Causa Revelación: seis empresarios afuera

Con probation, reparaciones y sobreseimientos un total de seis empresarios quedarán afuera del juicio oral. Dos de ellos, según Fiscalía, fueron “víctimas de extorsión”.

Sala repleta. Una postal de la Sala 2 de la Oficina Judicial de Rawson, donde la primera parte de la audiencia preliminar ocupó toda la mañana.
27 NOV 2019 - 21:01 | Actualizado

Seis empresarios quedarán fuera del juicio oral y público por el Caso Revelación. Ya hay acuerdo de sus defensores con el fiscal Marcos Nápoli y respaldo de las querellas de Fiscalía de Estado, Oficina Anticorrupción y el bloque de diputados del Frente para la Victoria. Si no hay argumento excepcional en contrario, el juez Sergio Piñeda aprobará los beneficios. Así, serían 11 las personas que en 2020 irían a juicio oral y público por los presuntos retornos de la obra pública. Fue el dato más fuerte de la audiencia preliminar ayer en la Oficina Judicial de Rawson. Sigue hoy a las 9.

A modo de probation, el empresario Oscar Sandín, de Sandín Construcciones, ofreció remodelar completas las celdas y la oficina de la Comisaría de Rawson. El presupuesto de la obra es de $ 630 mil, con un plazo de ejecución de 120 días. El fiscal explicó que estas refacciones “fueron pedido expreso de sus autoridades ya que más de una vez sus calabozos fueron clausurados por los jueces por sus malas condiciones y eso entorpece”. Muchas veces los presos deben ser trasladados a Trelew, con gasto en combustible y personal.

La segunda probation será para Juan Rossi, de IPE. Propuso aportar $ 500 mil en dos cuotas en diciembre y enero para que la Policía Científica pueda comprar insumos. Su abogado dijo que Rossi sólo participó de endosos de 4 cheques. “Es de Buenos Aires y no es empresario de la construcción”. Sergio Miranda, abogado de los diputados querellantes del Frente para la Victoria, adhirió a los beneficios pero pidió que la plata sea para entidades de bien público o escuelas.

Otros dos empresarios se inclinaron por las reparaciones. Juan Pedro Riquelme, de la empresa RV Lonas, ofreció abonar $ 50 mil en 5 cuotas iguales y consecutivas desde el 1º de enero de 2020 para una entidad de bien público en Trelew, y 200 horas de trabajo comunitario en el mismo lugar.

Miguel Moyano, su defensor, aclaró que el hombre “es de bajos recursos y tuvo una escasa participación”. No tiene antecedentes. Nápoli coincidió: “Este imputado no tiene contacto con el ámbito de la obra pública y sólo endosó un cheque irregular, por eso es razonable y para su economía representa un esfuerzo superlativo”.

Gonzalo Cordón Ferrando, de Transredes, ofreció comprar dos grupos electrógenos de combustible diesel para Aldea Apeleg y Buen Pasto, para resolver sus problemas energéticos ya que tienen graves problemas de luz. Se cotizan en u$s 20.000 cada uno. Su abogado, Lisandro Benítez, explicó que “la imputación fue por $ 800.000, con lo cual este ofrecimiento sobrepasa ampliamente el valor por el que lo acusan y sirve a dos pueblos donde se vive en condiciones extremas”. Se consensuó con las autoridades de las localidades.

El fiscal deslizó que aunque el servicio es responsabilidad de Provincia, “bienvenido sea este aporte, que no deja de ser un grano de arena; Servicios Públicos se comunicó con insistencia por su extrema necesidad de poder contar con los grupos que ofreció”. Nápoli defendió los beneficios ya que en la causa, reparaciones y probations ya suman $ 100 millones “en obras para la comunidad”.

Mauricio Capandeguy y Patricio Manzanel, dueños de la firma Capman SRL de Esquel, pidieron ser sobreseídos. Presentaron documentación y testimonios que, a criterio del Ministerio Público Fiscal, acreditan que no fueron cómplices del presunto sistema de retornos de la obra pública sino más bien “víctimas de la extorsión y las amenazas” de Diego Correa, exsecretario privado del gobernador Mario Das Neves (ver página 9).

El fiscal Nápoli explicó que hubo contactos con Federico Piccione y Pablo Bastida por la chance de que accedan a un juicio abreviado. Aún no hubo acuerdo. La investigación los considera empresarios pero a diferencia del resto, con un rol más comprometido: miembros de la presunta asociación ilícita.

Para hoy se espera la declaración de Martín Castillo, de Industrias Bass. Junto con Pablo Menedin, de Menedin Construcciones, son los dos empresarios que no gozan aún de ningún beneficio procesal.

Fiscalía pidió el sobreseimiento del fallecido empresario de Comodoro Rivadavia, Fernando Quistani.

Estuvieron presentes Víctor Cisterna, Gonzalo Carpintero, Pablo Oca, Alejandro Pagani, Martín Bortagaray y Diego Correa.

