Editorial / Las injusticias de la Justicia
Leé La Columna del Domingo, el tradicional análisis de la edición impresa de Jornada.
Ahora fue Mirta del Valle Moreno la jueza que puso otra vez en el tapete las graves falencias de la Justicia de Chubut. También aportó lo suyo el fiscal Osvaldo Heiber. Por la impericia de uno y las antojadizas interpretaciones de la otra, una mujer que denunció haber sido violada por su exmarido en dos oportunidades, que dejó registrados en fotos los golpes de puño que recibió en la cara y que vio como el presunto victimario se llevó a dos de sus hijos, está el borde de quedar como una “mentirosa” simplemente porque la Justicia de Chubut volvió a elegir ser injusta.
Nadie, ni siquiera la víctima, pide que se vulneren las garantías de ningún ciudadano. Ni siquiera de este acusado que ya tenía una orden de restricción de acercamiento y varias denuncias anteriores por hechos similares. Para eso existe una apertura de investigación, durante la cual el fiscal colecta pruebas y después recién el acusado es llevado a juicio.
Bueno, en este caso, con pruebas más que evidentes a la vista, la jueza Moreno consideró que no eran suficientes y ni siquiera abrió la investigación. Y por si fuera poco, otros dos jueces, Ivana González y Gustavo Castro, desestimaron el recurso del fiscal. Todos amparándose en la letra chica del Código Procesal Penal.
Eligieron embarcarse en una discusión legal que por supuesto deja al resto de los mortales afuera de la burbuja de cristal en la que viven ellos. No se trataba de discutir un fallo condenatorio. Era apenas una apertura de investigación para darle a la víctima su derecho a reclamar justicia.
Ahora, se estima, el Ministerio Público Fiscal irá a la carga con un pedido de recusación de la jueza, y posiblemente el Superior Tribunal de Justicia deba tomar cartas en el asunto.
Sería la segunda vez en poco tiempo que el Superior deba tomar una decisión sobre la jueza Moreno. A principios de este año se tuvo que expedir luego de que el Consejo de la Magistratura emitiera por unanimidad un lapidario informe sobre la actuación de la magistrada.
El Consejo declaró “insatisfactorios” los primeros tres años de trabajo de la jueza Moreno y elevó el informe al Superior Tribunal de Justicia para que decida alguna medida disciplinaria. Los evaluadores concluyeron en una coincidencia: “La jueza exhibe constantemente una conducta inflexible y en momentos críticos pierde el equilibrio que debe mantener un juez”.
Y agregaron: “Este maltrato que tiene con las partes, la falta de respeto, la llevan a imponer caprichosamente criterios personales sin fundamentos jurídicos, lo que devienen en arbitrarios”, escribieron de manera lapidaria.
Pues bien, semejante informe negativo apenas si mereció una sanción pecuniaria ínfima al lado de toda la injusticia que, según el propio organismo que controla el trabajo de los magistrados, cometió la Dra. Moreno.
El caso de Moreno comprueba que casi nunca funcionan correctamente los organismos de control del Poder Judicial. En este caso, el Consejo de la Magistratura actuó como corresponde pero el Superior Tribunal eligió apenas una sanción económica contra una jueza que durante tres años tuvo una actuación “insatisfactoria”.
Hay muchos otros casos que quedan en el camino y duermen el sueño de los justos. ¿Alguien sabe qué pasó con la defensora pública María Angélica Leyba, que el año pasado defendió a un presunto abusador de su exesposa argumentando que era casi que un hombre de 75 kilos pueda sacarle la calza por la fuerza a una mujer obesa? El hombre fue absuelto.
¿Alguien sabe si el Consejo de la Magistratura actuó finalmente contra el juez Fabio Monti, que en 2013 le dio salidas laborales a un violador condenado que se fugó y pocos días después masacró a la nena de 11 años Jazmín Chacoma en Comodoro Rivadavia? El asesino fue atrapado y condenado. Pero ya era tarde. Monti sigue siendo juez en Trelew.
¿Cuántos jueces, fiscales y defensores han sido destituidos por su incompetencia en los últimos años? Hace poco corrieron de la Justicia –en verdad, terminó renunciando acosado por varias denuncias en su contra- al juez Martin Alesi, pero no por sus fallos sino por su falta de decoro y sus vergonzosas peleas y expresiones públicas contra otros jueces.
Esta semana se conoció el caso de una empleada de un Juzgado Laboral de Trelew que fue sancionada por el Superior porque faltó 80 veces en seis meses, entre otras tantas cosas. El gremio de los trabajadores judiciales (Sitrajuch) eligió marchar para cubrirla, en vez de defender a los buenos empleados.
Por supuesto, la Asociación de Magistrados que reúne a la crema y nata de Poder Judicial salió a defender a los tres jueces que pidieron la sanción pero nunca se los escucha decir una palabra sobre el penoso accionar de muchos de sus colegas.
Es necesario que la propia Justicia de Chubut encare de una vez por todas una autodepuración. Nadie pide que de un día para otro se vayan todos los incompetentes. Pero al menos que alguien haga algo rápido para que los inútiles y/o incompetentes o como se los guste llamar, no sigan ayudando a cometer injusticias.
