Narcomenudeo: quieren que desde septiembre en Chubut lo investiguen fiscales provinciales
Si el proyecto de ley se aprueba tal cual, desde el 1º de septiembre los fiscales provinciales podrán investigar el narcomenudeo en Chubut. Para contener el mayor volumen de trabajo, el Gobierno provincial prevé habilitar un refuerzo de dos fiscales por cada una de las siete circunscripciones judiciales. La iniciativa llegó el viernes a Legislatura.
Por Rolando Tobarez / @rtobarez
El objetivo es que la Justicia provincial pueda involucrarse en el combate a la tenencia de drogas para comercializar o distribuir en baja o pequeña escala. En otras palabras, el microtráfico o narcomenudeo, que “deviene en un subsistema del crimen organizado y último eslabón de la cadena de ciclo del narcotráfico”, explica el proyecto. El Ministerio apunta a tener competencia para el tramo del delito compuesto por la “presentación fraccionada de la dosis destinadas al consumidor”. Para lograrlo, Chubut adhiere al artículo 34 de la Ley Nacional 23.737, y se hace cargo de los delitos previstos por esta norma.
Los fiscales locales también podrán investigar la falsificación de recetas médicas, el suministro infiel de medicamentos, la entrega adulterada de sustancias medicinales en comercios habilitados o la venta de estas sustancias sin autorización.
Según la estadística, en los últimos ocho años (2011/18) el fuero federal en Chubut tuvo 3.950 causas por violación a la Ley de Estupefacientes. El 93% fue por narcomenudeo o alguno de los tipos penales que el Ministerio quiere incluir.
En el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, en ese lapso este tipo de causas pasó del 34 al 50%; en Rawson, del 11 al 52% y en Esquel –que empezó a trabajar en 2015-, del 46 al 52%.
El proyecto aclara que si una causa provincial se vincula con otra federal, ésta última tendrá la competencia. Si hay conflicto, hasta que se dirima el expediente también seguirá en manos federales.
Las causas en trámite antes de la aprobación de la ley seguirán en el fuero donde se originaron.
Chubut quiere seguir el ejemplo de otras 9 provincias: Buenos Aires, Córdoba, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Tucumán y CABA. La Rioja y Jujuy están en el trámite.
Según el proyecto de ley, si la provincia implementa estos cambios, el Gobierno nacional está obligado a habilitarle fondos a modo de ayuda. Mientras, Chubut podrá readecuar partidas presupuestarias: la prioridad será adquirir tecnología y adecuar los centros de detención.
El proyecto hace referencia a los “acontecimientos de extrema violencia asociados a la disputa entre bandas coligadas con otros delitos complejos” en Chubut. “Nos hallamos ante una lógica de los hechos en la que difícilmente puedan disociarse tránsito y comercialización; la que además presenta una lógica ascendente en volumen de mercadeo, expansión territorial y complejidad organizacional de los actores involucrados, que redunda en delitos pluriofensivos”.
“Una política estatal sobre drogas debe ser igualmente agresiva en el plano de la reducción de la oferta como en el desincentivo de la demanda y cuyos indicadores epidemiológicos de eficacia se traducen en las tasas de prevalencia de consumo, tanto de aquellas drogas no reguladas como de las que sí lo están”.
En cuanto a las multas, los beneficios económicos y los bienes decomisados o la ganancia de su venta, todo lo decidirá el Ejecutivo. Y el Superior Tribunal de Justicia definirá cómo se destruirá la droga incautada.
La propuesta se completa con la creación de la Unidad Antinarcóticos del Chubut (UACh), que investigará, prevendrá y disuadirá estos delitos. Será un cuerpo profesional civil y armado que dependerá del ministro de Seguridad Federico Massoni. Estará a cargo de un director general con rango equivalente al jefe de Policía. Lo designará el Poder Ejecutivo y su desempeño será evaluado anualmente por el ministro.
Sus funcionarios serán formados en una Escuela de Formación y Capacitación con futura sede en Rawson. También dependerá de Seguridad. Incluirá cursos de actualización y perfeccionamiento.
