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Se comprobó que cinco empleados de Vialidad Provincial estafaron al Estado. Pero una defensora pública, un fiscal y un juez aceptaron una “conciliación” y fueron sobreseídos. Alberto Vargas le ganó una demanda a Lotería. Una cautelar contra el SUPA. Y más.

Cinco empleados de Vialidad Provincial que estafaron al Estado, beneficiados por una "conciliación".
29 DIC 2019 - 19:43 | Actualizado

El Poder Judicial de Chubut siempre deja tela para cortar. En verdad, los que dejan alguna que otra hilacha son algunos funcionarios de la Justicia que toman resoluciones que a veces parecen darse de frente con otras decisiones de sus propios colegas y ni qué hablar con el pensamiento de la sociedad.

La semana pasada, por ejemplo, el juez Daniel Yangüela homologó un acuerdo de conciliación propuesto por una defensora pública y avalada por el Ministerio Público Fiscal en un caso en donde se comprobó un perjuicio económico contra el Estado provincial.

El caso databa de octubre de 2018, cuando la fiscal de Puerto Madryn María Angélica Carcano solicitó la apertura de investigación contra cinco empleados de Vialidad Provincial por “defraudación agravada”.

Según aquella acusación, entre el 1° y el 18 de mayo de 2018, una empleada de mesa de entradas y auxiliar en el área de personal de Vialidad Provincial advirtió que un jefe de Zona; un jefe de Servicio Administrativo; uno de Patrimonio; un auxiliar de contaduría; y un empleado administrativo del área Técnica, habían percibido viáticos por comisiones que no habían realizado.

Concretamente, los acusados que supuestamente se encontraban de “comisión” en distintos lugares de la provincia, ficharon en esas fechas en la delegación Puerto Madryn.

Ante esta situación, la empleada que detectó la irregularidad informó al Jefe de Personal de Rawson, a fin de que se aclare la situación, por lo que se dio curso al correspondiente sumario administrativo.

Los acusados modificaron la versión, refiriendo que el error estaba en los partes de comisión, los cuales tienen carácter de declaración jurada. “Subsanado” el supuesto error, se advirtió que continuaban las incoherencias e inconsistencias. Entre ellas, que un vehículo de Vialidad Provincial había sido utilizado por dos de los empleados acusados en el mismo lapso temporario.

Algo más de un año después, cuando se debería haber iniciado el juicio por estafar al Estado provincial, la semana pasada la defensora pública Natalia Murillo, abogada adjunta de la Defensoría Pública, pidió que ante la carencia de antecedentes penales de los cinco imputados se otorgue la figura de la “conciliación” a cambio de que los empleados devuelvan el dinero mal habido.

El fiscal de la causa, Fernando Rivarola, aceptó sin más la propuesta y coincidió con la defensora en que en este caso no corría una parte importante del Artículo 47 del Código Procesal Penal de Chubut, que refiere –precisamente- a la conciliación: “Las partes podrán (…) arribar a conciliación en los delitos conminados con una pena cuyo mínimo no supere los tres años de prisión cometidos sin grave violencia física o intimidación sobre las personas, en los delitos de lesiones leves o en los delitos culposos”, reza ese artículo.

Pero en el final hay una aclaración importante: “La conciliación no procederá en los casos de delitos que exijan para su realización la calidad de funcionario público como sujeto activo”. Es decir, tanto la defensora Murillo como el fiscal Rivarola estuvieron de acuerdo en que los cinco empleados que estafaron a Vialidad no lo hicieron en su condición de funcionarios públicos. O que, al menos, no era necesario serlo para cometer el delito que le imputaba.

En consecuencia, la propuesta de la defensora fue aceptada sin fisuras por el fiscal y homologada por el juez Yangüela. Los cinco acusados estafaron al Estado en $ 152.469,14, que actualizados con un 30% de interés quedó en $ 198.209,88. “El costo de la realización de un juicio sería más alto que el monto demandado”, se excusó el fiscal.

Los cinco empleados de Vialidad depositaron ese monto y fueron sobreseídos por el juez. Caso cerrado.

