Causa Revelación: en seis días hábiles se sabrá quiénes irán a juicio oral y bajo qué imputaciones
Se discutieron las situaciones de Martín Bortagaray y Gonzalo Carpintero. Al extitular del IPV lo definieron como “un soldado de Das Neves necesario para el mecanismo”. En cuanto al segundo, su defensor dijo buena parte de los cargos están prescriptos. Pero Fiscalía quiere que “se discuta en juicio”.
Acá se juegan muchos intereses y todos los conocemos. Es una causa sensible en lo político y económico”. Lo subrayó el juez Sergio Piñeda al cerrar la extensa audiencia preliminar de la Causa Revelación, que discute los presuntos retornos de la obra pública. En seis días hábiles se sabrá quiénes van a juicio oral y público y bajo qué imputaciónes. En la Oficina Judicial de Rawson se discutieron las situaciones de Martín Bortagaray y Gonzalo Carpintero, los acusados que quedaban.
La Unidad Anticorrupción considera que el exintendente de Dolavon integró la asociación ilícita como presidente del Instituto Provincial de la Vivienda. Pese a que es un ente autárquico, emitía órdenes de pago “discrecionalmente” por orden del exsecretario privado Diego Correa.
La “banda” se habría gestado con un memorándum de enero de 2016 que ordenaba autorizar cualquier contratación sí o sí con la firma de la Secretaría Privada. Según el fiscal Alejandro Franco, esa circular “concentró el poder de pago del Estado para elegir a quién y cuándo beneficiar en función de que pagaran retornos”.
El fiscal Marcos Nápoli recordó que luego de que en su declaración Diego Lüters involucrara a Bortagaray, se tomaron cinco declaraciones “elocuentes” en el IPV para corroborar el testimonio.
Alejandro Bertorini, antecesor de Bortagaray en el cargo, “nos contó que nunca se habían mandado planillas a dos secretarios privados del gobernador y que eso no era regular porque es un ente con Tesorería y emisión de certificados propios”. Cuando le preguntaron a Bertorini por su renuncia “fue totalmente franco: en ese lugar y ante el avance con las negociaciones con las empresas, Mario Das Neves necesitaba un soldado”.
“El propio Bortagaray se definió como un soldado de Das Neves -dijo el fiscal-. Necesitaban alguien funcional, que aceite el mecanismo, una rueda más para que el engranaje caminara. Bertorini no les servía, era probo, ni se animaron a pedirle que le mandara las planillas a Correa”.
A Sandra Torres, contadora del IPV, Bortagaray le pidió agregar el mail de Correa y que “le hiciera caso”. El contacto siguió en WhatsApp. “Fue la primera vez que les indicaban que un secretario del gobernador debía autorizar el pago; antes las consultas siempre eran al presidente”. Gracias a Bortagaray, Correa contó con la información reservada que necesitaba para presionar a las empresas. El expresidente cobraba un sobresueldo de $ 25 mil. “Correa sabía que Bertorini tenía los días contados y empezó a apretar empresas. El delito lo completó Bortagaray como presidente”.
El defensor Jorge Rubiolo, en cambio, explicó que el exintendente se limitó a cumplir con el memorándum, orden superior que no podía ignorar. La acusación dice que la asociación ilícita se generó en 2016. “Pero él entró al IPV en enero de 2017”. Apuntó que Bortagaray sólo libró una orden de pago. “Era su obligación y la empresa había cumplido los requisitos”.
Rubiolo se preguntó: “¿En qué momento se reunió para conformar esta banda para saquear al Estado? Nada de eso dicen y lo que hicieron sus superiores no es problema de él”.
“Nadie puede decir que se enriqueció: vive en una casa en construcción en un barrio de Dolavon sin muebles ni autos de lujo. Siempre fue empleado público. Ni su mujer ni sus hijos trabajan en el Estado. Si me preguntaran si quiero integrar una banda criminal para no obtener beneficios, diría que no”.
Rubiolo cuestionó la declaración de Lüters por ser un “imputado condenado”. El defensor insistió: “Le erraron al vizcachazo porque llevar a debate a Bortagaray para que lo absuelvan no tiene sentido; los elementos para sobreseerlo ahora están. A las circulares hay que cumplirlas sino al otro día lo echaban. Informaba a quien debía informar. La única realidad es que las órdenes superiores se cumplen y que al presidente del IPV no lo pone una luz divina sino el gobernador”.
En cuanto a Carpintero, su defensor Federico Ruffa dijo que las evidencias que presentó Fiscalía “no lo vinculan con una recaudación ilícita, más allá de deducciones abstractas”.
“No hay un solo empresario que lo haya mencionado como partícipe de la reunión donde se trasmitieron las tarifas ilegales ni de ninguna maniobra”, insistió. El único elemento “es que manejó la agenda del gobernador y tuvo lógico contacto con intendentes y dirigentes importes”. También cuestionó que se le impute figurar en las planillas de Lüters: “Hay muchas personas que figuran, no las trajeron a proceso, ocupaban despachos de mucha importancia en Casa de Gobierno, son políticamente muy influyentes pero nadie creyó que fueran parte de asociación”. Carpintero cumplió funciones del Gobierno. “Está acá porque tuvo estrechísima confianza de un importante dirigente político, eso no puede ser una imputación”.
