Iturrioz: “La intención es destituirme urgente y a como dé lugar, sin importar las formas ni el motivo”

Luego de que el Consejo de la Magistratura lo enviara a un jury por mal desempeño, Iturrioz presentó un amparo ante la Cámara de Apelaciones para que su evaluación se haga de nuevo. “No les molestó mi desempeño sino que les desagrada sobre manera lo que pienso, lo que digo y en definitiva, quien soy”.

01 MAR 2020 - 20:53 | Actualizado

Por Rolando Tobarez / @rtobarez

En un durísimo escrito, el fiscal de Comodoro Rivadavia Héctor Iturrioz presentó un amparo para que se declare nula la decisión del Consejo de la Magistratura del Chubut que declaró “insatisfactorio” su desempeño de sus primeros tres años de trabajo, agosto de 2014 a agosto de 2017, y lo envió a un jury de enjuiciamiento. Pidió a la Cámara de Apelaciones que lo vuelvan a evaluar y no ser suspendido hasta que ese procedimiento concluya.

El fiscal criticó fuerte el trabajo de los consejeros que lo examinaron: Oscar Massari, Rafael Lucchelli, Carlos Del Mármol y Héctor Carmelino. Ninguno sigue en el Consejo. El 12 de noviembre de 2019, en sesión en Puerto Madryn, Iturrioz fue enviado a jury.

“Los consejeros en modo alguno pueden erguirse en una suerte de inmunidad de facto para que algunos de sus ocasionales integrantes intenten conformar un Poder Judicial con integrantes que deban rendirles pleitesía y pensar como ellos so riesgo de expulsión del sistema”, dijo Iturrioz sobre el fuero penal de Comodoro.

A quienes lo evaluaron “no les molestó mi desempeño sino que les desagrada sobre manera, lo que pienso, lo que digo y en definitiva quien soy, pues mis dichos públicos y privados hablan nada más y nada menos de quien soy como persona, de mis principios y valores, que podrán no compartirlos pero nunca censurarlos”.

Para cumplir “con ese ferviente deseo de desplazarme de mi rol, no tuvieron reparos en abdicar de la aplicación de la ley y los reglamentos, lesionando flagrantemente garantías constitucionales que me protegen”.

Iturrioz dijo conocer el sistema judicial “desde el otro lado del mostrador, los que conocemos por experiencia propia lo indignante de tener que aguardar horas muertas (“juntado orines” se dice en el foro) a que un funcionario o magistrado se digne a atendernos o a abrir una audiencia, cuando en ocasiones se encuentran ´socializando´ con sus pares; esto es lo que sucede –más de lo tolerable- en el fuero penal local, mal que les pese a muchos (…) Debe cambiar, pues en esas inconductas (lamentablemente aceptadas en silencio, obvio que no es mi caso) siempre repercuten en el justiciable”.

El fiscal relató como en su trabajo en la ciudad petrolera siempre contó con poco personal pero le asignaron cada vez más causas. Reivindicó haber conseguido condenas de efectivo cumplimiento. “Siempre fui motejado como un fiscal `duro´ draconiano, en eso es sincero el informe y nunca como un mero formador de estadísticas. El delito merece pena y castigo, pues una sociedad sin premios y castigos tiende indefectiblemente a la iatrogenia, por ello me genera repulsa la doctrina “Zaffaroni”; las críticas que a diario me dedicaron y me dedican algunos jueces no me mueve un ápice de mi posición”.

En abril de 2018 fue designado en la Unidad Anticorrupción. Durante 14 viajó a Trelewy a Rawson. Volvió a Comodoro en mayo de 2019 y aún sigue a cargo de causas por corrupción. “Es mi íntima convicción que en mi evaluación además de algunos enconos personales de quienes se creen dueños del fuero penal, también hubo un embate oportunista de sectores de la política partidaria nada felices con mi trabajo”.

En la ciudad petrolera “sin ninguna evaluación previa debí asumir 550 causas que desconocía y cuya mayor parte habían sido tramitadas con un criterio diferente del que profeso”. Además siguió a cargo de 50 causas complejas que “por su complejidad o por su alto grado de avance tornaban en altamente desaconsejable su reasignación en cabeza de otro fiscal”.

Las causas fueron cada vez más y más complejas. “Se verificó un descenso en el recurso humano francamente intolerable, por cuanto comparar mi labor con la de mi predecesora (que inició su gestión con 0 causas) es del todo improcedente y lesiona el principio de igualdad”. La Comisión Evaluadora “a pesar de estar impuestos de estos avatares, no quisieron valorarlo pues redundaba en contra de sus ansias destituyentes. No lo vieron porque no lo quisieron ver”.

