Para los defensores no es una “causa compleja”

Quieren que se investigue durante 6 meses y no durante un año.

11 AGO 2020 - 20:54 | Actualizado

Luego de la lectura de la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal, que demandó casi una hora de la audiencia, los defensores no se opusieron a la apertura de la investigación pero sí a que el caso se caratule como “causa compleja”.

Carlos Pericich, defensor de Mara Rodera, dejó reserva de planteo de nulidad. “El hecho no está debidamente circunstanciado. Lo único serio que hace el Ministerio Público Fiscal es decir que mi representada no prestó ningún tipo de contraprestación”, argumentó. Pedirá el sobreseimiento porque “el hecho que enuncia no es delito”. También se opuso a que decrete el proceso como delito complejo al entender “que son todos delitos simples, defraudaciones, hechos muy pequeños”.

En la misma línea se manifestaron los defensores públicos Omar López y Damián D’ Antonio.

Jorge Rubiolo, defensor de Pamela Matamala y Facundo Andrés Jofré, no se opuso a la apertura pero sí al plazo, considerando que los seis meses es lo necesario ya que “mantener a los imputados en un proceso de investigación de un año es injusto”.

Fabián Gabalachis, representante de Cecilia Torres Otarola, Jaquelina Rodera, Facundo Solari Rodera, Branco Rodera Neira y Adriana Cañumil, no se opuso a la apertura pero calificó como “frágil” al relato de los hechos.

“Disiento pretender transformar esto en caso complejo, toda la prueba es documental, prácticamente no hay prueba testimonial, hay personas que ya han sido entrevistadas por Fiscalía. Son personas que hasta perdieron su trabajos, Torres Otarola renunció a su cargo por esta investigación. Un proceso que puede durar hasta 5 años no es razonable”, expuso el defensor.

Zulma Manyauik, representante de Antonio Cundari, Miguel Ángel Reto Trelles y Marcelo Neira, también criticó el relato de los hechos que componen la acusación. Afirmó que no se oponen a la apertura de investigación pero “se infiere en esta etapa como que mis asistidos hayan sido asignados a un cargo y tengan que probar ante la Justicia cómo trabajaron y qué tareas han realizado”.

Relató que Cundari le manifestó “que trabajó sábados y domingos. Tiene una trayectoria de más de 30 años como empresario de pymes, es ingeniero”. Pedirá su sobreseimiento porque además “fue gravemente perjudicado, perdiendo ofertas y fuentes laborales. Someterlo a este proceso le causa un perjuicio muy grave”.

Ante estos planteos el fiscal Rodríguez insistió con sus acusaciones, afirmando que “hay una clara maniobra de parte de una funcionaria, con particulares, que se hacen nombrar sabiendo que no van a prestar ningún tipo de servicios, ésa es la maniobra que no es muy compleja de entender y a partir de ahí, reciben un salario sabiendo que no trabajan”.

“Eso está comprobado y en algunos casos hay retornos en las cuentas bancarias. Qué expliquen por qué el jardinero le hace depósitos a Silvana Cañumil de su sueldo de Director que cobra en Buenos Aires”, se cuestiona.

Rodríguez aseguró que aún no se determinó el monto total recibido por Otarola. Será resultado de una pericia contable pero, para el fiscal, “son varios millones y además hay que investigar lo que adelanté que tiene que ver con un enriquecimiento ilícito, porque hay mucho movimiento de dinero”.

Para el fiscal, el gobernador Mariano Arcioni firmó los decretos de designación de todas estas personas “en función de que fue engañado. Le plantean un listado de personas para ocupar cargos en función de la idoneidad que valoró Otarola, y ese listado fue firmado en la confianza, por el gobernador, quien fue engañado, sino que explique por qué estaba este jardinero viviendo en Buenos Aires y era director y le depositaba a Cañumil parte de su sueldo”.

En las últimas horas se conoció que en Comodoro Rivadavia se presentaron denuncias contra la exministro por compras directas durante la emergencia por la pandemia. Consultado sobre las mismas, Rodríguez explicó que se comunicó con su par Héctor Iturrioz. “Tienen que ver con compras de los alimentos que yo también lo estoy investigando, por lo que me van a remitir el caso. En el marco de la emergencia hicieron compras a proveedores para asistir a gente del interior de la provincia”.

