Implantes defectuosos: vence el plazo para que damnificadas argentinas sean querellantes
El próximo 31 de agosto vencerá el plazo para que todas las personas del país afectadas por los implantes mamarios PIP se constituyan en querellantes en la causa iniciada en Francia. La empresa alemana TÜV Rheinland tendrá que pagar entre 17 mil y 70 mil euros a cada una de las víctimas.
Estas prótesis mamarias se comercializaron en el país hasta que en 2010 la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) las prohibió, y se cree que 400 mil personas de todo el mundo aún no se sumaron al juicio.
Hasta el momento, 10 mil mujeres de 45 países demandaron a la empresa alemana, que habría sido la responsable de no realizar los controles pertinentes de la fabricación y comercialización de los implantes mamarios.
En Argentina, el estudio de abogados Lozano Blanco & Asociados, participa de la campaña "La demanda más grande del mundo", en la que las damnificadas iniciaron la causa contra la empresa alemana.
La iniciativa nació en 2013, cuando la firma de abogados logró ser la primera en inscribir a un grupo de afectadas ante los tribunales de Francia, representando así a 1.500 mujeres en una primera demanda y que luego tuvo en 2014 una segunda.
En ambas ocasiones, la firma alemana fue condenada en primera instancia a pagar 3.000 euros a las 7.700 mujeres demandantes para cubrir los gastos médicos urgentes y, quienes están ahora, a la espera de una indemnización definitiva que le corresponderá a cada una de acuerdo con su caso concreto.
El escándalo de las prótesis mamarias de la compañía francesa PIP se hizo público en marzo de 2010, cuando se supo que la empresa utilizaba un gel de silicona no homologado para uso médico, en vez del gel Nusil autorizado que declaraba emplear.
Se estima que medio millón de prótesis fraudulentas fueron fabricadas y vendidas en el mundo entre 2001 y 2010; y en Argentina, se cree que alrededor de 15 mil personas recibieron estas prótesis, que se comercializaron entre 2007 y 2010, ya que luego fueron prohibidas por la ANMAT .
"Me operé en noviembre de 2008, la cirugía, el post operatorio, y los posteriores controles de rutina salieron todo bien. Sin embargo, en 2011 cuando me entero por los medios que las prótesis que tenía eran de mala calidad y que muchas mujeres en el mundo comenzaron a tener problemas, me angustié mucho, dado que no tenía la posibilidad económica de extraérmelas", comentó Laura Analía Galleguillo, una de las argentinas damnificadas.
La mujer, comentó también que en 2012 se enteró de la campaña "La demanda más grande del mundo", se comunicó con el estudio y comenzó a juntar toda la documentación necesaria para ser parte de la demanda: "Estoy en el segundo grupo de demandantes y somos miles de mujeres en la misma situación. En 2018 cobramos una pre indemnización, pero el juicio aún continúa. Con ese dinero podré sacarme las prótesis y dar por acabado este eterno miedo con el que vivo".
Según un comunicado del estudio que lleva adelante las demandas, el próximo 31 de agosto se vence el plazo para que todas las mujeres afectadas por los implantes PIP reclamen ante las autoridades francesas.
"No es necesario que la mujer haya sufrido fisura o ruptura de la prótesis. Todas las mujeres son afectadas por estos implantes ante la ley, por haber comprado un producto que no cumplía con las condiciones de calidad y seguridad necesarias", explicó la abogada Nathalie Lozano, del estudio que promueve la campaña.
Estas prótesis mamarias se comercializaron en el país hasta que en 2010 la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) las prohibió, y se cree que 400 mil personas de todo el mundo aún no se sumaron al juicio.
Hasta el momento, 10 mil mujeres de 45 países demandaron a la empresa alemana, que habría sido la responsable de no realizar los controles pertinentes de la fabricación y comercialización de los implantes mamarios.
En Argentina, el estudio de abogados Lozano Blanco & Asociados, participa de la campaña "La demanda más grande del mundo", en la que las damnificadas iniciaron la causa contra la empresa alemana.
La iniciativa nació en 2013, cuando la firma de abogados logró ser la primera en inscribir a un grupo de afectadas ante los tribunales de Francia, representando así a 1.500 mujeres en una primera demanda y que luego tuvo en 2014 una segunda.
En ambas ocasiones, la firma alemana fue condenada en primera instancia a pagar 3.000 euros a las 7.700 mujeres demandantes para cubrir los gastos médicos urgentes y, quienes están ahora, a la espera de una indemnización definitiva que le corresponderá a cada una de acuerdo con su caso concreto.
El escándalo de las prótesis mamarias de la compañía francesa PIP se hizo público en marzo de 2010, cuando se supo que la empresa utilizaba un gel de silicona no homologado para uso médico, en vez del gel Nusil autorizado que declaraba emplear.
Se estima que medio millón de prótesis fraudulentas fueron fabricadas y vendidas en el mundo entre 2001 y 2010; y en Argentina, se cree que alrededor de 15 mil personas recibieron estas prótesis, que se comercializaron entre 2007 y 2010, ya que luego fueron prohibidas por la ANMAT .
"Me operé en noviembre de 2008, la cirugía, el post operatorio, y los posteriores controles de rutina salieron todo bien. Sin embargo, en 2011 cuando me entero por los medios que las prótesis que tenía eran de mala calidad y que muchas mujeres en el mundo comenzaron a tener problemas, me angustié mucho, dado que no tenía la posibilidad económica de extraérmelas", comentó Laura Analía Galleguillo, una de las argentinas damnificadas.
La mujer, comentó también que en 2012 se enteró de la campaña "La demanda más grande del mundo", se comunicó con el estudio y comenzó a juntar toda la documentación necesaria para ser parte de la demanda: "Estoy en el segundo grupo de demandantes y somos miles de mujeres en la misma situación. En 2018 cobramos una pre indemnización, pero el juicio aún continúa. Con ese dinero podré sacarme las prótesis y dar por acabado este eterno miedo con el que vivo".
Según un comunicado del estudio que lleva adelante las demandas, el próximo 31 de agosto se vence el plazo para que todas las mujeres afectadas por los implantes PIP reclamen ante las autoridades francesas.
"No es necesario que la mujer haya sufrido fisura o ruptura de la prótesis. Todas las mujeres son afectadas por estos implantes ante la ley, por haber comprado un producto que no cumplía con las condiciones de calidad y seguridad necesarias", explicó la abogada Nathalie Lozano, del estudio que promueve la campaña.