Aunque ayer el ministro de Economía, Oscar Antonena dio algunas pistas sobre el plan fiscal que enviarán a la Legislatura –que casi seguro será tratado en extraordinarias este mismo mes-, Jornada accedió a algunos de los puntos centrales que contendrá el programa tributario con el que el Gobierno intentará recaudar unos $ 2.500 millones.
El punto central es una modificación de la Ley de Obligaciones Tributarias, más precisamente al impuesto sobre los Ingresos Brutos, incrementando las alícuotas para determinadas actividades (no está claro aún cuáles serían) de acuerdo a la escala de ingresos brutos anuales.
En el equipo económico creen que de esta manera se mantendría el cumplimiento el Consenso Fiscal 2019 para aquellos que tienen menores Ingresos Brutos, pero se incrementarían en términos de “solidaridad” para aquellos contribuyentes de mayor capacidad contributiva.
Con esta modificación, se estima tener una recaudación extra en todo el año que podría rondar los $ 1.200 millones.
Asimismo, se evalúa una modificación en el Impuesto Inmobiliario Rural, comenzando a cobrarlo después de 17 años, que agregaría otros $ 20 millones.
También se incrementaría el valor del “Módulo” del Impuesto de Sellos, incorporando gravámenes a algunos contratos de provisión en energías renovables, que acercarían a la caja otros $ 7 millones.
Pesca y Banco
El plan incluye, además, una modificación del Artículo 3º de la Ley de Pesca, para que se empiece a pagar la alícuota en forma completa (es decir, sin reducciones), lo que a su vez implicará un incremento de la alícuota para aquellos productos cuyo destino sea fuera de la Provincia y salgan sin congelar. El estimado de recaudación ronda los $ 150 millones anuales.
También se prevé la modificación de la ley que creó al Banco del Chubut como una Sociedad Anónima, en la cual se lo exime al ser la entidad crediticia provincial de pagar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos. Con este cambio ingresarían hasta $ 700 millones al año.
El Ministerio de Economía evalúa también impulsar una Ley de Facilidades de Pago (es decir, una moratoria para poder pagar impuestos vencidos) que contempla las deudas vencidas a noviembre de 2019, con la condición de que los contribuyentes que quieran adherirse deberán encontrarse al día con los vencimientos posteriores hasta el momento de la adhesión.
Como complemento, se exigirá el pago anticipado del 5% del monto total consolidado. En total, esperan poder recaudar de esta manera unos $ 450 millones.
También incluirían una modificación del Código Fiscal en cuanto a ampliar los Tribunales sobre los que se puedan tramitar los juicios de ejecución por deudas impositivas, de tal manera que a elección de la Dirección General de Rentas (DGR) pueda hacerse en los Tribunales que correspondan al domicilio del deudor.
Si bien esto no significaría un aumento en la recaudación, si le daría mayor agilidad y menores plazos al proceso de cobro de los juicios, según se pudo saber.
El último punto destacado, aunque sin demasiados detalles, es que se buscaría derogar una ley que establecía exenciones en el Impuesto de Sellos para contratos de exploración y explotación de minerales, que está vigente desde 1994.
Aunque ayer el ministro de Economía, Oscar Antonena dio algunas pistas sobre el plan fiscal que enviarán a la Legislatura –que casi seguro será tratado en extraordinarias este mismo mes-, Jornada accedió a algunos de los puntos centrales que contendrá el programa tributario con el que el Gobierno intentará recaudar unos $ 2.500 millones.
El punto central es una modificación de la Ley de Obligaciones Tributarias, más precisamente al impuesto sobre los Ingresos Brutos, incrementando las alícuotas para determinadas actividades (no está claro aún cuáles serían) de acuerdo a la escala de ingresos brutos anuales.
En el equipo económico creen que de esta manera se mantendría el cumplimiento el Consenso Fiscal 2019 para aquellos que tienen menores Ingresos Brutos, pero se incrementarían en términos de “solidaridad” para aquellos contribuyentes de mayor capacidad contributiva.
Con esta modificación, se estima tener una recaudación extra en todo el año que podría rondar los $ 1.200 millones.
Asimismo, se evalúa una modificación en el Impuesto Inmobiliario Rural, comenzando a cobrarlo después de 17 años, que agregaría otros $ 20 millones.
También se incrementaría el valor del “Módulo” del Impuesto de Sellos, incorporando gravámenes a algunos contratos de provisión en energías renovables, que acercarían a la caja otros $ 7 millones.
Pesca y Banco
El plan incluye, además, una modificación del Artículo 3º de la Ley de Pesca, para que se empiece a pagar la alícuota en forma completa (es decir, sin reducciones), lo que a su vez implicará un incremento de la alícuota para aquellos productos cuyo destino sea fuera de la Provincia y salgan sin congelar. El estimado de recaudación ronda los $ 150 millones anuales.
También se prevé la modificación de la ley que creó al Banco del Chubut como una Sociedad Anónima, en la cual se lo exime al ser la entidad crediticia provincial de pagar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos. Con este cambio ingresarían hasta $ 700 millones al año.
El Ministerio de Economía evalúa también impulsar una Ley de Facilidades de Pago (es decir, una moratoria para poder pagar impuestos vencidos) que contempla las deudas vencidas a noviembre de 2019, con la condición de que los contribuyentes que quieran adherirse deberán encontrarse al día con los vencimientos posteriores hasta el momento de la adhesión.
Como complemento, se exigirá el pago anticipado del 5% del monto total consolidado. En total, esperan poder recaudar de esta manera unos $ 450 millones.
También incluirían una modificación del Código Fiscal en cuanto a ampliar los Tribunales sobre los que se puedan tramitar los juicios de ejecución por deudas impositivas, de tal manera que a elección de la Dirección General de Rentas (DGR) pueda hacerse en los Tribunales que correspondan al domicilio del deudor.
Si bien esto no significaría un aumento en la recaudación, si le daría mayor agilidad y menores plazos al proceso de cobro de los juicios, según se pudo saber.
El último punto destacado, aunque sin demasiados detalles, es que se buscaría derogar una ley que establecía exenciones en el Impuesto de Sellos para contratos de exploración y explotación de minerales, que está vigente desde 1994.