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11 AGO 2020 - 20:54

Luego de la lectura de la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal, que demandó casi una hora de la audiencia, los defensores no se opusieron a la apertura de la investigación pero sí a que el caso se caratule como “causa compleja”.

Carlos Pericich, defensor de Mara Rodera, dejó reserva de planteo de nulidad. “El hecho no está debidamente circunstanciado. Lo único serio que hace el Ministerio Público Fiscal es decir que mi representada no prestó ningún tipo de contraprestación”, argumentó. Pedirá el sobreseimiento porque “el hecho que enuncia no es delito”. También se opuso a que decrete el proceso como delito complejo al entender “que son todos delitos simples, defraudaciones, hechos muy pequeños”.

En la misma línea se manifestaron los defensores públicos Omar López y Damián D’ Antonio.

Jorge Rubiolo, defensor de Pamela Matamala y Facundo Andrés Jofré, no se opuso a la apertura pero sí al plazo, considerando que los seis meses es lo necesario ya que “mantener a los imputados en un proceso de investigación de un año es injusto”.

Fabián Gabalachis, representante de Cecilia Torres Otarola, Jaquelina Rodera, Facundo Solari Rodera, Branco Rodera Neira y Adriana Cañumil, no se opuso a la apertura pero calificó como “frágil” al relato de los hechos.

“Disiento pretender transformar esto en caso complejo, toda la prueba es documental, prácticamente no hay prueba testimonial, hay personas que ya han sido entrevistadas por Fiscalía. Son personas que hasta perdieron su trabajos, Torres Otarola renunció a su cargo por esta investigación. Un proceso que puede durar hasta 5 años no es razonable”, expuso el defensor.

Zulma Manyauik, representante de Antonio Cundari, Miguel Ángel Reto Trelles y Marcelo Neira, también criticó el relato de los hechos que componen la acusación. Afirmó que no se oponen a la apertura de investigación pero “se infiere en esta etapa como que mis asistidos hayan sido asignados a un cargo y tengan que probar ante la Justicia cómo trabajaron y qué tareas han realizado”.

Relató que Cundari le manifestó “que trabajó sábados y domingos. Tiene una trayectoria de más de 30 años como empresario de pymes, es ingeniero”. Pedirá su sobreseimiento porque además “fue gravemente perjudicado, perdiendo ofertas y fuentes laborales. Someterlo a este proceso le causa un perjuicio muy grave”.

Ante estos planteos el fiscal Rodríguez insistió con sus acusaciones, afirmando que “hay una clara maniobra de parte de una funcionaria, con particulares, que se hacen nombrar sabiendo que no van a prestar ningún tipo de servicios, ésa es la maniobra que no es muy compleja de entender y a partir de ahí, reciben un salario sabiendo que no trabajan”.

“Eso está comprobado y en algunos casos hay retornos en las cuentas bancarias. Qué expliquen por qué el jardinero le hace depósitos a Silvana Cañumil de su sueldo de Director que cobra en Buenos Aires”, se cuestiona.

Rodríguez aseguró que aún no se determinó el monto total recibido por Otarola. Será resultado de una pericia contable pero, para el fiscal, “son varios millones y además hay que investigar lo que adelanté que tiene que ver con un enriquecimiento ilícito, porque hay mucho movimiento de dinero”.

Para el fiscal, el gobernador Mariano Arcioni firmó los decretos de designación de todas estas personas “en función de que fue engañado. Le plantean un listado de personas para ocupar cargos en función de la idoneidad que valoró Otarola, y ese listado fue firmado en la confianza, por el gobernador, quien fue engañado, sino que explique por qué estaba este jardinero viviendo en Buenos Aires y era director y le depositaba a Cañumil parte de su sueldo”.

En las últimas horas se conoció que en Comodoro Rivadavia se presentaron denuncias contra la exministro por compras directas durante la emergencia por la pandemia. Consultado sobre las mismas, Rodríguez explicó que se comunicó con su par Héctor Iturrioz. “Tienen que ver con compras de los alimentos que yo también lo estoy investigando, por lo que me van a remitir el caso. En el marco de la emergencia hicieron compras a proveedores para asistir a gente del interior de la provincia”.


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