Los diputados aprobaron el Juicio por Jurados y el Presupuesto 2020 para la Legislatura

En la penúltima sesión de la actual Legislatura los diputados volvieron a sesionar en el recinto histórico, luego de las refacciones realizadas producto del incendio del edificio. Tal como estaba previsto, se aprobó la ley de Juicio por Jurados, que en la provincia estará vigente a partir de enero del2021.

A su vez, se sancionó el Presupuesto legislativo 2020, por un monto de 2.072 millones de pesos. Contabilizando las oficinas dependientes de la Cámara de Diputados como la Defensoría del Pueblo, los cargos estipulados son en total 453. En lo que hace a la Casa de las Leyes, el personal asciende a 382 personas, con una Planta Permanente de 242 y Planta Política de 140.

Se fija para la Defensoría del Pueblo 13 cargos, 57 en la Oficina Anticorrupción y 1 para la Defensoría de los Derechos de las Adultas y los Adultos Mayores.

Distribución del gasto

Para la Legislatura, el gasto total asciende a los 1.782 millones. De lo cual un 93% (1.665 millones) se destinan a Personal. Otros 16 millones para Bienes de Consumo y 89 millones en Servicios No Personales, que incluye Alquileres, Pasajes y Viáticos, Servicios Básicos, entre otros. Finalmente, otros desembolsos en Bienes de Uso y Transferencias.

Con polémica, se sancionaron modificaciones a la Ley Orgánica de la Judicatura. La diputada del Frente para la Victoria, Gabriela Dufour aseguró que “ahora los trabajadores para ingresar a plante tendrán un período de prueba que pasó de los cuatros meses a seis. Gravemente se ha suscripto la corporación de los magistrados. No se le dio discusión ni a la Colegios de Abogados, ni a los trabajadores. Pedíamos cumplir con el reglamento y se envíe a la comisión de Hacienda y Presupuesto dado que se ha ocultado el contenido. Se cerró hoy (por ayer) a las 10 de la mañana. Nos hace dudar cuáles son los contenidos de la ley. Desconocemos la finalidad de las reformas”.

Ley de Ministerios

Dufour, por otra parte, se refirió a la nueva Ley de Ministerios que envío el Ejecutivo Provincial y que se trataría mañana. Ayer activistas antimineros se manifestaron fuera del edificio.

“Para tratar el tema de la minería necesitamos un proyecto y el único que hay es el proyecto de los diputados Alfredo Di Filippo y Sergio Brúscoli, que no tiene ningun consenso. Todo el mundo habla y nosotros no vimos nada. Creo que requiere un marco regulatorio que implique la atención a todas las demandas que la sociedad en su conjunto tiene y viene expresando”.

Sobre la fusión del Ministerio de Hidrocarburos y Minería, expresó que “las incumbencias las tiene la Ley de Ministerios vigente, es sólo un cambio de nombre. El único cambio sustantivo es la desaparición del ministerio de Coordinación y la aparición del de Seguridad. El resto sigue igual”.

Obras Escolares

El Gobierno de la Provincia confirmó que enviará el próximo martes 10 de diciembre el nuevo proyecto de Ley del Fondo de Infraestructura Escolar a la Legislatura del Chubut para su tratamiento.

Esta decisión fue tomada por el gobernador, Mariano Arcioni, tras vetar la Ley que había sido aprobada por los diputados provinciales en la sesión del 14 de noviembre.

A través del decreto N° 1348, el Ejecutivo informó que “actualmente la Fuente de Financiamiento 368 Bono de compensación de hidrocarburos, financia el mantenimiento y la infraestructura escolar en un porcentaje superior al indicado en el proyecto de ley, cercano al 15%”, señalando que “para el ejercicio 2019 se destinó presupuestariamente un 19,20%” proveniente de dicha fuente.

Además, el decreto agrega que “el artículo N° 74 de la Ley XVII N° 102 establece claramente que los fondos recaudados en concepto de Bono de Compensación de Hidrocarburos para el desarrollo sustentable deberán ser utilizados para realizar inversiones de infraestructura, diversificación de la matriz energética y productiva y ordenamiento urbano, a los efectos de que esas inversiones contribuyan con el desarrollo sustentable del territorio. Estos recursos no podrán ser destinados a solventar gastos corrientes”.

Asimismo, sostiene que “la afectación de recursos implica una restricción de la capacidad de manejo de los fondos públicos, es decir una limitación a la autonomía de la gestión pública. Y que la injerencia excesiva del poder Legislativo en las acciones del Gobierno, además de menoscabar la autonomía del Ejecutivo y restringir la facultad de administrar los recursos del estado, acarrea la necesidad de un control específico sobre esas afectaciones”.

Agrega que “la afectación de recursos con su consiguiente depósito anticipado en una cuenta especial, provoca una reducción de los fondos disponibles que, en el caso de gastos de capital, se pueden extender en el tiempo por varios meses, período en el cual esos fondos son inutilizados a la espera de que la obra y su trámite de ejecución presupuestaria avance al punto de su pago”.#