La Oficina Anticorrupción pidió 8 años de cárcel para Lázaro y Martín Báez
Al reactivarse el juicio tras un freno de cuatro meses por la pandemia, la Oficina Anticorrupción (OA) pidió este martes la pena de ocho años y medio de prisión para Lázaro Báez en el marco de la causa denominada "Ruta del dinero K", por considerarlo "miembro de una banda" dedicada al lavado de dinero.
Además, la oficina reclamó la pena de ocho años para Martín Báez, hijo del empresario, quien al igual que su padre está detenido en el penal de Ezeiza.
Para sus otros hijos, la OA solicitó 5 años para Leandro Báez y de 4 años y seis meses para Melina y Luciana, quienes no están detenidos.
Sobre el "arrepentido" Leonardo Fariña, el organismo reclamó la pena de tres años de prisión, lo que implica que no iría detenido, ya que el cumplimiento de la misma es de manera condicional, mientras que pidió 6 años para el financista Federico Elaskar, dueño de la financiera SGI, más conocida como "La Rosadita", a través de la cual se realizaron las maniobras de lavado.
En un alegato, la OA también pidió al Tribunal Oral Federal 4 el decomiso definitivo del dinero que está retenido en cuentas bancarias en paraísos fiscales, así como de aquellos bienes muebles e inmuebles embargados, los que no serán de propiedad del Estado hasta tanto no exista una condena firme ratificada por última instancia.
El pedido de penas fue muy similar al que hicieron meses atrás la Unidad de Información Financiera (UIF), que reclamó 9 años para Lázaro Báez, y la AFIP, que propuso ocho años.
El TOF 4 reanudó este martes el juicio oral y público por la denominada "Ruta del dinero K" a través de videoconferencia, con la sola presencia de los jueces en una sala de Comodoro Py.
El juicio tendrá una frecuencia de dos días por semana, luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal reprendiera al TOF 2 y le pidiera que acelerara el proceso, ya que hasta ahora se venía llevando a cabo una sola audiencia por semana y el proceso ya está por cumplir dos años.
Se trata de la etapa final del juicio, ya que sólo restan el alegato de la Oficina Anticorrupción, el de la Fiscalía, a cargo de Abel Córdoba, y el turno de todas las defensas.
El proceso contra Báez fue el primer gran juicio por corrupción que se reactivó, puesto que todos los demás están paralizados porque el Consejo de la Magistratura no brindó la tecnología necesaria para realizarlos de forma virtual para minimizar los riesgos de contagio de coronavirus.
Báez apeló el rechazo a su arresto domiciliario.
Este martes, Báez apeló el rechazo a su arresto domiciliario ante la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que le ratificaran la caución de 632 millones de pesos.
Los abogados del dueño de Austral Construcciones reclaman la reducción del monto de la caución que le fijaron como condición para tener la prisión domiciliaria, beneficio que le fue otorgado, pero que no se hizo efectivo ante el no pago de esa suma.
La domiciliaria fue otorgada en la causa conocida como M&P por presunto lavado de dinero y a raíz que lleva cuatro años y medio con prisión preventiva, cuando la ley no permite más de tres.
Previamente, Báez había obtenido el cambio en las condiciones de detención en otra causa también por presunto lavado de dinero a raíz de la compra de un campo en Uruguay conocido como "El Entrevero" y la excarcelación en la causa conocida como "la Ruta del dinero K".
Ante la presentación de los abogados del empresario, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal debe definir la caución que debe pagar Báez o bien si se le concede directamente la prisión domiciliaria.
Se trata del mismo tribunal que semanas atrás favoreció al empresario al revocar una decisión del tribunal que le había negado el arresto domiciliario solicitado.
Además, la oficina reclamó la pena de ocho años para Martín Báez, hijo del empresario, quien al igual que su padre está detenido en el penal de Ezeiza.
Para sus otros hijos, la OA solicitó 5 años para Leandro Báez y de 4 años y seis meses para Melina y Luciana, quienes no están detenidos.
Sobre el "arrepentido" Leonardo Fariña, el organismo reclamó la pena de tres años de prisión, lo que implica que no iría detenido, ya que el cumplimiento de la misma es de manera condicional, mientras que pidió 6 años para el financista Federico Elaskar, dueño de la financiera SGI, más conocida como "La Rosadita", a través de la cual se realizaron las maniobras de lavado.
En un alegato, la OA también pidió al Tribunal Oral Federal 4 el decomiso definitivo del dinero que está retenido en cuentas bancarias en paraísos fiscales, así como de aquellos bienes muebles e inmuebles embargados, los que no serán de propiedad del Estado hasta tanto no exista una condena firme ratificada por última instancia.
El pedido de penas fue muy similar al que hicieron meses atrás la Unidad de Información Financiera (UIF), que reclamó 9 años para Lázaro Báez, y la AFIP, que propuso ocho años.
El TOF 4 reanudó este martes el juicio oral y público por la denominada "Ruta del dinero K" a través de videoconferencia, con la sola presencia de los jueces en una sala de Comodoro Py.
El juicio tendrá una frecuencia de dos días por semana, luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal reprendiera al TOF 2 y le pidiera que acelerara el proceso, ya que hasta ahora se venía llevando a cabo una sola audiencia por semana y el proceso ya está por cumplir dos años.
Se trata de la etapa final del juicio, ya que sólo restan el alegato de la Oficina Anticorrupción, el de la Fiscalía, a cargo de Abel Córdoba, y el turno de todas las defensas.
El proceso contra Báez fue el primer gran juicio por corrupción que se reactivó, puesto que todos los demás están paralizados porque el Consejo de la Magistratura no brindó la tecnología necesaria para realizarlos de forma virtual para minimizar los riesgos de contagio de coronavirus.
Báez apeló el rechazo a su arresto domiciliario.
Este martes, Báez apeló el rechazo a su arresto domiciliario ante la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que le ratificaran la caución de 632 millones de pesos.
Los abogados del dueño de Austral Construcciones reclaman la reducción del monto de la caución que le fijaron como condición para tener la prisión domiciliaria, beneficio que le fue otorgado, pero que no se hizo efectivo ante el no pago de esa suma.
La domiciliaria fue otorgada en la causa conocida como M&P por presunto lavado de dinero y a raíz que lleva cuatro años y medio con prisión preventiva, cuando la ley no permite más de tres.
Previamente, Báez había obtenido el cambio en las condiciones de detención en otra causa también por presunto lavado de dinero a raíz de la compra de un campo en Uruguay conocido como "El Entrevero" y la excarcelación en la causa conocida como "la Ruta del dinero K".
Ante la presentación de los abogados del empresario, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal debe definir la caución que debe pagar Báez o bien si se le concede directamente la prisión domiciliaria.
Se trata del mismo tribunal que semanas atrás favoreció al empresario al revocar una decisión del tribunal que le había negado el arresto domiciliario solicitado.