Los presos insisten con beneficios pero ahora les advierten que “no habrá respuestas bajo presión”

Se presentaron hábeas corpus en toda la provincia. Piden arrestos domiciliarios para evitar contagios. El juez Yangüela insistió con que no hay motivos para otorgar liberaciones y advirtió que no admitirá “reclamos no pacíficos”. La alternativa es permitir una visita por semana, respetando los protocolos.

27 ABR 2020 - 20:20 | Actualizado

Hábeas corpus presentados en dos pabellones del Instituto Penitenciario Provincial y de la Alcaidía de Trelew fueron enviados al Superior Tribunal de Justicia. Le exigen seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, debido a la pandemia del coronavirus.

El dato lo confirmó Sebastián Daroca, jefe de la Defensa Pública Provincial. Los escritos fueron elaborados por iniciativa de los mismos detenidos asesorados por abogados locales. Daroca expresó que la Defensa Oficial intentó soluciones alternativas que no deriven en una salida masiva de personas condenadas o en proceso. Se pidió que los internos reciban al menos una visita por semana, además de celulares para comunicarse con sus afectos.

Los habeas corpus se replicaron en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn con planteos para la “reducción de la población carcelaria”. Y solicitan al STJ “haga lugar al remedio extraordinario intentado y adopte los recaudos pertinentes para revertir las penosas y apremiantes circunstancias que estamos padeciendo, marcando una clara línea directiva a la que se deberían ajustar los jueces”. Ya en dos oportunidades, el coordinador de jueces de ejecución penal de Chubut, Daniel Yanguela, negó las salidas.

Ahora los detenidos insistieron con que en marzo “la Organización Mundial de la Salud sostuvo que ´es probable que las personas privadas de libertad sean más vulnerables al brote de la enfermedad por coronavirus que la población en general debido a las condiciones limitadas en las que viven juntos durante un período prolongado”.

“Las cárceles, comisarías y entornos similares donde las personas se reúnen cerca pueden actuar como fuente de infección, amplificación y propagación de enfermedades infecciosas dentro y más allá de ellas. La respuesta a COVID 19 en las cárceles y otros lugares de detención es particularmente desafiante, ya que requiere un enfoque de todo el gobierno y de yoda la sociedad”, siempre según la OMS.

Un mes después, “luego de las noticias sobre los primeros casos de contagio en establecimientos carcelarios de América del Sur”, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio a conocer un documento para justificar medidas para reducir la población privada de libertad. Se debe a una serie de factores: “La proximidad de las personas en esas instalaciones; su capacidad reducida para protegerse a través del distanciamiento social; la falta de suministros médicos y de higiene necesarios, desde desinfectantes para manos hasta equipos de protección; sistemas de ventilación que fomentan la propagación de enfermedades transmitidas por el aire; dificultades para poner en cuarentena a las personas que se enferman; la mayor vulnerabilidad de salud de la población en cárceles; el hecho de que las cárceles normalmente tienen que depender de gran medida de hospitales externos que no estarán disponibles durante una pandemia; y disminución de disponibilidad de personal médico y correccional por enfermedad”.

“La imposibilidad material de implementar las medidas de prevención de contagio -y de cuidado de casos contagiados- en los contextos de encierro penitenciario, sumado al deterioro de la posibilidad de defensa y control judicial por la disminución de las audiencias, activan la responsabilidad de los Estados frente a esta población bajo su custodia, tanto en el caso de la prisión preventiva, como en el de la ejecución de la sentencia privativa de libertad”.

Los escritos recordaron que “el Subcomité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas instó a los Estados a reducir las poblaciones penitenciarias siempre que sea posible mediante la implantación de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal para aquellos detenidos para quienes sea seguro hacerlo” y a “evaluar todos los casos de detención preventiva para determinar si son estrictamente necesarios a la luz de la emergencia de salud pública prevaleciente y extender el uso de la fianza para todos los casos, excepto los más graves”.

En Argentina, la Procuración Penitenciaria de la Nación también advirtió sobre el mayor riesgo de contagio de las personas privadas de libertad y replicó una declaración de Human Rights Watch: “Las autoridades competentes deben adoptar todas las medidas necesarias, en forma urgente, para evitar una situación que, desde el punto de vista sanitario, sería catastrófica”.”