Alberto Vargas vs. IAS

Alberto Vargas, extitular de Lotería del Chubut durante la gestión de Martín Buzzi y estrecho colaborador del ex gobernador Mario Das Neves durante muchos años, le volvió a ganar una pulseada a su antiguo empleador. Luego de haber sido sobreseído en una causa por presunta defraudación contra el Instituto de Asistencia Social (IAS), Vargas consiguió ahora que el Superior Tribunal de Justicia admitiera parcialmente un reclamo por el pago de los intereses moratorios adeudados respecto a la liquidación final que recibiera cuando dejó el IAS en diciembre de 2015.

Vargas había demandado al IAS por cobro de haberes presuntamente adeudados. Concretamente, reclamó no haber percibido los diez días trabajados en el mes de diciembre de 2015, el aguinaldo proporcional correspondiente a la segunda cuota de ese año y las vacaciones no gozadas en 2014 y 2015. El reclamo total de Vargas ascendía a $ 79.723,73.

En el medio del reclamo hubo un dictamen favorable al demandante firmado por el procurador general Jorge Miquelarena, que manifestó que hubo una mora considerable del IAS en el pago de la liquidación final, y que consideraba que correspondía hacer lugar a esta pretensión, calculando los intereses que fija el tribunal.

Ahora, los ministros del Superior Tribunal Alejandro Panizzi y Mario Vivas hicieron lugar al reclamo de Vargas y admitieron parcialmente la demanda en relación a la pretensión de los intereses moratorios devengados por la suma reconocida en concepto de capital adeudado, cuyo importe asciende a $ 75.630,76.

Según los ministros de la Corte provincial, los intereses deben computarse desde el 16 de diciembre de 2015 y hasta el 6 de marzo de 2018, día en que se canceló el capital, a la tasa activa de operaciones de descuento que fija el Banco del Chubut S.A.

Sesión exprés

Así, de manera sencilla y directa, había que calificar a la sesión extraordinaria que llevaron a cabo los diputados provinciales el viernes pasado. Los legisladores tardaron 18 minutos para aprobar once de los trece proyectos del paquete enviado por el Poder Ejecutivo. Es decir que en promedio se tomaron 98 segundos para aprobar cada uno.

La rapidez y la celeridad con la que llevó adelante la deliberación sorprendió a propios y extraños. Parecieron marcar una nueva época legislativa, con menos burocracia –como pidió el presidente de la casa, el vicegobernador Ricardo Sastre-, sobre todo para tratar aquellos temas que ya se habían acordado con anterioridad.

Fue tal la rapidez que cuando el cansino legislador de Juntos por el Cambio Manuel Pagliaroni le pidió a Sastre que leyera esos proyectos, recibió una rápida y contundente contestación: “Diputado, usted sabe que en los últimos ocho años jamás se leyeron”. Y continuó el debate veloz.

Tanto, que hasta algunos asesores llegaron tarde. Lo mismo que periodistas y empleados que cumplen tareas en la Casa de las Leyes. Es que no están acostumbrados a que la sesión arranque tan temprano. De hecho, estaba dispuesta para las 10 de la mañana y un día antes Sastre dispuso como hora de inicio las 8 en punto. “Tuvieron que venir a laburar a las 6 de la mañana, eso es un logro histórico”, ironizó un colaborador del flamante presidente de la Legislatura.

Por lo visto, se marcó el ritmo laboral que tendrán el próximo año. Aunque también se escuchó por los pasillos una vieja frase: “Escoba nueva barre bien”.

Cautelar SUPA

El juez civil y comercial de Rawson, Carlos Tesi, hizo lugar a una cautelar presentada contra el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos Chubut (SUPA) por ocho estibadores a los que el gremio no permitía trabajar en Puerto Rawson.

La resolución de Tesi le da una semana al SUPA para responder pero, mientras tanto, le ordena al gremio “la entrega inmediata de las credenciales plásticas pertenecientes a cada uno de los actores”.

