Seguirá preso el exfuncionario del IPV acusado de vender adjudicaciones directas de viviendas
Maximiliano González estará detenido por treinta días más. Le imputan liderar una asociación ilícita que vendía adjudicaciones falsas por $ 300.000 en Comodoro Rivadavia ,falsificando documentación para tales efectos y obteniendo grandes ganancias económicas.
El juez de Comodoro Rivadavia Miguel Caviglia mantuvo la prisión preventiva de Maximiliano González, imputado en la causa Sueños Pagos, relacionada a una presunta asociación ilícita en el Instituto Provincial de la Vivienda.
Fue una audiencia de revisión de la prisión preventiva que cumple el imputado en la causa.
El fiscal Héctor Iturrióz solicitó que se mantenga la medida de coerción por el término de dos meses, en tanto que su defensor Guillermo Iglesias solicitó su arresto domiciliario. Finalmente el juez penal resolvió mantener la prisión preventiva del imputado por el término de 30 días.
Ilícitos
De acuerdo a un parte de la Fiscalía comodorense, en fecha aún no determinada, pero que data al menos de mayo de 2019, un grupo de personas, comandados por un funcionario de la Delegación Zona Sur del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, con sede en Comodoro Rivadavia; identificado como Maximiliano González, e integrado por aquel entonces por tres personas ya identificadas, obrando de común acuerdo, decidieron asociarse con la única intención de cometer ilícitos.
Los delitos, indeterminados en su cuantía y en cuanto a las conductas ilícitas a desplegar, giraban en derredor de la recaudación de dinero mediante la realización de transacciones comerciales ilegales respecto de viviendas sociales construidas o a construirse por el Instituto del que González era agente.
Ventas de viviendas
Entre los ilícitos ideados por el clan criminal, se incluían la comercialización y venta de viviendas de propiedad del IPV ya adjudicadas o dadas en tenencia precaria a sus ocupantes, y cuya comercialización estaba prohibida por la ley FONAVI.
También la venta de Legajos personales a los que denominaban “Carpetas Adjudicadas”, cuya adquisición por una suma dineraria, que fue variando con el transcurso del tiempo, suponía –según argüían los integrantes del clan- la “adjudicación directa” de una finca de este tipo, sorteando la obligación de cumplir el procedimiento establecido por el ente rector; también la sustracción de elementos (sello oval) y documentación perteneciente al IPV, a fin de utilizarlos posteriormente a fin de dotar de apariencia de legalidad a los instrumentos confeccionados por los integrantes de la banda y que entregaban a los ocasionales adquirentes de sus gestiones.ñ
Se incluye la falsificación de resoluciones de adjudicación, utilizando no sólo los conocimientos sobre el procedimiento administrativo adquiridos por González a lo largo de su labor en el IPV sino también los medios informáticos (hardware y software) de propiedad del ente autárquico.
El éxito económico obtenido por los integrantes del ente delictual durante sus primeros meses de vigencia, motivó que su jefe, González decida cambios en el reparto de tareas, por cuanto se incorporaron nuevos miembros al colectivo preexistente, a fin de optimizar la operatoria venal al tiempo que le permitía permanecer al margen del contacto personal con los nuevos miembros y con los adquirentes de sus servicios.
Una nueva
En dicho contexto a fines de 2019, se incorporó a la empresa criminal Griselda Fanny Jonás.
Repartidos los nuevos roles Jonás comenzó con su labor de ofrecer a distintas personas “Carpetas Adjudicadas” del IPV, correspondientes a planes de viviendas sociales que el organismo construyó y construye en la zona norte de la urbe petrolera, en el barrio Kilómetro 12.
Dichas carpetas implicaban que el adquirente de los favores del clan, mediante el pago del canon exigido por el colectivo, que fue oscilando en el tiempo entre la suma de $ 150.000 hasta la suma de $ 300.000; se garantizaba una suerte de “Adjudicación Directa”, la que implicaba sortear todos los procedimientos legalmente impuestos por el IPV.
Para garantizar el éxito del emprendimiento inmobiliario ilegal, Jonás sumó integrantes a la sociedad venal, que se encargarían de conseguir interesados, explicarles los “beneficios” de acceder a la transacción, y finalmente ponerlos en contacto directo con Jonás, quien concluía la operación.
Recibida la documentación y el dinero por parte del funcionario público dependientes del IPV, se encargaban de confeccionar las Resoluciones –apócrifas- donde se concretaban las adjudicaciones en favor de quienes habían abonado la gestión.
Hasta septiembre
La sociedad delictual mantuvo su giro comercial irregular, al menos hasta el día 10/09/20 fecha en que merced a las medidas intrusivas dispuesta en estos rótulos fue desbaratada, y se ha podido establecer que mientras los planes de la banda estuvieron vigentes, se concretaron al menos 200 operaciones ilegales, todas ellas con el mismo modus operandi.