Respuesta de Yangüela

Por su parte, el juez Daniel Yangüela manifestó que “Chubut tiene un 80% de los detenidos con condena, tenemos la posición inversa que el nivel nacional y de provincia de Buenos Aires”. Explicó que se pidió al Gobierno provincial permitir el ingreso de un familiar por detenido por semana para la visita. “En base a lo que manifestaron de que el reclamo era pacífico y se podía tornar no pacífico, le respondo que de forma pacífica es la única forma de reclamar, de caso contrario la respuesta no va a ser pacífica. La fuerza policial y de seguridad va a actuar en su consecuencia”, apuntó.

Con relación a los planteos de los detenidos para lograr arrestos domiciliarios, el juez dijo sobre la negativa que “se les explicó porque y que de seguir avanzando el tema de la pandemia se iba a analizar caso por caso, no pedidos masivos ni con huelgas de hambre ni con revueltas porque bajo presión no vamos a consentir ningún tipo de pedidos porque no es la forma legal de hacerlo”.

Previo a los pedidos particulares “hace 10 días hubo una general donde hice una audiencia en conjunto con todos los lugares de detención de Madryn, menos la Comisaría Segunda que no participó, el Instituto Penitenciario y la Alcaidía y se le dio la respuesta que ante presiones de este tipo no se va a tratar ningún tema en particular”. Yangûela precisó que se les informó que “iban a seguir suspendidas las salidas transitorias y las visitas y no se iban a otorgar libertades anticipadas ni domiciliarias por la pandemia”. Se decidió así porque “es la forma legal que vimos de cumplir la cuarentena”. No obstante “esta semana habrá una comunicación con el Poder Ejecutivo porque evaluamos flexibilizar visitas en forma muy restringidas, que sería de un familiar por semana por detenido”.

El juez agregó que “el comportamiento de los detenidos había sido coherente y estaban dadas las condiciones, con el debido protocolo de salud y seguridad, para las visitas”. A esta idea la debe aprobar el el ministro de Gobierno, José Grazzini.

Ante la alternativa de que los reclusos adopten medidas similares a las llevadas adelante en diferentes penales del país, el juez explicó que “la situación de Chubut dista bastante de la nacional pese a que no tiene una situación ideal respecto a los detenidos; hay muy poca superpoblación carcelaria. La situación es muy distinta”. Y subrayó que “el sistema de Chubut permitió que no hubiera procesos largos de detenidos sin condena”.

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27 ABR 2020 - 20:20

Hábeas corpus presentados en dos pabellones del Instituto Penitenciario Provincial y de la Alcaidía de Trelew fueron enviados al Superior Tribunal de Justicia. Le exigen seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, debido a la pandemia del coronavirus.

El dato lo confirmó Sebastián Daroca, jefe de la Defensa Pública Provincial. Los escritos fueron elaborados por iniciativa de los mismos detenidos asesorados por abogados locales. Daroca expresó que la Defensa Oficial intentó soluciones alternativas que no deriven en una salida masiva de personas condenadas o en proceso. Se pidió que los internos reciban al menos una visita por semana, además de celulares para comunicarse con sus afectos.

Los habeas corpus se replicaron en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn con planteos para la “reducción de la población carcelaria”. Y solicitan al STJ “haga lugar al remedio extraordinario intentado y adopte los recaudos pertinentes para revertir las penosas y apremiantes circunstancias que estamos padeciendo, marcando una clara línea directiva a la que se deberían ajustar los jueces”. Ya en dos oportunidades, el coordinador de jueces de ejecución penal de Chubut, Daniel Yanguela, negó las salidas.

Ahora los detenidos insistieron con que en marzo “la Organización Mundial de la Salud sostuvo que ´es probable que las personas privadas de libertad sean más vulnerables al brote de la enfermedad por coronavirus que la población en general debido a las condiciones limitadas en las que viven juntos durante un período prolongado”.

“Las cárceles, comisarías y entornos similares donde las personas se reúnen cerca pueden actuar como fuente de infección, amplificación y propagación de enfermedades infecciosas dentro y más allá de ellas. La respuesta a COVID 19 en las cárceles y otros lugares de detención es particularmente desafiante, ya que requiere un enfoque de todo el gobierno y de yoda la sociedad”, siempre según la OMS.

