El IPV denunció casos de tráfico de influencias y cobros para poder agilizar las adjudicaciones
El delegado del Instituto Provincial de la Vivienda en Comodoro Rivadavia denunció posibles casos de tráfico de influencia y cobros para agilizar trámites y adjudicaciones.
“No hay manera de que pudiera entrar tal o cual persona de un modo ilegal”, dijo Martín Iparraguirre sobre nuevos casos de cobros económicos para acceder “a algún tipo de derecho o sistema de adjudicación”.
Señaló que las entidades intermedias presentan listados con posibles beneficiarios y los chequea el IPV. En conferencia de prensa junto al delegado del Ministerio de Gobierno en Comodoro, José Luis González, precisó que “seguimos recopilando la información y las pruebas necesarias como para realizar las denuncias que en este momento están en proceso”.
Iparraguirre aclaró que se trabaja con las entidades intermedias para que se asegure el cumplimiento de la normativa en los procesos de adjudicación de viviendas. Ellas mismas “tienen que transmitir que no hay otra manera de llevarlos adelante que no sea mediante los registros permanentes y los controles”.
Iparraguirre recordó que en febrero de 2019, “luego de seguir un caso particular, presenté ante la Fiscalía una denuncia penal porque se estaba traficando económicamente la ocupación de una vivienda en un barrio”.
González, por su parte, manifestó que “la impronta es la transparencia, ayudar a la gente y acá se ve claramente que hay personas perjudicadas”.
Aseguró que “si alguien usa esta operación efectivamente es un engaño hacia la gente” y aclaró que nadie está autorizado a cobrar en nombre del IPV: “Tiene que ir directamente a la delegación y cumplir con un protocolo”.
“No hay manera de que pudiera entrar tal o cual persona de un modo ilegal”, dijo Martín Iparraguirre sobre nuevos casos de cobros económicos para acceder “a algún tipo de derecho o sistema de adjudicación”.
Señaló que las entidades intermedias presentan listados con posibles beneficiarios y los chequea el IPV. En conferencia de prensa junto al delegado del Ministerio de Gobierno en Comodoro, José Luis González, precisó que “seguimos recopilando la información y las pruebas necesarias como para realizar las denuncias que en este momento están en proceso”.
Iparraguirre aclaró que se trabaja con las entidades intermedias para que se asegure el cumplimiento de la normativa en los procesos de adjudicación de viviendas. Ellas mismas “tienen que transmitir que no hay otra manera de llevarlos adelante que no sea mediante los registros permanentes y los controles”.
Iparraguirre recordó que en febrero de 2019, “luego de seguir un caso particular, presenté ante la Fiscalía una denuncia penal porque se estaba traficando económicamente la ocupación de una vivienda en un barrio”.
González, por su parte, manifestó que “la impronta es la transparencia, ayudar a la gente y acá se ve claramente que hay personas perjudicadas”.
Aseguró que “si alguien usa esta operación efectivamente es un engaño hacia la gente” y aclaró que nadie está autorizado a cobrar en nombre del IPV: “Tiene que ir directamente a la delegación y cumplir con un protocolo”.