Causa Acuña: postergaron el debate y analizan suspensión del juicio a prueba
El tribunal integrado por los jueces Gustavo Castro, Mirta Moreno y María Tolomei resolvió postergar hasta el martes 3 de noviembre el inicio del debate por el asesinato de Rosa Acuña.
Con un pedido de postergación del debate para inicios del próximo mes comenzó esta mañana en Trelew el juicio oral y público por el homicidio de Rosa Acuña, hecho ocurrido a principios del mes de septiembre del año 2018 en el barrio Primera Junta de esa ciudad.
Por el hecho están imputadas cuatro personas.
Laura Vargas, en calidad de autora de homicidio simple y por encubrimiento Luis Samusik, Karen Campusano y Lorena Oyarzo.
El crimen de Rosa Acuña ocurrió entre las últimas horas del 2 de septiembre de 2018 y la madrugada del día siguiente en una vivienda del barrio Primera Junta, en tanto que su cuerpo semicalcinado apareció a pocas cuadras, en un descampado ubicado entre el barrio Primera Junta y el Parque Industrial.
Pedido de postergación
Esta mañana el tribunal integrado por los jueces Gustavo Castro, Mirta Moreno y María Tolomei – las dos magistradas participaron de manera remota a través de videoconferencia -resolvió hacer lugar a un pedido del defensor público Sergio Rey para postergar hasta el martes 3 de noviembre el inicio del debate debido a circunstancias sanitarias que motivaban su ausencia en la sala de audiencias.
Rey representa legamente desde el inicio del caso a Laura Vargas, la mujer imputada por homicidio simple y planteó como cuestión previa al inicio del debate su imposibilidad de asistir al debate por prescripción médica; por lo cual peticionó un aplazamiento del juicio hasta el próximo martes 3 de noviembre de 2020.
Suspensión del juicio a prueba
De manera paralela al pedido del abogado Rey, la defensora pública Romina Rowlands planteó un pedido de suspensión de juicio a prueba para las imputadas Oyarzo y Campusano, a quienes sostuvo se les aplicó una calificación menor en el hecho y se trata de personas sin antecedentes condenatorios.
En ese punto hizo eje en la expectativa de pena planteada por la fiscalía en la acusación y el hecho de que las dos imputadas hubieran estado privadas de su libertad durante la primera etapa de la investigación. “Lo cierto es que analizadas las constancias de la causa surge escasa participación o colaboración confusa en medio de la cantidad de hechos que se suscitan” planteó la defensora y agregó que “no resultan claras en relación al dolo que tuvieron estas dos personas en este suceso trágico”.
En cuanto a las pautas para el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba, peticionó para Oyarzo un plazo de dos años y medio, con el agregado de donaciones a una institución de bien público cada tres meses, comprometiéndose en principio al aporte de dos packs de leche y 10 kilos de harina.
En el caso de Campusano, quien aseguró no tener ingresos propios, se planteó un plazo similar y la realización de 100 horas de trabajo comunitario.
Ambas imputadas hablaron ante el tribunal, prestaron su consentimiento con la propuesta elevada y explicaron a los jueces sus exiguos ingresos como para ofrecer una recomposición mayor.
A su turno, tanto la fiscalía como la querella rechazaron el pedido de suspensión de juicio a prueba.
La fiscal Griselda Encinas expresó que el planteo efectuado por la defensora oficial en cuanto a que existe contradicción en la determinación de la pena, sostuvo que se trata en definitiva de una estimación ya que la pena concreta se debatirá al momento del debate y una vez que los jueces resuelvan sobre la responsabilidad penal de las acusadas.
Por su parte el abogado querellante Federico Ruffa, afirmó que “esa supuesta contradicción no sucede de ningún modo; es lógico y razonable que la acusación evalue una conducta mucho menos grave dentro de ese delito” a las dos imputadas que respecto a Vargas, a quien se acusa del homicidio.
En tanto la madre de la víctima, Claudia Carrasco, pidió “la pena más alta, sin beneficios de ninguna clase, que cumplan la pena” y preguntó a las imputadas en la sala si no habían pensando en que la mujer asesinada tenía un pequeño hijo.