También Diego Lüters, que no se opuso a la elevación a juicio y pidió irse antes por sus “obligaciones laborales” en la Alcaidía de Trelew.#

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Sala repleta. Una postal de la Sala 2 de la Oficina Judicial de Rawson, donde la primera parte de la audiencia preliminar ocupó toda la mañana.
27 NOV 2019 - 21:01

Seis empresarios quedarán fuera del juicio oral y público por el Caso Revelación. Ya hay acuerdo de sus defensores con el fiscal Marcos Nápoli y respaldo de las querellas de Fiscalía de Estado, Oficina Anticorrupción y el bloque de diputados del Frente para la Victoria. Si no hay argumento excepcional en contrario, el juez Sergio Piñeda aprobará los beneficios. Así, serían 11 las personas que en 2020 irían a juicio oral y público por los presuntos retornos de la obra pública. Fue el dato más fuerte de la audiencia preliminar ayer en la Oficina Judicial de Rawson. Sigue hoy a las 9.

A modo de probation, el empresario Oscar Sandín, de Sandín Construcciones, ofreció remodelar completas las celdas y la oficina de la Comisaría de Rawson. El presupuesto de la obra es de $ 630 mil, con un plazo de ejecución de 120 días. El fiscal explicó que estas refacciones “fueron pedido expreso de sus autoridades ya que más de una vez sus calabozos fueron clausurados por los jueces por sus malas condiciones y eso entorpece”. Muchas veces los presos deben ser trasladados a Trelew, con gasto en combustible y personal.

La segunda probation será para Juan Rossi, de IPE. Propuso aportar $ 500 mil en dos cuotas en diciembre y enero para que la Policía Científica pueda comprar insumos. Su abogado dijo que Rossi sólo participó de endosos de 4 cheques. “Es de Buenos Aires y no es empresario de la construcción”. Sergio Miranda, abogado de los diputados querellantes del Frente para la Victoria, adhirió a los beneficios pero pidió que la plata sea para entidades de bien público o escuelas.

Otros dos empresarios se inclinaron por las reparaciones. Juan Pedro Riquelme, de la empresa RV Lonas, ofreció abonar $ 50 mil en 5 cuotas iguales y consecutivas desde el 1º de enero de 2020 para una entidad de bien público en Trelew, y 200 horas de trabajo comunitario en el mismo lugar.

Miguel Moyano, su defensor, aclaró que el hombre “es de bajos recursos y tuvo una escasa participación”. No tiene antecedentes. Nápoli coincidió: “Este imputado no tiene contacto con el ámbito de la obra pública y sólo endosó un cheque irregular, por eso es razonable y para su economía representa un esfuerzo superlativo”.

Gonzalo Cordón Ferrando, de Transredes, ofreció comprar dos grupos electrógenos de combustible diesel para Aldea Apeleg y Buen Pasto, para resolver sus problemas energéticos ya que tienen graves problemas de luz. Se cotizan en u$s 20.000 cada uno. Su abogado, Lisandro Benítez, explicó que “la imputación fue por $ 800.000, con lo cual este ofrecimiento sobrepasa ampliamente el valor por el que lo acusan y sirve a dos pueblos donde se vive en condiciones extremas”. Se consensuó con las autoridades de las localidades.

El fiscal deslizó que aunque el servicio es responsabilidad de Provincia, “bienvenido sea este aporte, que no deja de ser un grano de arena; Servicios Públicos se comunicó con insistencia por su extrema necesidad de poder contar con los grupos que ofreció”. Nápoli defendió los beneficios ya que en la causa, reparaciones y probations ya suman $ 100 millones “en obras para la comunidad”.

Mauricio Capandeguy y Patricio Manzanel, dueños de la firma Capman SRL de Esquel, pidieron ser sobreseídos. Presentaron documentación y testimonios que, a criterio del Ministerio Público Fiscal, acreditan que no fueron cómplices del presunto sistema de retornos de la obra pública sino más bien “víctimas de la extorsión y las amenazas” de Diego Correa, exsecretario privado del gobernador Mario Das Neves (ver página 9).

El fiscal Nápoli explicó que hubo contactos con Federico Piccione y Pablo Bastida por la chance de que accedan a un juicio abreviado. Aún no hubo acuerdo. La investigación los considera empresarios pero a diferencia del resto, con un rol más comprometido: miembros de la presunta asociación ilícita.

Para hoy se espera la declaración de Martín Castillo, de Industrias Bass. Junto con Pablo Menedin, de Menedin Construcciones, son los dos empresarios que no gozan aún de ningún beneficio procesal.

Fiscalía pidió el sobreseimiento del fallecido empresario de Comodoro Rivadavia, Fernando Quistani.

Estuvieron presentes Víctor Cisterna, Gonzalo Carpintero, Pablo Oca, Alejandro Pagani, Martín Bortagaray y Diego Correa.

También Diego Lüters, que no se opuso a la elevación a juicio y pidió irse antes por sus “obligaciones laborales” en la Alcaidía de Trelew.#


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