Al parecer, el gremio trabó la posibilidad de que un grupo de trabajadores pudiera cumplir con sus tareas y ahora el juez pidió que el gremio desistiera de esa medida, al menos hasta que explique las razones de su decisión.

De juntos a separados

Una inesperada ruptura del bloque de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aportó un poco de picante al fin de año político en la ciudad petrolera.

Resulta que el edil radical Tomás Buffa cruzó a su par Omar Latancio, quien de manera sorpresiva, abandonó el bloque de JxC para armar un unibloque denominado “Raúl Alfonsín”.

Buffa dijo desconocer bien las razones que motivaron la decisión de Latancio: “Nos preocupa desde la concepción de esta agrupación, ya que teníamos pensado venir y darle pelea a la mala forma de hacer política pero lamentablemente él entiende que nuestra manera de trabajar no es la correcta.”

Insistió en remarcar el desconocimiento que llevó a Latancio a tomar la medida y sentenció que esto “lo hizo defraudándonos a nosotros y al partido (la UCR), por lo que estoy esperando que se manifieste sobre este tema y sobre todo defraudando a gran parte del electorado que apostó por nosotros, un 21% de la población de Comodoro que votó a Juntos por el Cambio”.

Buffa mencionó que el pasado viernes se reunió con Latancio y este le manifestó su deseo de “romper el bloque” al no sentirse “parte y ser la minoría de la minoría. Tenemos diez días de funcionamiento de los cuales el único tema que nos ocupa y que ha tenido profundidad de debate, ha sido la creación del Ente Comodoro Turismo, en donde ha participado de todas las audiencias públicas, y en las reuniones sobre este tema, y la verdad para mí no termina de ser claro cuál ha sido el motivo”, expresó el extitular del Enacom en la ciudad petrolera.

Expuso que el accionar de Latancio “fue una decisión política de su “facción” que ni siquiera es del radicalismo más allá de que se haga llamar ‘Raúl Alfonsín’”, y adujo que la misma es “una facción minoritaria del partido que ha tomado este camino que lo puedo respetar pero no entender y se está vulnerado a las mayorías electorales, a las que deberá darle sus explicaciones”.#

si va a seguir así la casa de las leyes mejor echarle llave.....

— Potro Williams (@alexanderw8) December 28, 2019

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Cinco empleados de Vialidad Provincial que estafaron al Estado, beneficiados por una "conciliación".
29 DIC 2019 - 19:43

El Poder Judicial de Chubut siempre deja tela para cortar. En verdad, los que dejan alguna que otra hilacha son algunos funcionarios de la Justicia que toman resoluciones que a veces parecen darse de frente con otras decisiones de sus propios colegas y ni qué hablar con el pensamiento de la sociedad.

La semana pasada, por ejemplo, el juez Daniel Yangüela homologó un acuerdo de conciliación propuesto por una defensora pública y avalada por el Ministerio Público Fiscal en un caso en donde se comprobó un perjuicio económico contra el Estado provincial.

El caso databa de octubre de 2018, cuando la fiscal de Puerto Madryn María Angélica Carcano solicitó la apertura de investigación contra cinco empleados de Vialidad Provincial por “defraudación agravada”.

Según aquella acusación, entre el 1° y el 18 de mayo de 2018, una empleada de mesa de entradas y auxiliar en el área de personal de Vialidad Provincial advirtió que un jefe de Zona; un jefe de Servicio Administrativo; uno de Patrimonio; un auxiliar de contaduría; y un empleado administrativo del área Técnica, habían percibido viáticos por comisiones que no habían realizado.

Concretamente, los acusados que supuestamente se encontraban de “comisión” en distintos lugares de la provincia, ficharon en esas fechas en la delegación Puerto Madryn.

Ante esta situación, la empleada que detectó la irregularidad informó al Jefe de Personal de Rawson, a fin de que se aclare la situación, por lo que se dio curso al correspondiente sumario administrativo.

Los acusados modificaron la versión, refiriendo que el error estaba en los partes de comisión, los cuales tienen carácter de declaración jurada. “Subsanado” el supuesto error, se advirtió que continuaban las incoherencias e inconsistencias. Entre ellas, que un vehículo de Vialidad Provincial había sido utilizado por dos de los empleados acusados en el mismo lapso temporario.

