Editorial / La última oportunidad
Leé La Columna del Domingo, el tradicional análisis de la edición impresa de Jornada.
Por ahora no están los votos. Ni van a estar, aseguran algunos de los diputados del bloque oficialista, que se convirtieron en una inesperada piedra en el zapato (primero con la minería, ahora con el ajuste) que el Gobierno provincial va a tener que tratar de sacarse desde mañana cuando comiencen las reuniones formales entre el ministro de Economía, Oscar Antonena, y los diputados de Chubut al Frente.
El viernes hubo una extensa reunión en la Legislatura de la que participaron casi todos los legisladores oficialistas. No estuvo el presidente de la casa, el vicegobernador Ricardo Sastre, que le avisó al gobernador Mariano Arcioni de su ausencia para atender cuestiones en Puerto Madryn pero también le anticipó el descontento que percibía en el bloque.
El primer “poroteo” aportó un mal resultado para el Gobierno. Al menos la mitad del bloque oficialista no ve con buenos ojos el plan anunciado por Antonena y no está dispuesto a aprobarlo. No a libro cerrado.
El Frente de Todos ya anticipó que de ninguna manera aprobará un ajuste en el que la mayor carga la lleven los trabajadores; y el trío de Juntos por el Cambio tampoco lo votaría pero, al menos, le pidió por escrito al ministro de Economía una serie de números y precisiones que deberá presentar en la reunión de mañana.
No es la principal razón, pero tanto los diputados como los gremios también se quejaron de la falta de comunicación con el Ejecutivo. A nadie se le puede ocurrir que un antipático plan de ajuste no se charle primero en privado con los sectores afectados o con los que tendrán que levantar sus manos para aprobarlo.
Para muchos, la política es el arte de la negociación. Menos para los que merodean por los despachos de Fontana 50.
A destiempo
Intentar hacer lo que hay que hacer pero a destiempo. Así se puede sintetizar el manotazo que dio el Gobierno provincial la semana pasada al anunciar un plan de ajuste que por ahora tiene más datos de lo mal que está la Provincia que de cómo se piensa llevar adelante esa reestructuración de un Estado que está detonado hace rato.
Ni el discurso grabado y divulgado por redes sociales del gobernador Mariano Arcioni, ni el anuncio sobre la decisión de no cobrar el sueldo durante seis meses parecieron dos buenas decisiones comunicacionales.
Tampoco cayó bien en algunos sectores políticos –aunque sea cierto- que Arcioni cuestionara a sus antecesores sin nombrarlos (Mario Das Neves y Martin Buzzi), al hablar de los “endeudamientos poco planificados” que hubo en los últimos años y que llevaron a la Provincia a esta situación.
El problema es que Arcioni fue parte del gobierno de Das Neves y presidía la Legislatura cuando se aprobaron los últimos dos grandes endeudamientos: uno de 650 millones de dólares, en julio de 2016; y otro de 32 millones de dólares, un año después. A veces, un poco de autocrítica a tiempo ayuda.
Operativo recaudación
El anuncio del ajuste estuvo plagado de datos que explican cómo y por qué se llegó a esta situación pero dejó gusto a poco sobre la forma en que se piensa salir del pozo.
Por ejemplo, no se explicó casi nada de la renegociación de los vencimientos de deuda que tiene este año la Provincia. Ni tampoco la forma en que se van a llevar adelante los tan mentados retiros voluntarios para achicar la planta de empleados.
Todo el anuncio estuvo signado por el apuro. Dio la sensación de que el plan recién se había empezado a cocinar pero el rechazo de la Casa Rosada a concederle un salvataje económico hasta que Chubut anuncie su propio ajuste, obligó a redondear un programa de reestructuración al que le faltan medidas y le sobran dudas.
El plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas ya generó una dura reacción de los gremios estatales y de los propios jubilados, que creen que las medidas que se quieren tomar ponen en riesgo la caja de previsión.
El programa tributario con el que el Gobierno intentará recaudar unos $ 2.500 millones extras este año también deja dudas. Además, un impuestazo siempre es difícil de explicar.
Se habla de incrementar alícuotas para determinadas actividades, y en privado usan la palabra “solidaridad” para aquellos contribuyentes de mayor capacidad contributiva: esperan recaudar 1.200 millones de pesos; se quiere echar mano al Impuesto Inmobiliario Rural, que no se paga hace 17 años, y que apenas agregaría otros 20 millones de pesos a la bolsa; y se incluye un impuesto a las “energías renovables” (básicamente, la eólica), que acercarían apenas 7 millones de pesos.
Dos puntos sensibles y que van a traer cola si llegan a la Legislatura son la idea de hacerle pagar más (unos 150 millones de pesos) al sector pesquero, uno de los pocos a los que le fue bien en estos últimos años; y también modificar la ley que creó al Banco del Chubut S.A., en la cual se lo eximía de pagar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos. Con este cambio ingresarían hasta $ 700 millones al año.
Se acaba el tiempo
Si los diputados del oficialismo no dan el brazo a torcer. O si, mejor dicho, el ministro Antonena no logra convencerlos de que el plan es viable, no afectará a los trabajadores y será la piedra fundacional para una etapa de mayor orden económico, financiero y político, el tiempo de Arcioni comenzará consumirse dramáticamente. Es la última oportunidad que tiene el Gobierno para levantar la puntería.
Sin apoyo financiero importante del Gobierno nacional, con dificultades para sacar el primer paquete de medidas en una Legislatura en la que presuntamente tiene “mayoría” y con los gremios ganando otra vez la calle, al gobernador se le hará difícil seguir gobernando.
Chubut arrastra una crisis política profunda desde hace varios años, agravada por serias dificultades económicas y financieras. Una combinación casi letal a la que muy pocos gobiernos logran sobrevivir cuando la soledad ocupa mucho espacio en el poder.
