Denuncian violencia y abuso

La Multisectorial “Libres y vivas nos queremos” de Trelew, integrada por colectivos de mujeres trans, travestis, lesbianas, bisexuales y homosexuales, dieron a conocer un documento para denunciar la violencia de hombres y mujeres que ejercen poder desde distintos ámbitos, en perjuicio de trabajadores.

05 NOV 2019 - 20:33 | Actualizado

Preservaron la identidad de las víctimas y pidieron que la prensa no pregunte. Expusieron presuntas conductas violentas hacia las empleadas de funcionarios del Gobierno. “Por quienes tienen la responsabilidad de gestionar políticas públicas para la ciudadanía. Convierten al Estado en una máquina patriarcal de prácticas misóginas que nos hostigan, nos persiguen, nos discriminan y nos abusan”.

Las mujeres nombraron a funcionarios y jefes de dependencias públicas. Pidieron celeridad de la justicia en denuncias que ya constan en la justicia por delitos como abuso y acoso. “Esta violencia político institucional se convierte en modelo autorizado de abuso de poder que afecta a nuestra salud pública, a la labor diaria, a nuestros vínculos familiares y sociales y nos vulnera económicamente”, deslizaron.

“Que el Estado reproduzca la violencia machista protege los privilegios que otorga el poder y su entorno, afecta directamente a los resultados de la gestión pública, allana las condiciones para la corrupción y erosiona el sistema democrático poniendo en peligro el Estado de Derecho rompiendo los lazos con la ciudadanía”.

Remarcaron además que “padecemos en carne propia la violencia en los ámbitos laborales, percibimos que estamos en situaciones de manifiesta inequidad hace años. Nos callábamos por miedo a que nos cambien de tarea, que nos dejen sin funciones, que nos descuenten de nuestros haberes o por miedo a perder el trabajo”.

Apuntaron que “estamos juntas y organizadas para denunciar estas violencias normalizadas, disciplinadoras y consentidas por el pacto entre machos que hay en el poder político judicial. Estamos juntas porque no vamos a permitir nunca más que una compañera sea violentada ni se sienta desamparada”. Según el documento “tenemos la responsabilidad colectiva de exigir no más violencia de género y acoso laboral en la Administración Pública, en los entes autárquicos de la provincia y en el Poder Judicial”.

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05 NOV 2019 - 20:33

Preservaron la identidad de las víctimas y pidieron que la prensa no pregunte. Expusieron presuntas conductas violentas hacia las empleadas de funcionarios del Gobierno. “Por quienes tienen la responsabilidad de gestionar políticas públicas para la ciudadanía. Convierten al Estado en una máquina patriarcal de prácticas misóginas que nos hostigan, nos persiguen, nos discriminan y nos abusan”.

Las mujeres nombraron a funcionarios y jefes de dependencias públicas. Pidieron celeridad de la justicia en denuncias que ya constan en la justicia por delitos como abuso y acoso. “Esta violencia político institucional se convierte en modelo autorizado de abuso de poder que afecta a nuestra salud pública, a la labor diaria, a nuestros vínculos familiares y sociales y nos vulnera económicamente”, deslizaron.

“Que el Estado reproduzca la violencia machista protege los privilegios que otorga el poder y su entorno, afecta directamente a los resultados de la gestión pública, allana las condiciones para la corrupción y erosiona el sistema democrático poniendo en peligro el Estado de Derecho rompiendo los lazos con la ciudadanía”.

Remarcaron además que “padecemos en carne propia la violencia en los ámbitos laborales, percibimos que estamos en situaciones de manifiesta inequidad hace años. Nos callábamos por miedo a que nos cambien de tarea, que nos dejen sin funciones, que nos descuenten de nuestros haberes o por miedo a perder el trabajo”.

Apuntaron que “estamos juntas y organizadas para denunciar estas violencias normalizadas, disciplinadoras y consentidas por el pacto entre machos que hay en el poder político judicial. Estamos juntas porque no vamos a permitir nunca más que una compañera sea violentada ni se sienta desamparada”. Según el documento “tenemos la responsabilidad colectiva de exigir no más violencia de género y acoso laboral en la Administración Pública, en los entes autárquicos de la provincia y en el Poder Judicial”.


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