Vosecky: “Por mi honor me veo en la obligación de presentarme para ser escuchado por el juez”
El secretario de Planificación de la Municipalidad de Rawson, Fernando Voscky, pidió declarar ante el juez Sergio Piñeda. Dijo que el fiscal Rodríguez “no fue prudente” al imputarlo a través de los medios cuando la pesquisa recién se inicia. “Afecta mi prestigio personal y el de mi familia”, se quejó.
Por Rolando Tobarez / @rtobarez
El secretario de Planificación de la Municipalidad de Rawson, Fernando Vosecky, le pidió al juez Sergio Piñeda que fije una audiencia para declarar por la Causa Tierra Verde. Es una presentación espontánea: el funcionario quiere responder la imputación del jefe de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, que lo acusa de negociaciones incompatibles. Considera que Vosecky favoreció a un grupo de particulares para que se queden con un millonario negocio inmobiliario en Playa Unión.
“Me veo obligado a hacer esta presentación pues el fiscal, de modo público y de manera reiterada, me ha hecho imputaciones en un caso penal”, dice la solicitud.
Según el escrito, el legajo de investigación se abrió tras la denuncia de los concejales Germán Gusella, Maximiliano Vega y María Lorena Marín, el 7 de julio ante Rodríguez. “Alegaron la existencia de posibles ilícitos cometidos por parte de funcionarios municipales en el trámite de la venta pública de un macizo de tierra en Playa Unión, aprobada por el Consejo Deliberante por la Ordenanza correspondiente”. Apenas conocida la denuncia, el intendente Damián Biss acompañó toda la documentación.
Días más tarde, todos los integrantes de la Comisión de Adjudicación “nos pusimos a disposición del fiscal”.
En aquella nota hicieron referencia a las declaraciones del fiscal a la prensa, involucrando a funcionarios: “Teniendo en cuenta nuestro carácter de integrantes de la Comisión de Preadjudicación del procedimiento, no podemos menos que sentirnos aludidos. Nos presentamos motivados por nuestra calidad de funcionarios público, a los efectos de rendir las debidas cuentas, por la necesidad de dejar a salvo nuestro buen nombre y honor, y en atención a que poseemos la tranquilidad que otorga el convencimiento de haber procedido siempre conforme a derecho”.
Vosecky apuntó que Rodríguez requirió allanamientos y secuestros, “con gran difusión pública, y otorgó numerosas entrevistas a medios radiales y gráficos donde adelantó conclusiones sobre una investigación apenas comenzada”.
El escrito hace especial referencia a la entrevista del 14 de septiembre con Jornada, donde Rodríguez consignó que el secretario conocía el negocio: “Vosecky será imputado por negociación incompatible con la función pública (…) Surge de los chats. Le pide a Davies toda la documentación que necesitan incorporar al expediente. ¿Qué tiene que ver Davies si él tasó?, ¿cómo podés tasar y a la vuelta del mostrador sos el comprador o te quedás con el negocio? El funcionario debió preguntar qué tenía que ver con el único oferente. De última será Guastavino, que figuraba en los papeles, pero no Davies”.
Según la presentación, “una investigación preliminar no puede prolongarse al infinito, y que el Ministerio Fiscal se arrogue el poder de etiquetar a las personas como infractoras a la Ley, vulnere su ámbito de intimidad y mantenga en un limbo la situación de la persona afectada por esas intromisiones”.
“Vosecky sufrió la indicación pública de haber favorecido ilícitamente a terceros en una oferta pública de tierras, traicionando la confianza en él depositada por el equipo de Gobierno de Rawson, y afectando su prestigio personal y el de su familia, cuyos integrantes forman parte de la historia de esa ciudad por más de tres generaciones”.
“Transcurrido un tiempo prudencial, el fiscal no ha dispuesto escucharme para dar las explicaciones ofrecidas –reclamó-, pero tampoco realizó ninguna declaración pública descartando las imputaciones que públicamente me hiciera”.
Según se quejó el funcionario capitalino, “tengo derecho a que se ponga fin a esta pena de Incertidumbre”. Y recordó que según Julio Maier, hacer pública una imputación obliga al Ministerio Público a apresurar su decisión. “Sea para imputar –y hacer así posible conocer concretamente la imputación, y que el acusado pueda defenderse- o para cerrar el caso”.
“El fiscal Rodríguez no ha sido prudente en sus afirmaciones. Afirmó la existencia del delito y mi autoría de modo público, y de modo público, a través y con repercusión en medios gráficos y radiales, me reprochó la comisión de delito”.
