Empresarios de la pesca amenazan con la paralización total de la actividad
Los empresarios de la Flota Amarilla, de la Artesanal, armadores independientes y empresas como Conarpesa y Veraz, acordaron que si el Gobierno Provincial no elimina el impuesto que la Legislatura sancionó en 2018 y por el cual deben abonar el equivalente a medio libro de combustible Premium por cada cajón de langostino que desembarcan, paralizarán toda la actividad pesquera y no saldrán más barcos a pescar desde los puertos de Rawson, Madryn y Camarones.
Lo adelantó el presidente de la Cámara de Armadores de la Flota Amarilla del Chubut luego del encuentro con los otros actores del sector pesquero de la provincia. Los empresarios también se reunirán con los sindicatos que nuclean a los trabajadores pesqueros para unificar el rechazo a este impuesto provincial.
Solicitan urgente una reunión con los diputados provinciales para expresarles su punto de vista e informarles de la situación del sector.
En setiembre de 2018 la Legislatura aprobó el Fondo Ambiental Provincial –FAP- por el cual se cobra al armador el equivalente a medio litro de combustible Premium por cada cajón de langostino desembarcado. Este dinero es destinado en parte a cada municipio portuario para que realicen obras ambientales en sus respectivos puertos.
Hasta el momento los empresarios no han abonado un solo peso de este canon y esperan las resoluciones de los amparos que presentaron.
Gustavo González explica que desde que está en vigencia el FAP “viene generando en la flota una deuda por la cual hemos presentado mediante cámaras y también en forma independiente, varios amparos judiciales, porque es una doble imposición y es anticonstitucional”. Lo que ocurre es que, por la Ley Nº 2409 “donde pagamos un canon de extracción, está contemplado el impacto ambiental”.
Por este rechazo al FAP “le hemos hecho varias veces este reclamo al Ejecutivo, quien al momento de la sanción de la ley la vetó, pero la Legislatura insistió y fue publicado con fuerza de ley”.
“Nadie lo pagó y los amparos están siendo tratados, entonces, cada cajón que está siendo descargado en los puertos genera deuda”. Pero ocurre en tres de los cuatro puertos que tiene Chubut. En el puerto de Comodoro Rivadavia “se juntaron los armadores que lo operan y lograron exceptuarlo del pago de este canon”, aclaró González por lo que esto también “nos pone en situación desfavorable, porque en un puerto tenés un impuesto y en otros no”.
“Pedimos con urgencia una reunión con los diputados para exponer nuestro punto de vista de este impuesto y que entiendan cuál es la situación que atraviesa el sector, porque todos los impuestos que se pagan se deben descontar de la tripulación, por lo que no impacta solamente en las empresas armadoras sino también en todas las tripulaciones y trabajadores”, reclamó el empresario.
Ahora los empresarios están evaluando que, “antes de generar más deuda, se paralice la flota, la extracción de langostino”, restando dos meses para que finalice la temporada. Esta medida, que se discutirá con los gremios para hacerla en conjunto, representa 7.800 personas que pasarían a estar desocupadas, entre los “trabajadores embarcados, de descarga, transportistas y de las plantas” de los puertos de Rawson, Madryn y Camarones.
González estimó que un 70% del valor del cajón de langostino capturado se destina al pago de impuestos, refacciones, personal y gastos en general de la embarcación. Si se suma el FAP, se tendrá menos del 30% del cajón como ganancia de la actividad.
Conflicto en Puerto Rawson: buscan solución
Lo adelantó el presidente de la Cámara de Armadores de la Flota Amarilla del Chubut luego del encuentro con los otros actores del sector pesquero de la provincia. Los empresarios también se reunirán con los sindicatos que nuclean a los trabajadores pesqueros para unificar el rechazo a este impuesto provincial.
Solicitan urgente una reunión con los diputados provinciales para expresarles su punto de vista e informarles de la situación del sector.
En setiembre de 2018 la Legislatura aprobó el Fondo Ambiental Provincial –FAP- por el cual se cobra al armador el equivalente a medio litro de combustible Premium por cada cajón de langostino desembarcado. Este dinero es destinado en parte a cada municipio portuario para que realicen obras ambientales en sus respectivos puertos.
Hasta el momento los empresarios no han abonado un solo peso de este canon y esperan las resoluciones de los amparos que presentaron.
Gustavo González explica que desde que está en vigencia el FAP “viene generando en la flota una deuda por la cual hemos presentado mediante cámaras y también en forma independiente, varios amparos judiciales, porque es una doble imposición y es anticonstitucional”. Lo que ocurre es que, por la Ley Nº 2409 “donde pagamos un canon de extracción, está contemplado el impacto ambiental”.
Por este rechazo al FAP “le hemos hecho varias veces este reclamo al Ejecutivo, quien al momento de la sanción de la ley la vetó, pero la Legislatura insistió y fue publicado con fuerza de ley”.
“Nadie lo pagó y los amparos están siendo tratados, entonces, cada cajón que está siendo descargado en los puertos genera deuda”. Pero ocurre en tres de los cuatro puertos que tiene Chubut. En el puerto de Comodoro Rivadavia “se juntaron los armadores que lo operan y lograron exceptuarlo del pago de este canon”, aclaró González por lo que esto también “nos pone en situación desfavorable, porque en un puerto tenés un impuesto y en otros no”.
“Pedimos con urgencia una reunión con los diputados para exponer nuestro punto de vista de este impuesto y que entiendan cuál es la situación que atraviesa el sector, porque todos los impuestos que se pagan se deben descontar de la tripulación, por lo que no impacta solamente en las empresas armadoras sino también en todas las tripulaciones y trabajadores”, reclamó el empresario.
Ahora los empresarios están evaluando que, “antes de generar más deuda, se paralice la flota, la extracción de langostino”, restando dos meses para que finalice la temporada. Esta medida, que se discutirá con los gremios para hacerla en conjunto, representa 7.800 personas que pasarían a estar desocupadas, entre los “trabajadores embarcados, de descarga, transportistas y de las plantas” de los puertos de Rawson, Madryn y Camarones.
González estimó que un 70% del valor del cajón de langostino capturado se destina al pago de impuestos, refacciones, personal y gastos en general de la embarcación. Si se suma el FAP, se tendrá menos del 30% del cajón como ganancia de la actividad.
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