Algo más de un año después, cuando se debería haber iniciado el juicio por estafar al Estado provincial, la semana pasada la defensora pública Natalia Murillo, abogada adjunta de la Defensoría Pública, pidió que ante la carencia de antecedentes penales de los cinco imputados se otorgue la figura de la “conciliación” a cambio de que los empleados devuelvan el dinero mal habido.

El fiscal de la causa, Fernando Rivarola, aceptó sin más la propuesta y coincidió con la defensora en que en este caso no corría una parte importante del Artículo 47 del Código Procesal Penal de Chubut, que refiere –precisamente- a la conciliación: “Las partes podrán (…) arribar a conciliación en los delitos conminados con una pena cuyo mínimo no supere los tres años de prisión cometidos sin grave violencia física o intimidación sobre las personas, en los delitos de lesiones leves o en los delitos culposos”, reza ese artículo.

Pero en el final hay una aclaración importante: “La conciliación no procederá en los casos de delitos que exijan para su realización la calidad de funcionario público como sujeto activo”. Es decir, tanto la defensora Murillo como el fiscal Rivarola estuvieron de acuerdo en que los cinco empleados que estafaron a Vialidad no lo hicieron en su condición de funcionarios públicos. O que, al menos, no era necesario serlo para cometer el delito que le imputaba.

En consecuencia, la propuesta de la defensora fue aceptada sin fisuras por el fiscal y homologada por el juez Yangüela. Los cinco acusados estafaron al Estado en $ 152.469,14, que actualizados con un 30% de interés quedó en $ 198.209,88. “El costo de la realización de un juicio sería más alto que el monto demandado”, se excusó el fiscal.

Los cinco empleados de Vialidad depositaron ese monto y fueron sobreseídos por el juez. Caso cerrado.

Alberto Vargas vs. IAS

Alberto Vargas, extitular de Lotería del Chubut durante la gestión de Martín Buzzi y estrecho colaborador del ex gobernador Mario Das Neves durante muchos años, le volvió a ganar una pulseada a su antiguo empleador. Luego de haber sido sobreseído en una causa por presunta defraudación contra el Instituto de Asistencia Social (IAS), Vargas consiguió ahora que el Superior Tribunal de Justicia admitiera parcialmente un reclamo por el pago de los intereses moratorios adeudados respecto a la liquidación final que recibiera cuando dejó el IAS en diciembre de 2015.

Vargas había demandado al IAS por cobro de haberes presuntamente adeudados. Concretamente, reclamó no haber percibido los diez días trabajados en el mes de diciembre de 2015, el aguinaldo proporcional correspondiente a la segunda cuota de ese año y las vacaciones no gozadas en 2014 y 2015. El reclamo total de Vargas ascendía a $ 79.723,73.

En el medio del reclamo hubo un dictamen favorable al demandante firmado por el procurador general Jorge Miquelarena, que manifestó que hubo una mora considerable del IAS en el pago de la liquidación final, y que consideraba que correspondía hacer lugar a esta pretensión, calculando los intereses que fija el tribunal.

Ahora, los ministros del Superior Tribunal Alejandro Panizzi y Mario Vivas hicieron lugar al reclamo de Vargas y admitieron parcialmente la demanda en relación a la pretensión de los intereses moratorios devengados por la suma reconocida en concepto de capital adeudado, cuyo importe asciende a $ 75.630,76.

Según los ministros de la Corte provincial, los intereses deben computarse desde el 16 de diciembre de 2015 y hasta el 6 de marzo de 2018, día en que se canceló el capital, a la tasa activa de operaciones de descuento que fija el Banco del Chubut S.A.

Sesión exprés

Así, de manera sencilla y directa, había que calificar a la sesión extraordinaria que llevaron a cabo los diputados provinciales el viernes pasado. Los legisladores tardaron 18 minutos para aprobar once de los trece proyectos del paquete enviado por el Poder Ejecutivo. Es decir que en promedio se tomaron 98 segundos para aprobar cada uno.