Por eso y para proteger “mi tranquilidad personal y de mi honor, la tranquilidad de mi familia y la transparencia de mis actos en calidad de funcionario público, me veo en la obligación de presentarme para ser escuchado por el juez, pues es el modo que encuentro más atinado para informarme concretamente sobre las acusaciones públicas que el fiscal ha formulado, y darles respuesta”.
Por Rolando Tobarez / @rtobarez
El secretario de Planificación de la Municipalidad de Rawson, Fernando Vosecky, le pidió al juez Sergio Piñeda que fije una audiencia para declarar por la Causa Tierra Verde. Es una presentación espontánea: el funcionario quiere responder la imputación del jefe de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, que lo acusa de negociaciones incompatibles. Considera que Vosecky favoreció a un grupo de particulares para que se queden con un millonario negocio inmobiliario en Playa Unión.
“Me veo obligado a hacer esta presentación pues el fiscal, de modo público y de manera reiterada, me ha hecho imputaciones en un caso penal”, dice la solicitud.
Según el escrito, el legajo de investigación se abrió tras la denuncia de los concejales Germán Gusella, Maximiliano Vega y María Lorena Marín, el 7 de julio ante Rodríguez. “Alegaron la existencia de posibles ilícitos cometidos por parte de funcionarios municipales en el trámite de la venta pública de un macizo de tierra en Playa Unión, aprobada por el Consejo Deliberante por la Ordenanza correspondiente”. Apenas conocida la denuncia, el intendente Damián Biss acompañó toda la documentación.
Días más tarde, todos los integrantes de la Comisión de Adjudicación “nos pusimos a disposición del fiscal”.
En aquella nota hicieron referencia a las declaraciones del fiscal a la prensa, involucrando a funcionarios: “Teniendo en cuenta nuestro carácter de integrantes de la Comisión de Preadjudicación del procedimiento, no podemos menos que sentirnos aludidos. Nos presentamos motivados por nuestra calidad de funcionarios público, a los efectos de rendir las debidas cuentas, por la necesidad de dejar a salvo nuestro buen nombre y honor, y en atención a que poseemos la tranquilidad que otorga el convencimiento de haber procedido siempre conforme a derecho”.
Vosecky apuntó que Rodríguez requirió allanamientos y secuestros, “con gran difusión pública, y otorgó numerosas entrevistas a medios radiales y gráficos donde adelantó conclusiones sobre una investigación apenas comenzada”.
El escrito hace especial referencia a la entrevista del 14 de septiembre con Jornada, donde Rodríguez consignó que el secretario conocía el negocio: “Vosecky será imputado por negociación incompatible con la función pública (…) Surge de los chats. Le pide a Davies toda la documentación que necesitan incorporar al expediente. ¿Qué tiene que ver Davies si él tasó?, ¿cómo podés tasar y a la vuelta del mostrador sos el comprador o te quedás con el negocio? El funcionario debió preguntar qué tenía que ver con el único oferente. De última será Guastavino, que figuraba en los papeles, pero no Davies”.
Según la presentación, “una investigación preliminar no puede prolongarse al infinito, y que el Ministerio Fiscal se arrogue el poder de etiquetar a las personas como infractoras a la Ley, vulnere su ámbito de intimidad y mantenga en un limbo la situación de la persona afectada por esas intromisiones”.
“Vosecky sufrió la indicación pública de haber favorecido ilícitamente a terceros en una oferta pública de tierras, traicionando la confianza en él depositada por el equipo de Gobierno de Rawson, y afectando su prestigio personal y el de su familia, cuyos integrantes forman parte de la historia de esa ciudad por más de tres generaciones”.
“Transcurrido un tiempo prudencial, el fiscal no ha dispuesto escucharme para dar las explicaciones ofrecidas –reclamó-, pero tampoco realizó ninguna declaración pública descartando las imputaciones que públicamente me hiciera”.
Según se quejó el funcionario capitalino, “tengo derecho a que se ponga fin a esta pena de Incertidumbre”. Y recordó que según Julio Maier, hacer pública una imputación obliga al Ministerio Público a apresurar su decisión. “Sea para imputar –y hacer así posible conocer concretamente la imputación, y que el acusado pueda defenderse- o para cerrar el caso”.
“El fiscal Rodríguez no ha sido prudente en sus afirmaciones. Afirmó la existencia del delito y mi autoría de modo público, y de modo público, a través y con repercusión en medios gráficos y radiales, me reprochó la comisión de delito”.
Por eso y para proteger “mi tranquilidad personal y de mi honor, la tranquilidad de mi familia y la transparencia de mis actos en calidad de funcionario público, me veo en la obligación de presentarme para ser escuchado por el juez, pues es el modo que encuentro más atinado para informarme concretamente sobre las acusaciones públicas que el fiscal ha formulado, y darles respuesta”.