El jefe de la Unidad Anticorrupción fue a SEROS y pidió información sobre tres exfuncionarios

Debido a las declaraciones que hizo el abogado defensor de Cristian Eguillor en la audiencia por la cual se investiga al expresidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros por negociaciones incompatibles, el fiscal Omar Rodríguez inició una investigación preliminar que incluye a integrantes del directorio de la obra social actuales y de años anteriores.

Federico Ruffa alegó en el marco de la defensa de Eguillor que lo que el Ministerio Público Fiscal le imputaba era práctica habitual de las autoridades anteriores en la obra social provincial.

Por ese motivo, Rodríguez presentó un escrito en el ISSyS con una serie de requerimientos que deberá responder el director de Asesoría Legal, Pablo Aguilera.

Entre los puntos que pidió información se encuentran: la normativa vigente para las relaciones contractuales entre el Instituto y los prestadores; quién tiene a su cargo las contrataciones y el control de las mismas, si personas de apellido González, Hernández y Schulman ocuparon cargos en el Directorio del Instituto y durante qué período de tiempo.

Además se pidió información a SEROS en cuanto a si Leandro González, Ignacio Hernández y Alberto Schulman suscribieron resoluciones autorizando la modificación de aranceles con el consiguiente aumento de los mismos, respecto de prácticas profesionales que eran cumplidas por los propios miembros del Directorio en el ejercicio de su profesión. También pidió conocer si los mencionados integraban sociedades que contrataban con el ISSyS.

Otro punto que incluyó en el escrito refiere a si algún miembro del Directorio contrata con sí mismo recibiendo una contraprestación de la obra social y si existen en la actualidad empleados y funcionarios del Estado Provincial que a su vez sean proveedores del Instituto.

Detalles

Rodríguez aclaró que el ISSyS no tiene un régimen de contratación propio. “Entonces están adheridos a la Ley 5447 ahora II N°76, que en el artículo N°102 dice que agentes o funcionarios públicos no pueden contratar con el Estado Provincial”.

Esto implica que “si sos médico o bioquímico y contratás con el Estado, está obligado a pagarte la prestación a través de la obra social. Y existiría una incompatibilidad si además es funcionario que también trabaja para el Estado. Entonces si sos funcionario no deberías contratar con la obra social”.

En estos primeros pasos de la investigación, el fiscal sostiene que “hay médicos que son prestadores médicos y son funcionarios. También hay otros que tienen centros médicos. Pero nunca nadie dijo nada porque no está escrito que no lo pueden hacer”.

Pero al fiscal le preocupa otra cuestión que, para él, es más grave: el incremento de los aranceles para el beneficio personal.

Rodríguez remarca que si alguien es integrante del Directorio de SEROS “participa de las resoluciones aumentándote los aranceles. Por lo que SEROS debería no tener que pagar al médico que es funcionario. Es más grave cuando integro el Directorio y me aumento a mí mismo, eso es incompatibilidad”, sostiene.

Y ese es el delito que le achacan a Eguillor: negociaciones incompatibles con los deberes de funcionario público según el Artículo 265 del Código Penal.

El fiscal Rodríguez también requirió en su escrito a que las autoridades de SEROS informen sobre alguna observación que hayan recibido desde el Tribunal de Cuentas respecto de algún miembro del Directorio.

Es que habría un antecedente respecto a un integrante del Directorio quien tuvo que realizar el descargo. El Tribunal marcó que uno de los vocales del ISSyS era prestador y participaba de las resoluciones de incremento tarifario.

“Hay dos dictámenes en el Tribunal de Cuentas”, de dos integrantes distintos “que hicieron esas observaciones”.

El vocal “tendría que haberse excusado antes de haber intervenido en esas resoluciones ya que violentó la imparcialidad que tendría que tener el funcionario público”.

Rodríguez remarcó que inició esta investigación por lo que dijo el abogado Ruffa públicamente, no sólo en la audiencia sino también a los medios.

En cuanto al período de tiempo en que buscará antecedentes dentro del ISSyS, explicó que se toma para la prescripción la pena máxima del delito, en este caso 6 años. Aunque hay jurisprudencia de la Cámara de Casación Penal de Buenos Aires que marca que los delitos de corrupción son imprescriptibles.

Por último consideró que “se debe blanquear esta situación, porque hay subsecretarios y otros funcionarios que son proveedores del Estado”. Resta aguardar cómo avanza la pesquisa preliminar. #