Según el testimonio de Alexis Gabra, empleado de la Privada, Carpintero “no participaba en expedientes ni le pedían autorización”. En su celular secuestrado no había contacto con empresarios ni maniobras de recaudación. Sí distribuyó fondos reservados por montos mínimos. “Lüters también declaró que Carpintero no participaba de la situación”.
En cuanto al cargo por enriquecimiento ilícito, Ruffa no pidió el sobreseimiento completo pero sí recortar la acusación ya que buena parte de los episodios están prescriptos. “Fiscalía pretende traer a juicio hechos de fines de 2011 pero todo lo anterior al 16 de abril de 2013 debe descartarse. En diciembre de 2011 cesó en la función pública y desde allí corre la prescripción”.
Entre abril de 2014 y diciembre de 2015 Carpintero no fue funcionario provincial sino asesor de Mario Das Neves como diputado nacional. La justicia provincial no podría investigarlo.
Según la acusación, no declaró una moto tasada en $ 200 mil. “Cuesta mucho entender cómo alguien esconde una moto con malicia por un monto tan nimio cuando su supuesto enriquecimiento ronda los $ 45 millones”.
Ruffa se opuso a que declare el exjefe de G abinete Alberto Gilardino. “No está en condiciones porque por su vinculación evidente con los hechos podría autoincriminarse. Cuando nos toque interrogarlo o no podrá hablar o sale esposado”, advirtió el defensor.
En su respuesta al defensor, Nápoli afirmó que “hay abundantes y fuertes testimonios que dan cuenta de su rol dentro de la sociedad criminal, con manejo de fondos”. En esas entrevistas el acusado “no aparece con participación activa pidiendo plata espuria o como ideólogo, pero no implica descartarlo y queremos probarlo en el juicio”, dijo el fiscal.
Insistió con el testimonio de Gilardino. “Decir que un testigo se puede ir esposado de esta sala es un mensaje temerario, un tiro por elevación a quienes deben venir a testimoniar y una amenaza solapada para quienes cumplen con ética ciudadana”, advirtió Nápoli. “No hace falta decir eso a viva voz, nadie se va esposado por declarar en un juicio”.
El fiscal subrayó que los delitos contra la administración pública, como el enriquecimiento, son imprescriptibles. “Si nos equivocamos solamente en una moto, da cuenta de la magnitud de la acusación soportada por una evidencia importante”.
Acá se juegan muchos intereses y todos los conocemos. Es una causa sensible en lo político y económico”. Lo subrayó el juez Sergio Piñeda al cerrar la extensa audiencia preliminar de la Causa Revelación, que discute los presuntos retornos de la obra pública. En seis días hábiles se sabrá quiénes van a juicio oral y público y bajo qué imputaciónes. En la Oficina Judicial de Rawson se discutieron las situaciones de Martín Bortagaray y Gonzalo Carpintero, los acusados que quedaban.
La Unidad Anticorrupción considera que el exintendente de Dolavon integró la asociación ilícita como presidente del Instituto Provincial de la Vivienda. Pese a que es un ente autárquico, emitía órdenes de pago “discrecionalmente” por orden del exsecretario privado Diego Correa.
La “banda” se habría gestado con un memorándum de enero de 2016 que ordenaba autorizar cualquier contratación sí o sí con la firma de la Secretaría Privada. Según el fiscal Alejandro Franco, esa circular “concentró el poder de pago del Estado para elegir a quién y cuándo beneficiar en función de que pagaran retornos”.
El fiscal Marcos Nápoli recordó que luego de que en su declaración Diego Lüters involucrara a Bortagaray, se tomaron cinco declaraciones “elocuentes” en el IPV para corroborar el testimonio.
Alejandro Bertorini, antecesor de Bortagaray en el cargo, “nos contó que nunca se habían mandado planillas a dos secretarios privados del gobernador y que eso no era regular porque es un ente con Tesorería y emisión de certificados propios”. Cuando le preguntaron a Bertorini por su renuncia “fue totalmente franco: en ese lugar y ante el avance con las negociaciones con las empresas, Mario Das Neves necesitaba un soldado”.
“El propio Bortagaray se definió como un soldado de Das Neves -dijo el fiscal-. Necesitaban alguien funcional, que aceite el mecanismo, una rueda más para que el engranaje caminara. Bertorini no les servía, era probo, ni se animaron a pedirle que le mandara las planillas a Correa”.
