Senovia Tolosa y Laura Acosta denunciaron que los dos terrenos ubicados en la calle Sarmiento 71 y 75 de Dolavon y donde el último sábado 12 de septiembre se produjo el fallecimiento de una persona en el marco de un incendio están usurpados.
En su visita a la redacción de diario Jornada, tanto Tolosa como Acota mostraron la escritura de la propiedad y también la denuncia que efectuaron en la Comisaría de esa localidad valletana. En tal sentido, apuntaron que desde el año 2013 las viviendas de la calle Sarmiento están usurpadas. Son dos salones y una ampliación que datan de 1928 y que eran propiedad de Benito Crespo San Martín y Mercedes Castro, familiares directos de las denunciantes.
“Al fallecer Mercedes Castro –agregaron- se inició el trámite de sucesión”, pero “desde el 2013 que la propiedad fue usurpada por Patricia Bortagaray y su hija” y que al acercarse –en varias oportunidades- a esa propiedad “constatamos a varias personas ocupando la misma que no están en condiciones habitables y con peligro de derrumbe, sin servicio de gas y con una conexión clandestina de electricidad”.
Tras mostrar el título de propiedad y la acreditación de la sucesión entre los herederos tramitada en el Juzgado de Ejecución Nº 1 de Trelew y los recibos de impuestos pagos hasta diciembre de este año, tanto Senovia Tolosa como Laura Acosta solicitaron el desalojo de todos los que habitan ese lugar.
“Hacemos responsable a esta señora (Patricia Bortagaray) de no poder hacer uso de nuestra propiedad”, señaló la denuncia, donde además, aportaron comprobantes de los impuestos al día hasta diciembre de 2020 en beneficio de la administración municipal.
Las usurpaciones
En la denuncia se verificó que presuntamente la propiedad reclamada fue usada por Bortagaray para resguardar bienes personales que habían sido objeto de un desalojo por otro caso de usurpación, en este caso a una propiedad de una conocida familia de la zona. Tras “ser desalojada por la Justicia este año de una propiedad de la familia Griffiths, trasladó todas sus pertenencias o de familiares de ella, a uno de los salones ubicados en la altura catastral 71 de mi propiedad”, reflejó la denuncia que está en manos de la Justicia.
Senovia Tolosa y Laura Acosta denunciaron que los dos terrenos ubicados en la calle Sarmiento 71 y 75 de Dolavon y donde el último sábado 12 de septiembre se produjo el fallecimiento de una persona en el marco de un incendio están usurpados.
En su visita a la redacción de diario Jornada, tanto Tolosa como Acota mostraron la escritura de la propiedad y también la denuncia que efectuaron en la Comisaría de esa localidad valletana. En tal sentido, apuntaron que desde el año 2013 las viviendas de la calle Sarmiento están usurpadas. Son dos salones y una ampliación que datan de 1928 y que eran propiedad de Benito Crespo San Martín y Mercedes Castro, familiares directos de las denunciantes.
“Al fallecer Mercedes Castro –agregaron- se inició el trámite de sucesión”, pero “desde el 2013 que la propiedad fue usurpada por Patricia Bortagaray y su hija” y que al acercarse –en varias oportunidades- a esa propiedad “constatamos a varias personas ocupando la misma que no están en condiciones habitables y con peligro de derrumbe, sin servicio de gas y con una conexión clandestina de electricidad”.
Tras mostrar el título de propiedad y la acreditación de la sucesión entre los herederos tramitada en el Juzgado de Ejecución Nº 1 de Trelew y los recibos de impuestos pagos hasta diciembre de este año, tanto Senovia Tolosa como Laura Acosta solicitaron el desalojo de todos los que habitan ese lugar.
“Hacemos responsable a esta señora (Patricia Bortagaray) de no poder hacer uso de nuestra propiedad”, señaló la denuncia, donde además, aportaron comprobantes de los impuestos al día hasta diciembre de 2020 en beneficio de la administración municipal.
Las usurpaciones
En la denuncia se verificó que presuntamente la propiedad reclamada fue usada por Bortagaray para resguardar bienes personales que habían sido objeto de un desalojo por otro caso de usurpación, en este caso a una propiedad de una conocida familia de la zona. Tras “ser desalojada por la Justicia este año de una propiedad de la familia Griffiths, trasladó todas sus pertenencias o de familiares de ella, a uno de los salones ubicados en la altura catastral 71 de mi propiedad”, reflejó la denuncia que está en manos de la Justicia.