Un mes después, “luego de las noticias sobre los primeros casos de contagio en establecimientos carcelarios de América del Sur”, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio a conocer un documento para justificar medidas para reducir la población privada de libertad. Se debe a una serie de factores: “La proximidad de las personas en esas instalaciones; su capacidad reducida para protegerse a través del distanciamiento social; la falta de suministros médicos y de higiene necesarios, desde desinfectantes para manos hasta equipos de protección; sistemas de ventilación que fomentan la propagación de enfermedades transmitidas por el aire; dificultades para poner en cuarentena a las personas que se enferman; la mayor vulnerabilidad de salud de la población en cárceles; el hecho de que las cárceles normalmente tienen que depender de gran medida de hospitales externos que no estarán disponibles durante una pandemia; y disminución de disponibilidad de personal médico y correccional por enfermedad”.

“La imposibilidad material de implementar las medidas de prevención de contagio -y de cuidado de casos contagiados- en los contextos de encierro penitenciario, sumado al deterioro de la posibilidad de defensa y control judicial por la disminución de las audiencias, activan la responsabilidad de los Estados frente a esta población bajo su custodia, tanto en el caso de la prisión preventiva, como en el de la ejecución de la sentencia privativa de libertad”.

Los escritos recordaron que “el Subcomité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas instó a los Estados a reducir las poblaciones penitenciarias siempre que sea posible mediante la implantación de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal para aquellos detenidos para quienes sea seguro hacerlo” y a “evaluar todos los casos de detención preventiva para determinar si son estrictamente necesarios a la luz de la emergencia de salud pública prevaleciente y extender el uso de la fianza para todos los casos, excepto los más graves”.

En Argentina, la Procuración Penitenciaria de la Nación también advirtió sobre el mayor riesgo de contagio de las personas privadas de libertad y replicó una declaración de Human Rights Watch: “Las autoridades competentes deben adoptar todas las medidas necesarias, en forma urgente, para evitar una situación que, desde el punto de vista sanitario, sería catastrófica”.”

Respuesta de Yangüela

Por su parte, el juez Daniel Yangüela manifestó que “Chubut tiene un 80% de los detenidos con condena, tenemos la posición inversa que el nivel nacional y de provincia de Buenos Aires”. Explicó que se pidió al Gobierno provincial permitir el ingreso de un familiar por detenido por semana para la visita. “En base a lo que manifestaron de que el reclamo era pacífico y se podía tornar no pacífico, le respondo que de forma pacífica es la única forma de reclamar, de caso contrario la respuesta no va a ser pacífica. La fuerza policial y de seguridad va a actuar en su consecuencia”, apuntó.

Con relación a los planteos de los detenidos para lograr arrestos domiciliarios, el juez dijo sobre la negativa que “se les explicó porque y que de seguir avanzando el tema de la pandemia se iba a analizar caso por caso, no pedidos masivos ni con huelgas de hambre ni con revueltas porque bajo presión no vamos a consentir ningún tipo de pedidos porque no es la forma legal de hacerlo”.

Previo a los pedidos particulares “hace 10 días hubo una general donde hice una audiencia en conjunto con todos los lugares de detención de Madryn, menos la Comisaría Segunda que no participó, el Instituto Penitenciario y la Alcaidía y se le dio la respuesta que ante presiones de este tipo no se va a tratar ningún tema en particular”. Yangûela precisó que se les informó que “iban a seguir suspendidas las salidas transitorias y las visitas y no se iban a otorgar libertades anticipadas ni domiciliarias por la pandemia”. Se decidió así porque “es la forma legal que vimos de cumplir la cuarentena”. No obstante “esta semana habrá una comunicación con el Poder Ejecutivo porque evaluamos flexibilizar visitas en forma muy restringidas, que sería de un familiar por semana por detenido”.

El juez agregó que “el comportamiento de los detenidos había sido coherente y estaban dadas las condiciones, con el debido protocolo de salud y seguridad, para las visitas”. A esta idea la debe aprobar el el ministro de Gobierno, José Grazzini.

Ante la alternativa de que los reclusos adopten medidas similares a las llevadas adelante en diferentes penales del país, el juez explicó que “la situación de Chubut dista bastante de la nacional pese a que no tiene una situación ideal respecto a los detenidos; hay muy poca superpoblación carcelaria. La situación es muy distinta”. Y subrayó que “el sistema de Chubut permitió que no hubiera procesos largos de detenidos sin condena”.


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