Por ahora no están los votos. Ni van a estar, aseguran algunos de los diputados del bloque oficialista, que se convirtieron en una inesperada piedra en el zapato (primero con la minería, ahora con el ajuste) que el Gobierno provincial va a tener que tratar de sacarse desde mañana cuando comiencen las reuniones formales entre el ministro de Economía, Oscar Antonena, y los diputados de Chubut al Frente.
El viernes hubo una extensa reunión en la Legislatura de la que participaron casi todos los legisladores oficialistas. No estuvo el presidente de la casa, el vicegobernador Ricardo Sastre, que le avisó al gobernador Mariano Arcioni de su ausencia para atender cuestiones en Puerto Madryn pero también le anticipó el descontento que percibía en el bloque.
El primer “poroteo” aportó un mal resultado para el Gobierno. Al menos la mitad del bloque oficialista no ve con buenos ojos el plan anunciado por Antonena y no está dispuesto a aprobarlo. No a libro cerrado.
El Frente de Todos ya anticipó que de ninguna manera aprobará un ajuste en el que la mayor carga la lleven los trabajadores; y el trío de Juntos por el Cambio tampoco lo votaría pero, al menos, le pidió por escrito al ministro de Economía una serie de números y precisiones que deberá presentar en la reunión de mañana.
No es la principal razón, pero tanto los diputados como los gremios también se quejaron de la falta de comunicación con el Ejecutivo. A nadie se le puede ocurrir que un antipático plan de ajuste no se charle primero en privado con los sectores afectados o con los que tendrán que levantar sus manos para aprobarlo.
Para muchos, la política es el arte de la negociación. Menos para los que merodean por los despachos de Fontana 50.
A destiempo
Intentar hacer lo que hay que hacer pero a destiempo. Así se puede sintetizar el manotazo que dio el Gobierno provincial la semana pasada al anunciar un plan de ajuste que por ahora tiene más datos de lo mal que está la Provincia que de cómo se piensa llevar adelante esa reestructuración de un Estado que está detonado hace rato.
Ni el discurso grabado y divulgado por redes sociales del gobernador Mariano Arcioni, ni el anuncio sobre la decisión de no cobrar el sueldo durante seis meses parecieron dos buenas decisiones comunicacionales.
Tampoco cayó bien en algunos sectores políticos –aunque sea cierto- que Arcioni cuestionara a sus antecesores sin nombrarlos (Mario Das Neves y Martin Buzzi), al hablar de los “endeudamientos poco planificados” que hubo en los últimos años y que llevaron a la Provincia a esta situación.
El problema es que Arcioni fue parte del gobierno de Das Neves y presidía la Legislatura cuando se aprobaron los últimos dos grandes endeudamientos: uno de 650 millones de dólares, en julio de 2016; y otro de 32 millones de dólares, un año después. A veces, un poco de autocrítica a tiempo ayuda.
Operativo recaudación
El anuncio del ajuste estuvo plagado de datos que explican cómo y por qué se llegó a esta situación pero dejó gusto a poco sobre la forma en que se piensa salir del pozo.
Por ejemplo, no se explicó casi nada de la renegociación de los vencimientos de deuda que tiene este año la Provincia. Ni tampoco la forma en que se van a llevar adelante los tan mentados retiros voluntarios para achicar la planta de empleados.
Todo el anuncio estuvo signado por el apuro. Dio la sensación de que el plan recién se había empezado a cocinar pero el rechazo de la Casa Rosada a concederle un salvataje económico hasta que Chubut anuncie su propio ajuste, obligó a redondear un programa de reestructuración al que le faltan medidas y le sobran dudas.
El plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas ya generó una dura reacción de los gremios estatales y de los propios jubilados, que creen que las medidas que se quieren tomar ponen en riesgo la caja de previsión.
El programa tributario con el que el Gobierno intentará recaudar unos $ 2.500 millones extras este año también deja dudas. Además, un impuestazo siempre es difícil de explicar.
Se habla de incrementar alícuotas para determinadas actividades, y en privado usan la palabra “solidaridad” para aquellos contribuyentes de mayor capacidad contributiva: esperan recaudar 1.200 millones de pesos; se quiere echar mano al Impuesto Inmobiliario Rural, que no se paga hace 17 años, y que apenas agregaría otros 20 millones de pesos a la bolsa; y se incluye un impuesto a las “energías renovables” (básicamente, la eólica), que acercarían apenas 7 millones de pesos.
Dos puntos sensibles y que van a traer cola si llegan a la Legislatura son la idea de hacerle pagar más (unos 150 millones de pesos) al sector pesquero, uno de los pocos a los que le fue bien en estos últimos años; y también modificar la ley que creó al Banco del Chubut S.A., en la cual se lo eximía de pagar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos. Con este cambio ingresarían hasta $ 700 millones al año.
Se acaba el tiempo
Si los diputados del oficialismo no dan el brazo a torcer. O si, mejor dicho, el ministro Antonena no logra convencerlos de que el plan es viable, no afectará a los trabajadores y será la piedra fundacional para una etapa de mayor orden económico, financiero y político, el tiempo de Arcioni comenzará consumirse dramáticamente. Es la última oportunidad que tiene el Gobierno para levantar la puntería.
Sin apoyo financiero importante del Gobierno nacional, con dificultades para sacar el primer paquete de medidas en una Legislatura en la que presuntamente tiene “mayoría” y con los gremios ganando otra vez la calle, al gobernador se le hará difícil seguir gobernando.
Chubut arrastra una crisis política profunda desde hace varios años, agravada por serias dificultades económicas y financieras. Una combinación casi letal a la que muy pocos gobiernos logran sobrevivir cuando la soledad ocupa mucho espacio en el poder.