Tras escuchar a las partes, el tribunal informó que resolverá el pedido de la suspensión del juicio a prueba por escrito, en tanto que el debate se retomará el próximo martes 3 de noviembre a las 9 de la mañana.
Con un pedido de postergación del debate para inicios del próximo mes comenzó esta mañana en Trelew el juicio oral y público por el homicidio de Rosa Acuña, hecho ocurrido a principios del mes de septiembre del año 2018 en el barrio Primera Junta de esa ciudad.
Por el hecho están imputadas cuatro personas.
Laura Vargas, en calidad de autora de homicidio simple y por encubrimiento Luis Samusik, Karen Campusano y Lorena Oyarzo.
El crimen de Rosa Acuña ocurrió entre las últimas horas del 2 de septiembre de 2018 y la madrugada del día siguiente en una vivienda del barrio Primera Junta, en tanto que su cuerpo semicalcinado apareció a pocas cuadras, en un descampado ubicado entre el barrio Primera Junta y el Parque Industrial.
Pedido de postergación
Esta mañana el tribunal integrado por los jueces Gustavo Castro, Mirta Moreno y María Tolomei – las dos magistradas participaron de manera remota a través de videoconferencia -resolvió hacer lugar a un pedido del defensor público Sergio Rey para postergar hasta el martes 3 de noviembre el inicio del debate debido a circunstancias sanitarias que motivaban su ausencia en la sala de audiencias.
Rey representa legamente desde el inicio del caso a Laura Vargas, la mujer imputada por homicidio simple y planteó como cuestión previa al inicio del debate su imposibilidad de asistir al debate por prescripción médica; por lo cual peticionó un aplazamiento del juicio hasta el próximo martes 3 de noviembre de 2020.
Suspensión del juicio a prueba
De manera paralela al pedido del abogado Rey, la defensora pública Romina Rowlands planteó un pedido de suspensión de juicio a prueba para las imputadas Oyarzo y Campusano, a quienes sostuvo se les aplicó una calificación menor en el hecho y se trata de personas sin antecedentes condenatorios.
En ese punto hizo eje en la expectativa de pena planteada por la fiscalía en la acusación y el hecho de que las dos imputadas hubieran estado privadas de su libertad durante la primera etapa de la investigación. “Lo cierto es que analizadas las constancias de la causa surge escasa participación o colaboración confusa en medio de la cantidad de hechos que se suscitan” planteó la defensora y agregó que “no resultan claras en relación al dolo que tuvieron estas dos personas en este suceso trágico”.
En cuanto a las pautas para el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba, peticionó para Oyarzo un plazo de dos años y medio, con el agregado de donaciones a una institución de bien público cada tres meses, comprometiéndose en principio al aporte de dos packs de leche y 10 kilos de harina.
En el caso de Campusano, quien aseguró no tener ingresos propios, se planteó un plazo similar y la realización de 100 horas de trabajo comunitario.
Ambas imputadas hablaron ante el tribunal, prestaron su consentimiento con la propuesta elevada y explicaron a los jueces sus exiguos ingresos como para ofrecer una recomposición mayor.
A su turno, tanto la fiscalía como la querella rechazaron el pedido de suspensión de juicio a prueba.
La fiscal Griselda Encinas expresó que el planteo efectuado por la defensora oficial en cuanto a que existe contradicción en la determinación de la pena, sostuvo que se trata en definitiva de una estimación ya que la pena concreta se debatirá al momento del debate y una vez que los jueces resuelvan sobre la responsabilidad penal de las acusadas.
Por su parte el abogado querellante Federico Ruffa, afirmó que “esa supuesta contradicción no sucede de ningún modo; es lógico y razonable que la acusación evalue una conducta mucho menos grave dentro de ese delito” a las dos imputadas que respecto a Vargas, a quien se acusa del homicidio.
En tanto la madre de la víctima, Claudia Carrasco, pidió “la pena más alta, sin beneficios de ninguna clase, que cumplan la pena” y preguntó a las imputadas en la sala si no habían pensando en que la mujer asesinada tenía un pequeño hijo.
Tras escuchar a las partes, el tribunal informó que resolverá el pedido de la suspensión del juicio a prueba por escrito, en tanto que el debate se retomará el próximo martes 3 de noviembre a las 9 de la mañana.