A Sandra Torres, contadora del IPV, Bortagaray le pidió agregar el mail de Correa y que “le hiciera caso”. El contacto siguió en WhatsApp. “Fue la primera vez que les indicaban que un secretario del gobernador debía autorizar el pago; antes las consultas siempre eran al presidente”. Gracias a Bortagaray, Correa contó con la información reservada que necesitaba para presionar a las empresas. El expresidente cobraba un sobresueldo de $ 25 mil. “Correa sabía que Bertorini tenía los días contados y empezó a apretar empresas. El delito lo completó Bortagaray como presidente”.
El defensor Jorge Rubiolo, en cambio, explicó que el exintendente se limitó a cumplir con el memorándum, orden superior que no podía ignorar. La acusación dice que la asociación ilícita se generó en 2016. “Pero él entró al IPV en enero de 2017”. Apuntó que Bortagaray sólo libró una orden de pago. “Era su obligación y la empresa había cumplido los requisitos”.
Rubiolo se preguntó: “¿En qué momento se reunió para conformar esta banda para saquear al Estado? Nada de eso dicen y lo que hicieron sus superiores no es problema de él”.
“Nadie puede decir que se enriqueció: vive en una casa en construcción en un barrio de Dolavon sin muebles ni autos de lujo. Siempre fue empleado público. Ni su mujer ni sus hijos trabajan en el Estado. Si me preguntaran si quiero integrar una banda criminal para no obtener beneficios, diría que no”.
Rubiolo cuestionó la declaración de Lüters por ser un “imputado condenado”. El defensor insistió: “Le erraron al vizcachazo porque llevar a debate a Bortagaray para que lo absuelvan no tiene sentido; los elementos para sobreseerlo ahora están. A las circulares hay que cumplirlas sino al otro día lo echaban. Informaba a quien debía informar. La única realidad es que las órdenes superiores se cumplen y que al presidente del IPV no lo pone una luz divina sino el gobernador”.
En cuanto a Carpintero, su defensor Federico Ruffa dijo que las evidencias que presentó Fiscalía “no lo vinculan con una recaudación ilícita, más allá de deducciones abstractas”.
“No hay un solo empresario que lo haya mencionado como partícipe de la reunión donde se trasmitieron las tarifas ilegales ni de ninguna maniobra”, insistió. El único elemento “es que manejó la agenda del gobernador y tuvo lógico contacto con intendentes y dirigentes importes”. También cuestionó que se le impute figurar en las planillas de Lüters: “Hay muchas personas que figuran, no las trajeron a proceso, ocupaban despachos de mucha importancia en Casa de Gobierno, son políticamente muy influyentes pero nadie creyó que fueran parte de asociación”. Carpintero cumplió funciones del Gobierno. “Está acá porque tuvo estrechísima confianza de un importante dirigente político, eso no puede ser una imputación”.
Según el testimonio de Alexis Gabra, empleado de la Privada, Carpintero “no participaba en expedientes ni le pedían autorización”. En su celular secuestrado no había contacto con empresarios ni maniobras de recaudación. Sí distribuyó fondos reservados por montos mínimos. “Lüters también declaró que Carpintero no participaba de la situación”.
En cuanto al cargo por enriquecimiento ilícito, Ruffa no pidió el sobreseimiento completo pero sí recortar la acusación ya que buena parte de los episodios están prescriptos. “Fiscalía pretende traer a juicio hechos de fines de 2011 pero todo lo anterior al 16 de abril de 2013 debe descartarse. En diciembre de 2011 cesó en la función pública y desde allí corre la prescripción”.
Entre abril de 2014 y diciembre de 2015 Carpintero no fue funcionario provincial sino asesor de Mario Das Neves como diputado nacional. La justicia provincial no podría investigarlo.
Según la acusación, no declaró una moto tasada en $ 200 mil. “Cuesta mucho entender cómo alguien esconde una moto con malicia por un monto tan nimio cuando su supuesto enriquecimiento ronda los $ 45 millones”.
Ruffa se opuso a que declare el exjefe de G abinete Alberto Gilardino. “No está en condiciones porque por su vinculación evidente con los hechos podría autoincriminarse. Cuando nos toque interrogarlo o no podrá hablar o sale esposado”, advirtió el defensor.
En su respuesta al defensor, Nápoli afirmó que “hay abundantes y fuertes testimonios que dan cuenta de su rol dentro de la sociedad criminal, con manejo de fondos”. En esas entrevistas el acusado “no aparece con participación activa pidiendo plata espuria o como ideólogo, pero no implica descartarlo y queremos probarlo en el juicio”, dijo el fiscal.
Insistió con el testimonio de Gilardino. “Decir que un testigo se puede ir esposado de esta sala es un mensaje temerario, un tiro por elevación a quienes deben venir a testimoniar y una amenaza solapada para quienes cumplen con ética ciudadana”, advirtió Nápoli. “No hace falta decir eso a viva voz, nadie se va esposado por declarar en un juicio”.
El fiscal subrayó que los delitos contra la administración pública, como el enriquecimiento, son imprescriptibles. “Si nos equivocamos solamente en una moto, da cuenta de la magnitud de la acusación soportada por una evidencia importante”.