Se revelaron denuncias de corrupción entre la oposición venezolana
El reciente despido de un embajador destapó hoy en Venezuela denuncias de corrupción dentro de los principales partidos opositores al chavismo y dejó al descubierto una crisis política en las filas del gobierno interino designado por la Asamblea Nacional (AN), el parlamento en el que esos sectores tienen mayoría.
El caso tomó estado público el miércoles pasado, cuando el presidente encargado Juan Guaidó divulgó la carta con que ordenó el cese de su embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti.
El texto, breve y formal, solo argumentó “modificaciones” en la política exterior del gobierno interino, pero fuentes próximas a Guaidó afirmaron que Calderón Berti “estaba en una conspiración paralela” con líderes chavistas para “sacar del juego” al mandatario encargado.
El despido fue criticado duramente por varios partidos y dirigentes antichavistas, sobre todo los más radicales, entre ellos el diputado Richard Blanco, la ex diputada María Corina Machado y el ex diplomático Diego Arria.
También por el líder del poderoso sindicato de trabajadores petroleros, Iván Freites, quien además renunció a su afiliación a Voluntad Popular (VP), el partido al que pertenece Guaidó y que dirige el ex alcalde Leopoldo López.
Calderón Berti ratificó el viernes que meses atrás denunció ante la fiscalía colombiana a dos colaboradores de Guaidó por el manejo aparentemente irregular de un fondo destinado a ayudar a unos 150 militares venezolanos que desertaron y se exiliaron en Colombia.
Subrayó que fue alertado del caso por autoridades colombianas que le mostraron documentos que evidenciaban el mal manejo de esos fondos, incluidos gastos en “licores y prostitutas”.
“A los representantes del gobierno del presidente Guaidó nos están engañando”, advirtió Calderón Berti, de 78 años, quien dirigió la petrolera estatal Pdvsa, fue ministro de Petróleo y presidió la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) antes de que el chavismo llegara al gobierno en 1999.
Esa última afirmación coincidió con el contenido de una nota publicada dos días antes por el diario caraqueño antichavista El Nacional, según la cual varios representantes diplomáticos del gobierno interino -a los que no identificó- se quejaron de que en los hechos deben actuar como subordinados de diputados opositores exiliados.
La crisis escaló hoy, cuando el diario digital Armando Info reveló un supuesto caso de tráfico de influencias de legisladores antichavistas exiliados ante autoridades de Estados Unidos y Colombia a favor de empresarios que exportan bienes al gobierno chavista, principalmente para el programa de distribución de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Según ese sitio web, los diputados implicados “emiten cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las importaciones para los combos CLAP, con el objetivo de que esos organismos absuelvan o dejen de investigar a empresarios” sancionados por Washington y Bogotá, tales como los colombianos Álex Saab, Álvaro Pulido y Carlos Lizcano.
El informe señala como autores de esas gestiones a los diputados Luis Parra, Freddy Superlano, José Brito, Conrado Pérez Linares, Richard Arteaga, Guillermo Luces, Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos.
Todos ellos pertenecen a tres de los cuatro mayores partidos antichavistas: VP, Primero Justicia (PJ, del ex candidato presidencial Henrique Capriles y el canciller de Guaidó, Julio Borges) y Un Nuevo Tiempo (UNT, del ex candidato presidencial Manuel Rosales).
“Que del seno de la AN surja una defensa activa del principal programa social y foco de corrupción del gobierno de (el presidente chavista) Nicolás Maduro es solo una de las ironías de esta historia”, señaló Armando Info.
En un comunicado de prensa, VP sostuvo que “la corrupción es repugnante y se combate de frente y venga de donde venga”, y aseguró que removió a Arteaga, Luces y Superlano de la Comisión de Contraloría de la AN y resolvió “suspenderlos de sus responsabilidades hasta tanto se llegue al fondo de este asunto”.