Luego de “verdaderos ruegos” por tener personal, le asignaron un agente administrativo. “Tenía una característica muy particular: acostumbraba a ingresar a las 9, 2 horas más tarde del horario”. El fiscal le hizo saber que debía cumplir los horarios. Entonces el agente pidió licencia psicológica. Otro ingresante no superó el período de evaluación. Los informes negativos “generaron el encono personal de su pareja, quien curiosamente fue una de las pocas `elegidas´ por la Comisión para entrevistar. La selección del todo arbitraria no tiene sustento alguno pues ni ella ni la representante del SITRAJUh, otra `elegida´, nunca trabajaron conmigo”. Iturrioz cuestionó “la cata moral de quienes se expidieron negativamente sobre mi labor, quienes con ayuda de Luchelli calificaron de ´tóxico´ al ambiente de trabajo regenteado por mí.-

Iturrioz explicó que “por mucho tiempo fui el fiscal con más condenas de la provincia”. El problema de no tener administrativos fue constante, según su amparo. El Consejo lo sabía. “Hasta septiembre de 2017 no hubo asignación de recurso humano alguno y es claro que tal insuficiencia fue en claro demérito de mi labor”.

El fiscal explicó que la evaluación de su trabajo sólo debía cubrir hasta el 5 de agosto de 2017. “Ese límite se sobrepasó de forma ilegítima y sólo pudo tener lugar merced a la excesiva, ilegitima, antirreglamentaria, inmotivada y arbitraria duración del proceso de evaluación”.

El plazo para presentar el Informe de su evaluación vencía el 29 de marzo de 2018. Pero se remitió el 4 de noviembre. “Se concluyó con premura, ¿por qué tanta urgencia en aquel tramo final de su labor si se habían excedido casi dos años del plazo reglamentario/razonable?”.

“Es paradojal, pues me acusan de incumplir plazos legales y utilizaron el equivalente a cuatro veces (lo cuadruplicaron) el de 6 meses del Reglamento”. En la fecha límite de marzo de 2018 ni siquiera se habían tomado las entrevistas. “La Comisión se auto concedió 25 meses para concluir una labor para la cual contaban sólo con 6 (…) No se trata de un descuidado e inocuo incumplimiento de la Comisión sino una autoconcesión destinada a encontrar algún elemento que desmereciera los informes favorables colectados hasta el 29/09/17”.

Según Iturrioz, los consejeros “prefirieron arbitraria e infundadamente entrevistar a los jueces (…) Continuando la búsqueda de excusas acudieron a la Cámara Penal, lo que no hicieron en otras evaluaciones”. Según su versión, la Comisión no entrevistó a ningún fiscal ni a funcionarios que trabajaron con Iturrioz. “Sólo buscaron la forma de defenestrar mi actuación, la decisión tomada de antemano era declarar mi labor insatisfactoria por cuanto se abocaron a buscar argumentos –de peso y de los otros- para intentar fundar mínimamente dicha conclusión”.

Iturrioz subrayó que “se entrevistó a personas que nunca habían trabajado conmigo y peor aún, empleados que tenían enconos personales evidentes (…) Es la costumbre ciertamente arraigada en el fuero de mantener cierto oscurantismo –secreto infame- sobre las actuaciones judiciales. No tengo capacidad de entender es la sinrazón, las actitudes arbitrarias, fundadas en una autopercepción de superioridad”.

El 12 de noviembre Iturrioz fue a la sede del Consejo a presentar las observaciones. Todos estaban ya en Puerto Madryn para la sesión de ese día. “Se iba a tratar mi situación desconociendo mi descargo presentado, como si la decisión ya hubiera estado tomada de antemano. Existió una urgencia inexplicable”.

“La intención de algunos integrantes del Consejo era destituirme a como dé lugar, sin importar las formas y el motivo, y debían hacerlo de urgencia pues se avecinaba un cambio de integración que podría haber mutado aquella decisión”, explicó.

“Maniobra”

“El proceso estuvo teñido de arbitrariedad y no fue accidental o indeseada sino parte de una maniobra articulada para lograr mi destitución, pues a una parte del fuero (minúscula pero poderosa) le molesta mi independencia de criterios y de sobremanera mis criticas al sistema, y creen infantilmente que podrán acallarme expulsándome del sistema”.