El fiscal Iturrioz se refirió a dos hechos que concurren en forma material al principal (asociación ilícita) calificado el primero como “estelionato, falsificación de documentos, falsedad ideológica de documento público, y exacciones ilegales bajo la modalidad concusión”, y el segundo como “exacciones ilegales bajo la modalidad concusión” como autor para González.#
El juez de Comodoro Rivadavia Miguel Caviglia mantuvo la prisión preventiva de Maximiliano González, imputado en la causa Sueños Pagos, relacionada a una presunta asociación ilícita en el Instituto Provincial de la Vivienda.
Fue una audiencia de revisión de la prisión preventiva que cumple el imputado en la causa.
El fiscal Héctor Iturrióz solicitó que se mantenga la medida de coerción por el término de dos meses, en tanto que su defensor Guillermo Iglesias solicitó su arresto domiciliario. Finalmente el juez penal resolvió mantener la prisión preventiva del imputado por el término de 30 días.
Ilícitos
De acuerdo a un parte de la Fiscalía comodorense, en fecha aún no determinada, pero que data al menos de mayo de 2019, un grupo de personas, comandados por un funcionario de la Delegación Zona Sur del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, con sede en Comodoro Rivadavia; identificado como Maximiliano González, e integrado por aquel entonces por tres personas ya identificadas, obrando de común acuerdo, decidieron asociarse con la única intención de cometer ilícitos.
Los delitos, indeterminados en su cuantía y en cuanto a las conductas ilícitas a desplegar, giraban en derredor de la recaudación de dinero mediante la realización de transacciones comerciales ilegales respecto de viviendas sociales construidas o a construirse por el Instituto del que González era agente.
Ventas de viviendas
Entre los ilícitos ideados por el clan criminal, se incluían la comercialización y venta de viviendas de propiedad del IPV ya adjudicadas o dadas en tenencia precaria a sus ocupantes, y cuya comercialización estaba prohibida por la ley FONAVI.
También la venta de Legajos personales a los que denominaban “Carpetas Adjudicadas”, cuya adquisición por una suma dineraria, que fue variando con el transcurso del tiempo, suponía –según argüían los integrantes del clan- la “adjudicación directa” de una finca de este tipo, sorteando la obligación de cumplir el procedimiento establecido por el ente rector; también la sustracción de elementos (sello oval) y documentación perteneciente al IPV, a fin de utilizarlos posteriormente a fin de dotar de apariencia de legalidad a los instrumentos confeccionados por los integrantes de la banda y que entregaban a los ocasionales adquirentes de sus gestiones.ñ
Se incluye la falsificación de resoluciones de adjudicación, utilizando no sólo los conocimientos sobre el procedimiento administrativo adquiridos por González a lo largo de su labor en el IPV sino también los medios informáticos (hardware y software) de propiedad del ente autárquico.
El éxito económico obtenido por los integrantes del ente delictual durante sus primeros meses de vigencia, motivó que su jefe, González decida cambios en el reparto de tareas, por cuanto se incorporaron nuevos miembros al colectivo preexistente, a fin de optimizar la operatoria venal al tiempo que le permitía permanecer al margen del contacto personal con los nuevos miembros y con los adquirentes de sus servicios.
Una nueva
En dicho contexto a fines de 2019, se incorporó a la empresa criminal Griselda Fanny Jonás.
Repartidos los nuevos roles Jonás comenzó con su labor de ofrecer a distintas personas “Carpetas Adjudicadas” del IPV, correspondientes a planes de viviendas sociales que el organismo construyó y construye en la zona norte de la urbe petrolera, en el barrio Kilómetro 12.
Dichas carpetas implicaban que el adquirente de los favores del clan, mediante el pago del canon exigido por el colectivo, que fue oscilando en el tiempo entre la suma de $ 150.000 hasta la suma de $ 300.000; se garantizaba una suerte de “Adjudicación Directa”, la que implicaba sortear todos los procedimientos legalmente impuestos por el IPV.
Para garantizar el éxito del emprendimiento inmobiliario ilegal, Jonás sumó integrantes a la sociedad venal, que se encargarían de conseguir interesados, explicarles los “beneficios” de acceder a la transacción, y finalmente ponerlos en contacto directo con Jonás, quien concluía la operación.
Recibida la documentación y el dinero por parte del funcionario público dependientes del IPV, se encargaban de confeccionar las Resoluciones –apócrifas- donde se concretaban las adjudicaciones en favor de quienes habían abonado la gestión.
Hasta septiembre
La sociedad delictual mantuvo su giro comercial irregular, al menos hasta el día 10/09/20 fecha en que merced a las medidas intrusivas dispuesta en estos rótulos fue desbaratada, y se ha podido establecer que mientras los planes de la banda estuvieron vigentes, se concretaron al menos 200 operaciones ilegales, todas ellas con el mismo modus operandi.
El fiscal Iturrioz se refirió a dos hechos que concurren en forma material al principal (asociación ilícita) calificado el primero como “estelionato, falsificación de documentos, falsedad ideológica de documento público, y exacciones ilegales bajo la modalidad concusión”, y el segundo como “exacciones ilegales bajo la modalidad concusión” como autor para González.#