La agrupación agregó que inició “una investigación interna y un proceso disciplinario para determinar las responsabilidades de las personas involucradas en la acusación”, y agradeció las “investigaciones” de “la prensa libre”, que “demuestran que la libertad de expresión es necesaria para encontrar la verdad”.
El caso tomó estado público el miércoles pasado, cuando el presidente encargado Juan Guaidó divulgó la carta con que ordenó el cese de su embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti.
El texto, breve y formal, solo argumentó “modificaciones” en la política exterior del gobierno interino, pero fuentes próximas a Guaidó afirmaron que Calderón Berti “estaba en una conspiración paralela” con líderes chavistas para “sacar del juego” al mandatario encargado.
El despido fue criticado duramente por varios partidos y dirigentes antichavistas, sobre todo los más radicales, entre ellos el diputado Richard Blanco, la ex diputada María Corina Machado y el ex diplomático Diego Arria.
También por el líder del poderoso sindicato de trabajadores petroleros, Iván Freites, quien además renunció a su afiliación a Voluntad Popular (VP), el partido al que pertenece Guaidó y que dirige el ex alcalde Leopoldo López.
Calderón Berti ratificó el viernes que meses atrás denunció ante la fiscalía colombiana a dos colaboradores de Guaidó por el manejo aparentemente irregular de un fondo destinado a ayudar a unos 150 militares venezolanos que desertaron y se exiliaron en Colombia.
Subrayó que fue alertado del caso por autoridades colombianas que le mostraron documentos que evidenciaban el mal manejo de esos fondos, incluidos gastos en “licores y prostitutas”.
“A los representantes del gobierno del presidente Guaidó nos están engañando”, advirtió Calderón Berti, de 78 años, quien dirigió la petrolera estatal Pdvsa, fue ministro de Petróleo y presidió la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) antes de que el chavismo llegara al gobierno en 1999.
Esa última afirmación coincidió con el contenido de una nota publicada dos días antes por el diario caraqueño antichavista El Nacional, según la cual varios representantes diplomáticos del gobierno interino -a los que no identificó- se quejaron de que en los hechos deben actuar como subordinados de diputados opositores exiliados.
La crisis escaló hoy, cuando el diario digital Armando Info reveló un supuesto caso de tráfico de influencias de legisladores antichavistas exiliados ante autoridades de Estados Unidos y Colombia a favor de empresarios que exportan bienes al gobierno chavista, principalmente para el programa de distribución de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Según ese sitio web, los diputados implicados “emiten cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las importaciones para los combos CLAP, con el objetivo de que esos organismos absuelvan o dejen de investigar a empresarios” sancionados por Washington y Bogotá, tales como los colombianos Álex Saab, Álvaro Pulido y Carlos Lizcano.
El informe señala como autores de esas gestiones a los diputados Luis Parra, Freddy Superlano, José Brito, Conrado Pérez Linares, Richard Arteaga, Guillermo Luces, Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos.
Todos ellos pertenecen a tres de los cuatro mayores partidos antichavistas: VP, Primero Justicia (PJ, del ex candidato presidencial Henrique Capriles y el canciller de Guaidó, Julio Borges) y Un Nuevo Tiempo (UNT, del ex candidato presidencial Manuel Rosales).
“Que del seno de la AN surja una defensa activa del principal programa social y foco de corrupción del gobierno de (el presidente chavista) Nicolás Maduro es solo una de las ironías de esta historia”, señaló Armando Info.
En un comunicado de prensa, VP sostuvo que “la corrupción es repugnante y se combate de frente y venga de donde venga”, y aseguró que removió a Arteaga, Luces y Superlano de la Comisión de Contraloría de la AN y resolvió “suspenderlos de sus responsabilidades hasta tanto se llegue al fondo de este asunto”.
La agrupación agregó que inició “una investigación interna y un proceso disciplinario para determinar las responsabilidades de las personas involucradas en la acusación”, y agradeció las “investigaciones” de “la prensa libre”, que “demuestran que la libertad de expresión es necesaria para encontrar la verdad”.