“Creí que un alto grado de compromiso sería reconocido, o en el peor de los casos ignorado, más nunca creí que ello me valdría una sanción. ¿O quizá haya algunas causas que sea mejor no investigar?”.

Recordó que un juez refiriéndose a la causa “IPV” que tramitó su colega Camila Banfi “adujo que era la única causa por corrupción que había visto en los últimos 6 años, cargando dicha carencia de investigación en el MPF. La corrupción no nació por generación espontánea hace seis años (...) Lo curioso es que antes del cambio de sistema la investigación no la hacían los fiscales sino los jueces, y entre ellos se encontraba el que ahora asume la crítica posición reseñada. Lucchelli adujo reiteradamente – pues acostumbra ser autorreferencial- haber sido fiscal durante al menos 8 años, quizá él si haya logrado condenas de causas por corrupción”.

“No se premió la sinceridad sino que falseando datos estadísticos se me tildó poco menos que de inoperante. La carencia de recursos humanos de la institución se cargó en mis estrechos hombros”, concluyó.

Opiniones críticas

“No me salerendir pleitesía”

Otro motivo para enviar a Iturrioz a jury fueron sus críticas públicas al funcionamiento del sistema penal. “Lo hice, lo hago y lo voy a seguir haciendo. Si bien soy un magistrado, no implica que deje de ser persona, y mantengo mi libertad de expresión”, subrayó. “No hay norma que impida a un integrante de cualquier poder del Estado a dar su opinión sobre la marcha del sistema; jueces y camaristas critican asiduamente el accionar de los fiscales, a veces con una crudeza (casi vileza) impropia de quien luego desde el poltrón se agravia cuando le hacen lo propio”.

“Algunos integrantes de esa `casta superior´ pueden decir lo que les viene en gana, empero lo díscolos que no pensamos como ellos debemos autocensurar nuestro parecer. No pienso someterme al yugo de los complacientes, no lo soy, no me sale rendir pleitesía, la condescendencia no es lo mío. Digo lo que pienso y vivo como pienso; y si el sistema pretende expulsarme, es válido si se hace dentro de los límites legales, salvo que quieran comerse al caníbal”.

“Si alguna vez critiqué el accionar de algún magistrado es porque me indigna la desaprensión –cuando no el desprecio- que algunos demuestran con la víctima del delito”. Iturrioz deslizó que sólo se tuvo en cuenta a los jueces que no lo respaldan. El Consejo “eligió quedarse con el grupo que dio una opinión negativa, pues eran funcionales a sus intereses”.

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01 MAR 2020 - 20:53

Por Rolando Tobarez / @rtobarez

En un durísimo escrito, el fiscal de Comodoro Rivadavia Héctor Iturrioz presentó un amparo para que se declare nula la decisión del Consejo de la Magistratura del Chubut que declaró “insatisfactorio” su desempeño de sus primeros tres años de trabajo, agosto de 2014 a agosto de 2017, y lo envió a un jury de enjuiciamiento. Pidió a la Cámara de Apelaciones que lo vuelvan a evaluar y no ser suspendido hasta que ese procedimiento concluya.

El fiscal criticó fuerte el trabajo de los consejeros que lo examinaron: Oscar Massari, Rafael Lucchelli, Carlos Del Mármol y Héctor Carmelino. Ninguno sigue en el Consejo. El 12 de noviembre de 2019, en sesión en Puerto Madryn, Iturrioz fue enviado a jury.

“Los consejeros en modo alguno pueden erguirse en una suerte de inmunidad de facto para que algunos de sus ocasionales integrantes intenten conformar un Poder Judicial con integrantes que deban rendirles pleitesía y pensar como ellos so riesgo de expulsión del sistema”, dijo Iturrioz sobre el fuero penal de Comodoro.

A quienes lo evaluaron “no les molestó mi desempeño sino que les desagrada sobre manera, lo que pienso, lo que digo y en definitiva quien soy, pues mis dichos públicos y privados hablan nada más y nada menos de quien soy como persona, de mis principios y valores, que podrán no compartirlos pero nunca censurarlos”.

Para cumplir “con ese ferviente deseo de desplazarme de mi rol, no tuvieron reparos en abdicar de la aplicación de la ley y los reglamentos, lesionando flagrantemente garantías constitucionales que me protegen”.