Pero mientras tanto, durante dos años y hasta que egrese la primera cohorte, la UACh podrá absorber de la actual fuerza a los policías que considere adecuados. Los nombres los propondrá el titular de la Unidad y el jefe de la Policía. La selección será del ministro.
Por Rolando Tobarez / @rtobarez
El objetivo es que la Justicia provincial pueda involucrarse en el combate a la tenencia de drogas para comercializar o distribuir en baja o pequeña escala. En otras palabras, el microtráfico o narcomenudeo, que “deviene en un subsistema del crimen organizado y último eslabón de la cadena de ciclo del narcotráfico”, explica el proyecto. El Ministerio apunta a tener competencia para el tramo del delito compuesto por la “presentación fraccionada de la dosis destinadas al consumidor”. Para lograrlo, Chubut adhiere al artículo 34 de la Ley Nacional 23.737, y se hace cargo de los delitos previstos por esta norma.
Los fiscales locales también podrán investigar la falsificación de recetas médicas, el suministro infiel de medicamentos, la entrega adulterada de sustancias medicinales en comercios habilitados o la venta de estas sustancias sin autorización.
Según la estadística, en los últimos ocho años (2011/18) el fuero federal en Chubut tuvo 3.950 causas por violación a la Ley de Estupefacientes. El 93% fue por narcomenudeo o alguno de los tipos penales que el Ministerio quiere incluir.
En el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, en ese lapso este tipo de causas pasó del 34 al 50%; en Rawson, del 11 al 52% y en Esquel –que empezó a trabajar en 2015-, del 46 al 52%.
El proyecto aclara que si una causa provincial se vincula con otra federal, ésta última tendrá la competencia. Si hay conflicto, hasta que se dirima el expediente también seguirá en manos federales.
Las causas en trámite antes de la aprobación de la ley seguirán en el fuero donde se originaron.
Chubut quiere seguir el ejemplo de otras 9 provincias: Buenos Aires, Córdoba, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Tucumán y CABA. La Rioja y Jujuy están en el trámite.
Según el proyecto de ley, si la provincia implementa estos cambios, el Gobierno nacional está obligado a habilitarle fondos a modo de ayuda. Mientras, Chubut podrá readecuar partidas presupuestarias: la prioridad será adquirir tecnología y adecuar los centros de detención.
El proyecto hace referencia a los “acontecimientos de extrema violencia asociados a la disputa entre bandas coligadas con otros delitos complejos” en Chubut. “Nos hallamos ante una lógica de los hechos en la que difícilmente puedan disociarse tránsito y comercialización; la que además presenta una lógica ascendente en volumen de mercadeo, expansión territorial y complejidad organizacional de los actores involucrados, que redunda en delitos pluriofensivos”.
“Una política estatal sobre drogas debe ser igualmente agresiva en el plano de la reducción de la oferta como en el desincentivo de la demanda y cuyos indicadores epidemiológicos de eficacia se traducen en las tasas de prevalencia de consumo, tanto de aquellas drogas no reguladas como de las que sí lo están”.
En cuanto a las multas, los beneficios económicos y los bienes decomisados o la ganancia de su venta, todo lo decidirá el Ejecutivo. Y el Superior Tribunal de Justicia definirá cómo se destruirá la droga incautada.
La propuesta se completa con la creación de la Unidad Antinarcóticos del Chubut (UACh), que investigará, prevendrá y disuadirá estos delitos. Será un cuerpo profesional civil y armado que dependerá del ministro de Seguridad Federico Massoni. Estará a cargo de un director general con rango equivalente al jefe de Policía. Lo designará el Poder Ejecutivo y su desempeño será evaluado anualmente por el ministro.
Sus funcionarios serán formados en una Escuela de Formación y Capacitación con futura sede en Rawson. También dependerá de Seguridad. Incluirá cursos de actualización y perfeccionamiento.
Pero mientras tanto, durante dos años y hasta que egrese la primera cohorte, la UACh podrá absorber de la actual fuerza a los policías que considere adecuados. Los nombres los propondrá el titular de la Unidad y el jefe de la Policía. La selección será del ministro.