Ahora fue Mirta del Valle Moreno la jueza que puso otra vez en el tapete las graves falencias de la Justicia de Chubut. También aportó lo suyo el fiscal Osvaldo Heiber. Por la impericia de uno y las antojadizas interpretaciones de la otra, una mujer que denunció haber sido violada por su exmarido en dos oportunidades, que dejó registrados en fotos los golpes de puño que recibió en la cara y que vio como el presunto victimario se llevó a dos de sus hijos, está el borde de quedar como una “mentirosa” simplemente porque la Justicia de Chubut volvió a elegir ser injusta.
Nadie, ni siquiera la víctima, pide que se vulneren las garantías de ningún ciudadano. Ni siquiera de este acusado que ya tenía una orden de restricción de acercamiento y varias denuncias anteriores por hechos similares. Para eso existe una apertura de investigación, durante la cual el fiscal colecta pruebas y después recién el acusado es llevado a juicio.
Bueno, en este caso, con pruebas más que evidentes a la vista, la jueza Moreno consideró que no eran suficientes y ni siquiera abrió la investigación. Y por si fuera poco, otros dos jueces, Ivana González y Gustavo Castro, desestimaron el recurso del fiscal. Todos amparándose en la letra chica del Código Procesal Penal.
Eligieron embarcarse en una discusión legal que por supuesto deja al resto de los mortales afuera de la burbuja de cristal en la que viven ellos. No se trataba de discutir un fallo condenatorio. Era apenas una apertura de investigación para darle a la víctima su derecho a reclamar justicia.
Ahora, se estima, el Ministerio Público Fiscal irá a la carga con un pedido de recusación de la jueza, y posiblemente el Superior Tribunal de Justicia deba tomar cartas en el asunto.
Sería la segunda vez en poco tiempo que el Superior deba tomar una decisión sobre la jueza Moreno. A principios de este año se tuvo que expedir luego de que el Consejo de la Magistratura emitiera por unanimidad un lapidario informe sobre la actuación de la magistrada.
El Consejo declaró “insatisfactorios” los primeros tres años de trabajo de la jueza Moreno y elevó el informe al Superior Tribunal de Justicia para que decida alguna medida disciplinaria. Los evaluadores concluyeron en una coincidencia: “La jueza exhibe constantemente una conducta inflexible y en momentos críticos pierde el equilibrio que debe mantener un juez”.
Y agregaron: “Este maltrato que tiene con las partes, la falta de respeto, la llevan a imponer caprichosamente criterios personales sin fundamentos jurídicos, lo que devienen en arbitrarios”, escribieron de manera lapidaria.
Pues bien, semejante informe negativo apenas si mereció una sanción pecuniaria ínfima al lado de toda la injusticia que, según el propio organismo que controla el trabajo de los magistrados, cometió la Dra. Moreno.
El caso de Moreno comprueba que casi nunca funcionan correctamente los organismos de control del Poder Judicial. En este caso, el Consejo de la Magistratura actuó como corresponde pero el Superior Tribunal eligió apenas una sanción económica contra una jueza que durante tres años tuvo una actuación “insatisfactoria”.
Hay muchos otros casos que quedan en el camino y duermen el sueño de los justos. ¿Alguien sabe qué pasó con la defensora pública María Angélica Leyba, que el año pasado defendió a un presunto abusador de su exesposa argumentando que era casi que un hombre de 75 kilos pueda sacarle la calza por la fuerza a una mujer obesa? El hombre fue absuelto.
¿Alguien sabe si el Consejo de la Magistratura actuó finalmente contra el juez Fabio Monti, que en 2013 le dio salidas laborales a un violador condenado que se fugó y pocos días después masacró a la nena de 11 años Jazmín Chacoma en Comodoro Rivadavia? El asesino fue atrapado y condenado. Pero ya era tarde. Monti sigue siendo juez en Trelew.
¿Cuántos jueces, fiscales y defensores han sido destituidos por su incompetencia en los últimos años? Hace poco corrieron de la Justicia –en verdad, terminó renunciando acosado por varias denuncias en su contra- al juez Martin Alesi, pero no por sus fallos sino por su falta de decoro y sus vergonzosas peleas y expresiones públicas contra otros jueces.
Esta semana se conoció el caso de una empleada de un Juzgado Laboral de Trelew que fue sancionada por el Superior porque faltó 80 veces en seis meses, entre otras tantas cosas. El gremio de los trabajadores judiciales (Sitrajuch) eligió marchar para cubrirla, en vez de defender a los buenos empleados.
Por supuesto, la Asociación de Magistrados que reúne a la crema y nata de Poder Judicial salió a defender a los tres jueces que pidieron la sanción pero nunca se los escucha decir una palabra sobre el penoso accionar de muchos de sus colegas.
Es necesario que la propia Justicia de Chubut encare de una vez por todas una autodepuración. Nadie pide que de un día para otro se vayan todos los incompetentes. Pero al menos que alguien haga algo rápido para que los inútiles y/o incompetentes o como se los guste llamar, no sigan ayudando a cometer injusticias.