El Municipio de Trevelin adhirió a la “Ley Micaela”
El Concejo Deliberante de Trevelin aprobó la adhesión del Estado Municipal a la Ley Nacional Nº 27.499, denominada “Ley Micaela”, en memoria de la joven entrerriana Micaela García, víctima de violación y posterior femicidio en el año 2017.
Ese hecho generó una profundización de la lucha de distintos sectores de la comunidad, encabezados por colectivos feministas, para generar una política de capacitación para funcionarios y empleados de los organismos públicos, en perspectiva de género y violencia contra las mujeres, sin importar jerarquía, forma de contratación, ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
En la Hora de Preferencia, de la sesión del pasado jueves, la concejal Emilia Méndez resaltó que “gracias al movimiento feminista y a la enorme lucha de las mujeres, hemos sido capaces de reconocer la falta de capacitación en perspectiva de género de muchos profesionales que trabajan en la temática, y de los diversos organismos estatales”.
Explicó que la implementación de esta normativa “implica por un lado, prevenir y promover la adecuada intervención frente a situaciones de violencias, por razones de género en los ámbitos laborales, donde funcionarios y funcionarias no sean quienes revictimicen, estigmaticen o violenten aún más a las víctimas y sus familias”.
Ese hecho generó una profundización de la lucha de distintos sectores de la comunidad, encabezados por colectivos feministas, para generar una política de capacitación para funcionarios y empleados de los organismos públicos, en perspectiva de género y violencia contra las mujeres, sin importar jerarquía, forma de contratación, ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
En la Hora de Preferencia, de la sesión del pasado jueves, la concejal Emilia Méndez resaltó que “gracias al movimiento feminista y a la enorme lucha de las mujeres, hemos sido capaces de reconocer la falta de capacitación en perspectiva de género de muchos profesionales que trabajan en la temática, y de los diversos organismos estatales”.
Explicó que la implementación de esta normativa “implica por un lado, prevenir y promover la adecuada intervención frente a situaciones de violencias, por razones de género en los ámbitos laborales, donde funcionarios y funcionarias no sean quienes revictimicen, estigmaticen o violenten aún más a las víctimas y sus familias”.