Iturrioz dijo conocer el sistema judicial “desde el otro lado del mostrador, los que conocemos por experiencia propia lo indignante de tener que aguardar horas muertas (“juntado orines” se dice en el foro) a que un funcionario o magistrado se digne a atendernos o a abrir una audiencia, cuando en ocasiones se encuentran ´socializando´ con sus pares; esto es lo que sucede –más de lo tolerable- en el fuero penal local, mal que les pese a muchos (…) Debe cambiar, pues en esas inconductas (lamentablemente aceptadas en silencio, obvio que no es mi caso) siempre repercuten en el justiciable”.

El fiscal relató como en su trabajo en la ciudad petrolera siempre contó con poco personal pero le asignaron cada vez más causas. Reivindicó haber conseguido condenas de efectivo cumplimiento. “Siempre fui motejado como un fiscal `duro´ draconiano, en eso es sincero el informe y nunca como un mero formador de estadísticas. El delito merece pena y castigo, pues una sociedad sin premios y castigos tiende indefectiblemente a la iatrogenia, por ello me genera repulsa la doctrina “Zaffaroni”; las críticas que a diario me dedicaron y me dedican algunos jueces no me mueve un ápice de mi posición”.

En abril de 2018 fue designado en la Unidad Anticorrupción. Durante 14 viajó a Trelewy a Rawson. Volvió a Comodoro en mayo de 2019 y aún sigue a cargo de causas por corrupción. “Es mi íntima convicción que en mi evaluación además de algunos enconos personales de quienes se creen dueños del fuero penal, también hubo un embate oportunista de sectores de la política partidaria nada felices con mi trabajo”.

En la ciudad petrolera “sin ninguna evaluación previa debí asumir 550 causas que desconocía y cuya mayor parte habían sido tramitadas con un criterio diferente del que profeso”. Además siguió a cargo de 50 causas complejas que “por su complejidad o por su alto grado de avance tornaban en altamente desaconsejable su reasignación en cabeza de otro fiscal”.

Las causas fueron cada vez más y más complejas. “Se verificó un descenso en el recurso humano francamente intolerable, por cuanto comparar mi labor con la de mi predecesora (que inició su gestión con 0 causas) es del todo improcedente y lesiona el principio de igualdad”. La Comisión Evaluadora “a pesar de estar impuestos de estos avatares, no quisieron valorarlo pues redundaba en contra de sus ansias destituyentes. No lo vieron porque no lo quisieron ver”.

Luego de “verdaderos ruegos” por tener personal, le asignaron un agente administrativo. “Tenía una característica muy particular: acostumbraba a ingresar a las 9, 2 horas más tarde del horario”. El fiscal le hizo saber que debía cumplir los horarios. Entonces el agente pidió licencia psicológica. Otro ingresante no superó el período de evaluación. Los informes negativos “generaron el encono personal de su pareja, quien curiosamente fue una de las pocas `elegidas´ por la Comisión para entrevistar. La selección del todo arbitraria no tiene sustento alguno pues ni ella ni la representante del SITRAJUh, otra `elegida´, nunca trabajaron conmigo”. Iturrioz cuestionó “la cata moral de quienes se expidieron negativamente sobre mi labor, quienes con ayuda de Luchelli calificaron de ´tóxico´ al ambiente de trabajo regenteado por mí.-

Iturrioz explicó que “por mucho tiempo fui el fiscal con más condenas de la provincia”. El problema de no tener administrativos fue constante, según su amparo. El Consejo lo sabía. “Hasta septiembre de 2017 no hubo asignación de recurso humano alguno y es claro que tal insuficiencia fue en claro demérito de mi labor”.

El fiscal explicó que la evaluación de su trabajo sólo debía cubrir hasta el 5 de agosto de 2017. “Ese límite se sobrepasó de forma ilegítima y sólo pudo tener lugar merced a la excesiva, ilegitima, antirreglamentaria, inmotivada y arbitraria duración del proceso de evaluación”.

El plazo para presentar el Informe de su evaluación vencía el 29 de marzo de 2018. Pero se remitió el 4 de noviembre. “Se concluyó con premura, ¿por qué tanta urgencia en aquel tramo final de su labor si se habían excedido casi dos años del plazo reglamentario/razonable?”.

“Es paradojal, pues me acusan de incumplir plazos legales y utilizaron el equivalente a cuatro veces (lo cuadruplicaron) el de 6 meses del Reglamento”. En la fecha límite de marzo de 2018 ni siquiera se habían tomado las entrevistas. “La Comisión se auto concedió 25 meses para concluir una labor para la cual contaban sólo con 6 (…) No se trata de un descuidado e inocuo incumplimiento de la Comisión sino una autoconcesión destinada a encontrar algún elemento que desmereciera los informes favorables colectados hasta el 29/09/17”.

