La Justicia solicitó la extradición del "gordo mortero"

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral pidió, vía Cancillería, la extradición de Sebastián Romero, conocido como "gordo mortero", acusado de participar de los disturbios en inmediaciones en el Congreso en diciembre de 2017, donde fue filmado disparando un arma tumbera contra la policía.

11 JUN 2020 - 19:14 | Actualizado

El exhorto con el pedido para que Romero sea trasladado a Argentina ya fue presentado ante Cancillería, luego de la detención del "gordo mortero", quien estuvo dos años prófugo antes de ser atrapado en la localidad uruguaya de Chuy, cerca de la frontera con Brasil.

Sobre el acusado pesaba un pedido de captura internacional y hasta una recompensa del Ministerio de Seguridad, pues Romero se mantuvo prófugo desde el 18 de diciembre de 2017 cuando protagonizó incidentes en las inmediaciones del Congreso Nacional, al momento de votarse la ley de reforma previsional del Gobierno de Mauricio Macri.

Romero fue imputado por la Fiscalía, a cargo de Alejandra Mangano, por los delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad.

El manifestante se profugó al día siguiente de los hechos que tuvieron lugar en inmediaciones del Congreso Nacional, y por orden del Juzgado se emitió la captura y a los pocos días se allanó su domicilio en la ciudad de Rosario, Santa Fe, sin resultado: allí ni siquiera estaban sus familiares inmediatos, con quienes vivía y quienes sí aparecieron al momento en que la Policía se disponía a allanar la vivienda.

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11 JUN 2020 - 19:14

El exhorto con el pedido para que Romero sea trasladado a Argentina ya fue presentado ante Cancillería, luego de la detención del "gordo mortero", quien estuvo dos años prófugo antes de ser atrapado en la localidad uruguaya de Chuy, cerca de la frontera con Brasil.

Sobre el acusado pesaba un pedido de captura internacional y hasta una recompensa del Ministerio de Seguridad, pues Romero se mantuvo prófugo desde el 18 de diciembre de 2017 cuando protagonizó incidentes en las inmediaciones del Congreso Nacional, al momento de votarse la ley de reforma previsional del Gobierno de Mauricio Macri.

Romero fue imputado por la Fiscalía, a cargo de Alejandra Mangano, por los delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad.

El manifestante se profugó al día siguiente de los hechos que tuvieron lugar en inmediaciones del Congreso Nacional, y por orden del Juzgado se emitió la captura y a los pocos días se allanó su domicilio en la ciudad de Rosario, Santa Fe, sin resultado: allí ni siquiera estaban sus familiares inmediatos, con quienes vivía y quienes sí aparecieron al momento en que la Policía se disponía a allanar la vivienda.


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