Editorial / Ñoquis, transas y una intervención en marcha
Leé La Columna del Domingo, el tradicional análisis de la edición impresa de Jornada.
Hace tiempo que Chubut se ha convertido en un lugar en donde la desmesura se pavonea de lado a lado, en medio de una pandemia sanitaria, política y económica que no da respiro, y de un escenario político en la que casi todos desconfían del otro.
El Gobierno sigue pagando costos políticos innecesarios y no todos por culpa de los opositores. La mayoría de los últimos traspiés fueron consecuencia de la falta de manejo político que exhibe el Ejecutivo.
La activación parlamentaria de dos pedidos de juicio político contra el gobernador Mariano Arcioni volvió a encender las luces amarillas. En la última sesión no sólo no le trataron ni aprobaron nada de lo que el Ejecutivo está esperando (renegociación de la deuda, pliego del presidente del Banco del Chubut y tope salariales en el Estado), sino que además se colaron fuertes críticas y también un pedido de juicio político contra un símbolo del Gobierno: el ministro de Seguridad, Federico Massoni, al que le ya no sólo le piden la cabeza desde adentro sino también desde afuera de la provincia.
Fue un mensaje tan claro el que dio la oposición en la Legislatura que no es necesario explicarlo. El Gobierno cuenta con apenas siete bancas de veintisiete para defender cualquier postura y esa matemática no resiste ningún análisis.
Tras la ruidosa salida de Andrés Meiszner de la Secretaría General de Gobierno, el gobernador se tomó demasiados días para definir a su reemplazante. Se entiende, ya casi no quedan jugadores de peso para ocupar un lugar clave. Aunque ya anunció que un veterano de estas lides como lo es el comodorense Javier Touriñan va a dejar la tranquilidad de Petrominera para sentarse en un sillón que en dos años ha eyectado a todos los que lo ocuparon, todavía faltan al menos dos semanas para que asuma. Demasiado tiempo para una provincia que no da respiro.
Ñoquis y transas
Algunos funcionarios públicos se olvidan que lo son y declaran como si nadie los estuviera oyendo. Es el caso del ministro Massoni o del titular de IAS, Luis María Aguirre, que esta semana metieron los dedos en dos llagas de la democracia: la droga y los “ñoquis”.
También el exministro coordinador, Sergio Mammarelli, deberá dar explicaciones en la Justicia por decir ahora lo que debería haber denunciado cuando era funcionario: “Los sueldos de los funcionarios son ficticios porque los complementan robado”, dijo con el tono bestial que lo caracteriza.
Massoni también dijo algo que mucha gente advierte o al menos sospecha pero “la gente” no es funcionario público ni está obligado a denunciar un delito. Decir que hay un vendedor de droga por cuadra en muchas barrios de Trelew y que ese “narcomenudeo” está muchas veces protegido por funcionarios políticos, legislativos y justiciales, sonó fuerte.
El fiscal Marcos Nápoli decidió no citar al ministro y, en cambio, fue a visitarlo a su despacho, en donde también charló con el jefe de la Policía del Chubut y hasta el gobernador se hizo un rato para pasar a saludar.
Al salir, el fiscal dijo a los periodistas que Massoni había ratificado y hasta ampliado sus dichos, pero poco después una gacetilla oficial del Ministerio Público Fiscal bajó las expectativas: “El ministro no pudo dar precisiones acerca de aquellas manifestaciones y en consecuencia no brindó nombres de persona alguna integrante de alguno de los poderes que había involucrado en sus exposiciones mediáticas y podría estar vinculado a esta problemática, por lo que no se puede detallar posible relación ni procedimientos al respecto”.
Otro que posiblemente sea citado o visitado por un fiscal es el titular de Lotería, que en declaraciones en Cadena Tiempo dijo que al organismo le sobraban más de 150 empleados y que muchos de ellos pasaban a marcar su tarjeta y se iba a atender sus negocios.
Después del escándalo de los “Ñoquis calientes” que involucra a la exministra Cecilia Torres Otarola parece que se viene el caso de los “Ñoquis a la cabeza”
En el hoyo
El viernes al anochecer, el Concejo Deliberante de la localidad de El Hoyo suspendió por 40 días al intendente Rolando “Pol” Huisman y al único concejal que le respondía sin fisuras en el cuerpo, Gustavo Flak.
La presunta responsabilidad del jefe comunal ahora suspendido en la asignación de permisos de tránsito truchos durante la pandemia fue la excusa. Detrás de la decisión se esconde la interna de la alianza electoral del Frente de Todos que depositó a Huisman en la intendencia y al exintendente Mario Breide manejando el Concejo Deliberante desde afuera, a través del actual presidente del cuerpo, César Salamín.
Huisman viene de Nuevo Encuentro, un partido alineado al kirchnerismo orientado por el dirigente nacional Martín Sabbatella. Por eso la movida “golpista” tuvo muchas críticas desde sectores pero Gobierno nacional. Breide es un “vecinalista” de extracción peronista, con fuertes vínculos con varios dirigentes del PJ provincial.
Para suspender a Huisman se sumaron los votos de concejales de Chubut Al Frente y de Cambiemos. Una ensalada que demuestra que las últimas alianzas electorales en Chubut no resisten ni una mirada fuerte. Y ahora, encima, el Gobierno provincial anunció la intervención del municipio, como si no tuviera problemas propios para resolver.
El mayor sostén político de Arcioni y su gobierno sigue estando en el Gobierno nacional. Pero de las crisis no se sale con respaldos únicamente sino con acuerdos políticos amplios y con fondos frescos que pongan en caja los problemas. Si no se corre el riesgo de seguir creyendo que tirarse arriba de la bomba es suficiente para evitar que explote.