La rapidez y la celeridad con la que llevó adelante la deliberación sorprendió a propios y extraños. Parecieron marcar una nueva época legislativa, con menos burocracia –como pidió el presidente de la casa, el vicegobernador Ricardo Sastre-, sobre todo para tratar aquellos temas que ya se habían acordado con anterioridad.

Fue tal la rapidez que cuando el cansino legislador de Juntos por el Cambio Manuel Pagliaroni le pidió a Sastre que leyera esos proyectos, recibió una rápida y contundente contestación: “Diputado, usted sabe que en los últimos ocho años jamás se leyeron”. Y continuó el debate veloz.

Tanto, que hasta algunos asesores llegaron tarde. Lo mismo que periodistas y empleados que cumplen tareas en la Casa de las Leyes. Es que no están acostumbrados a que la sesión arranque tan temprano. De hecho, estaba dispuesta para las 10 de la mañana y un día antes Sastre dispuso como hora de inicio las 8 en punto. “Tuvieron que venir a laburar a las 6 de la mañana, eso es un logro histórico”, ironizó un colaborador del flamante presidente de la Legislatura.

Por lo visto, se marcó el ritmo laboral que tendrán el próximo año. Aunque también se escuchó por los pasillos una vieja frase: “Escoba nueva barre bien”.

Cautelar SUPA

El juez civil y comercial de Rawson, Carlos Tesi, hizo lugar a una cautelar presentada contra el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos Chubut (SUPA) por ocho estibadores a los que el gremio no permitía trabajar en Puerto Rawson.

La resolución de Tesi le da una semana al SUPA para responder pero, mientras tanto, le ordena al gremio “la entrega inmediata de las credenciales plásticas pertenecientes a cada uno de los actores”.

Al parecer, el gremio trabó la posibilidad de que un grupo de trabajadores pudiera cumplir con sus tareas y ahora el juez pidió que el gremio desistiera de esa medida, al menos hasta que explique las razones de su decisión.

De juntos a separados

Una inesperada ruptura del bloque de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aportó un poco de picante al fin de año político en la ciudad petrolera.

Resulta que el edil radical Tomás Buffa cruzó a su par Omar Latancio, quien de manera sorpresiva, abandonó el bloque de JxC para armar un unibloque denominado “Raúl Alfonsín”.

Buffa dijo desconocer bien las razones que motivaron la decisión de Latancio: “Nos preocupa desde la concepción de esta agrupación, ya que teníamos pensado venir y darle pelea a la mala forma de hacer política pero lamentablemente él entiende que nuestra manera de trabajar no es la correcta.”

Insistió en remarcar el desconocimiento que llevó a Latancio a tomar la medida y sentenció que esto “lo hizo defraudándonos a nosotros y al partido (la UCR), por lo que estoy esperando que se manifieste sobre este tema y sobre todo defraudando a gran parte del electorado que apostó por nosotros, un 21% de la población de Comodoro que votó a Juntos por el Cambio”.

Buffa mencionó que el pasado viernes se reunió con Latancio y este le manifestó su deseo de “romper el bloque” al no sentirse “parte y ser la minoría de la minoría. Tenemos diez días de funcionamiento de los cuales el único tema que nos ocupa y que ha tenido profundidad de debate, ha sido la creación del Ente Comodoro Turismo, en donde ha participado de todas las audiencias públicas, y en las reuniones sobre este tema, y la verdad para mí no termina de ser claro cuál ha sido el motivo”, expresó el extitular del Enacom en la ciudad petrolera.

Expuso que el accionar de Latancio “fue una decisión política de su “facción” que ni siquiera es del radicalismo más allá de que se haga llamar ‘Raúl Alfonsín’”, y adujo que la misma es “una facción minoritaria del partido que ha tomado este camino que lo puedo respetar pero no entender y se está vulnerado a las mayorías electorales, a las que deberá darle sus explicaciones”.#

si va a seguir así la casa de las leyes mejor echarle llave.....

— Potro Williams (@alexanderw8) December 28, 2019


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