del Código Penal, el fiscal Moyano solicitó sean condenados por el delito de estafa, habiendo mediado abuso de confianza y engaño hacia la víctima. Según lo estimado por el fiscal general la estafa es sobre 12 propiedades con un valor estimado a los ochenta millones de pesos.