Hace tiempo que Chubut se ha convertido en un lugar en donde la desmesura se pavonea de lado a lado, en medio de una pandemia sanitaria, política y económica que no da respiro, y de un escenario político en la que casi todos desconfían del otro.
El Gobierno sigue pagando costos políticos innecesarios y no todos por culpa de los opositores. La mayoría de los últimos traspiés fueron consecuencia de la falta de manejo político que exhibe el Ejecutivo.
La activación parlamentaria de dos pedidos de juicio político contra el gobernador Mariano Arcioni volvió a encender las luces amarillas. En la última sesión no sólo no le trataron ni aprobaron nada de lo que el Ejecutivo está esperando (renegociación de la deuda, pliego del presidente del Banco del Chubut y tope salariales en el Estado), sino que además se colaron fuertes críticas y también un pedido de juicio político contra un símbolo del Gobierno: el ministro de Seguridad, Federico Massoni, al que le ya no sólo le piden la cabeza desde adentro sino también desde afuera de la provincia.
Fue un mensaje tan claro el que dio la oposición en la Legislatura que no es necesario explicarlo. El Gobierno cuenta con apenas siete bancas de veintisiete para defender cualquier postura y esa matemática no resiste ningún análisis.
Tras la ruidosa salida de Andrés Meiszner de la Secretaría General de Gobierno, el gobernador se tomó demasiados días para definir a su reemplazante. Se entiende, ya casi no quedan jugadores de peso para ocupar un lugar clave. Aunque ya anunció que un veterano de estas lides como lo es el comodorense Javier Touriñan va a dejar la tranquilidad de Petrominera para sentarse en un sillón que en dos años ha eyectado a todos los que lo ocuparon, todavía faltan al menos dos semanas para que asuma. Demasiado tiempo para una provincia que no da respiro.
Ñoquis y transas
Algunos funcionarios públicos se olvidan que lo son y declaran como si nadie los estuviera oyendo. Es el caso del ministro Massoni o del titular de IAS, Luis María Aguirre, que esta semana metieron los dedos en dos llagas de la democracia: la droga y los “ñoquis”.
También el exministro coordinador, Sergio Mammarelli, deberá dar explicaciones en la Justicia por decir ahora lo que debería haber denunciado cuando era funcionario: “Los sueldos de los funcionarios son ficticios porque los complementan robado”, dijo con el tono bestial que lo caracteriza.
Massoni también dijo algo que mucha gente advierte o al menos sospecha pero “la gente” no es funcionario público ni está obligado a denunciar un delito. Decir que hay un vendedor de droga por cuadra en muchas barrios de Trelew y que ese “narcomenudeo” está muchas veces protegido por funcionarios políticos, legislativos y justiciales, sonó fuerte.
El fiscal Marcos Nápoli decidió no citar al ministro y, en cambio, fue a visitarlo a su despacho, en donde también charló con el jefe de la Policía del Chubut y hasta el gobernador se hizo un rato para pasar a saludar.
Al salir, el fiscal dijo a los periodistas que Massoni había ratificado y hasta ampliado sus dichos, pero poco después una gacetilla oficial del Ministerio Público Fiscal bajó las expectativas: “El ministro no pudo dar precisiones acerca de aquellas manifestaciones y en consecuencia no brindó nombres de persona alguna integrante de alguno de los poderes que había involucrado en sus exposiciones mediáticas y podría estar vinculado a esta problemática, por lo que no se puede detallar posible relación ni procedimientos al respecto”.
Otro que posiblemente sea citado o visitado por un fiscal es el titular de Lotería, que en declaraciones en Cadena Tiempo dijo que al organismo le sobraban más de 150 empleados y que muchos de ellos pasaban a marcar su tarjeta y se iba a atender sus negocios.
Después del escándalo de los “Ñoquis calientes” que involucra a la exministra Cecilia Torres Otarola parece que se viene el caso de los “Ñoquis a la cabeza”
En el hoyo
El viernes al anochecer, el Concejo Deliberante de la localidad de El Hoyo suspendió por 40 días al intendente Rolando “Pol” Huisman y al único concejal que le respondía sin fisuras en el cuerpo, Gustavo Flak.
La presunta responsabilidad del jefe comunal ahora suspendido en la asignación de permisos de tránsito truchos durante la pandemia fue la excusa. Detrás de la decisión se esconde la interna de la alianza electoral del Frente de Todos que depositó a Huisman en la intendencia y al exintendente Mario Breide manejando el Concejo Deliberante desde afuera, a través del actual presidente del cuerpo, César Salamín.
Huisman viene de Nuevo Encuentro, un partido alineado al kirchnerismo orientado por el dirigente nacional Martín Sabbatella. Por eso la movida “golpista” tuvo muchas críticas desde sectores pero Gobierno nacional. Breide es un “vecinalista” de extracción peronista, con fuertes vínculos con varios dirigentes del PJ provincial.
Para suspender a Huisman se sumaron los votos de concejales de Chubut Al Frente y de Cambiemos. Una ensalada que demuestra que las últimas alianzas electorales en Chubut no resisten ni una mirada fuerte. Y ahora, encima, el Gobierno provincial anunció la intervención del municipio, como si no tuviera problemas propios para resolver.
El mayor sostén político de Arcioni y su gobierno sigue estando en el Gobierno nacional. Pero de las crisis no se sale con respaldos únicamente sino con acuerdos políticos amplios y con fondos frescos que pongan en caja los problemas. Si no se corre el riesgo de seguir creyendo que tirarse arriba de la bomba es suficiente para evitar que explote.