Según Iturrioz, los consejeros “prefirieron arbitraria e infundadamente entrevistar a los jueces (…) Continuando la búsqueda de excusas acudieron a la Cámara Penal, lo que no hicieron en otras evaluaciones”. Según su versión, la Comisión no entrevistó a ningún fiscal ni a funcionarios que trabajaron con Iturrioz. “Sólo buscaron la forma de defenestrar mi actuación, la decisión tomada de antemano era declarar mi labor insatisfactoria por cuanto se abocaron a buscar argumentos –de peso y de los otros- para intentar fundar mínimamente dicha conclusión”.

Iturrioz subrayó que “se entrevistó a personas que nunca habían trabajado conmigo y peor aún, empleados que tenían enconos personales evidentes (…) Es la costumbre ciertamente arraigada en el fuero de mantener cierto oscurantismo –secreto infame- sobre las actuaciones judiciales. No tengo capacidad de entender es la sinrazón, las actitudes arbitrarias, fundadas en una autopercepción de superioridad”.

El 12 de noviembre Iturrioz fue a la sede del Consejo a presentar las observaciones. Todos estaban ya en Puerto Madryn para la sesión de ese día. “Se iba a tratar mi situación desconociendo mi descargo presentado, como si la decisión ya hubiera estado tomada de antemano. Existió una urgencia inexplicable”.

“La intención de algunos integrantes del Consejo era destituirme a como dé lugar, sin importar las formas y el motivo, y debían hacerlo de urgencia pues se avecinaba un cambio de integración que podría haber mutado aquella decisión”, explicó.

“Maniobra”

“El proceso estuvo teñido de arbitrariedad y no fue accidental o indeseada sino parte de una maniobra articulada para lograr mi destitución, pues a una parte del fuero (minúscula pero poderosa) le molesta mi independencia de criterios y de sobremanera mis criticas al sistema, y creen infantilmente que podrán acallarme expulsándome del sistema”.

“Creí que un alto grado de compromiso sería reconocido, o en el peor de los casos ignorado, más nunca creí que ello me valdría una sanción. ¿O quizá haya algunas causas que sea mejor no investigar?”.

Recordó que un juez refiriéndose a la causa “IPV” que tramitó su colega Camila Banfi “adujo que era la única causa por corrupción que había visto en los últimos 6 años, cargando dicha carencia de investigación en el MPF. La corrupción no nació por generación espontánea hace seis años (...) Lo curioso es que antes del cambio de sistema la investigación no la hacían los fiscales sino los jueces, y entre ellos se encontraba el que ahora asume la crítica posición reseñada. Lucchelli adujo reiteradamente – pues acostumbra ser autorreferencial- haber sido fiscal durante al menos 8 años, quizá él si haya logrado condenas de causas por corrupción”.

“No se premió la sinceridad sino que falseando datos estadísticos se me tildó poco menos que de inoperante. La carencia de recursos humanos de la institución se cargó en mis estrechos hombros”, concluyó.

Opiniones críticas

“No me salerendir pleitesía”

Otro motivo para enviar a Iturrioz a jury fueron sus críticas públicas al funcionamiento del sistema penal. “Lo hice, lo hago y lo voy a seguir haciendo. Si bien soy un magistrado, no implica que deje de ser persona, y mantengo mi libertad de expresión”, subrayó. “No hay norma que impida a un integrante de cualquier poder del Estado a dar su opinión sobre la marcha del sistema; jueces y camaristas critican asiduamente el accionar de los fiscales, a veces con una crudeza (casi vileza) impropia de quien luego desde el poltrón se agravia cuando le hacen lo propio”.

“Algunos integrantes de esa `casta superior´ pueden decir lo que les viene en gana, empero lo díscolos que no pensamos como ellos debemos autocensurar nuestro parecer. No pienso someterme al yugo de los complacientes, no lo soy, no me sale rendir pleitesía, la condescendencia no es lo mío. Digo lo que pienso y vivo como pienso; y si el sistema pretende expulsarme, es válido si se hace dentro de los límites legales, salvo que quieran comerse al caníbal”.

“Si alguna vez critiqué el accionar de algún magistrado es porque me indigna la desaprensión –cuando no el desprecio- que algunos demuestran con la víctima del delito”. Iturrioz deslizó que sólo se tuvo en cuenta a los jueces que no lo respaldan. El Consejo “eligió quedarse con el grupo que dio una opinión negativa, pues eran funcionales a sus intereses”.


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