Encuesta: el 68% de la gente no tiene confianza en la Justicia de Chubut
Leé La Columna del Domingo, la tradicional editorial de la edición dominical de Jornada, con la mejor información política de Chubut.
Los resultados no son sorpresivos pero no por ello dejan de ser lapidarios: el 68% de los chubutenses no confía en la Justicia provincial y el 51% de la gente tiene mala imagen de los jueces.
Son dos de los principales datos que arroja una encuesta realizada por la consultora SocialData en exclusiva para Jornada y Cadena Tiempo.
El trabajo fue realizado entre el viernes 30 y el sábado 31 de octubre e incluyó a 1.200 casos, mujeres y hombres mayores de 18 años residentes en la Provincia del Chubut, que fueron consultados a través de dispositivos móviles y redes sociales, con un abordaje según la densidad poblacional, aclara la consultora en su ficha técnica.
¿Usted confía en la Justicia de Chubut?, fue la primera pregunta que debían responder los encuestados. El resultado fue contundente: sólo el 5% respondió “Sí”; un 26,7% eligió la opción “Parcialmente”; en tanto el 68,3% afirmó que no confía en el Poder Judicial.
Cuando los encuestadores preguntaron puntualmente por la imagen de los jueces, apenas el 3,4% dijo que era “Buena”; 45,6% la calificó de “Regular”; y 51% no dudó en afirmar que es “Mala”.
En cuanto a cuál es el principal problema de la Justicia chubutense, la “Falta de transparencia” fue la respuesta más elegida: 51,3%; mientras que la “Falta de idoneidad de algunos magistrados” fue elegido como el segundo mayor problema por 28,7% de los encuestados. La “Lentitud del sistema”, una histórica crítica a toda la Justicia, se ubicó como la tercera falencia con 20%.
Fallas de origen
La polémica desatada hace pocas semanas cuando la jueza Mirta Moreno dejó en libertad a un hombre acusado por su expareja de violación agravada, argumentando fallas en la acusación presentada por el fiscal Osvaldo Heiber, puso otra vez en el tapete el tema de la confiabilidad en la Justicia.
Aquella decisión de Moreno fue ratificada por otros dos jueces (Gustavo Castro e Ivana González), y el fiscal Heiber presentó un recurso que ahora deberá definir el Superior Tribunal de Justicia.
Sin embargo, más allá de la gravedad de este caso en particular, lo que renovó viejos cuestionamientos fue saber que la jueza en cuestión había sido severamente calificada por el Consejo de la Magistratura en diciembre pasado: concretamente, dijo que su tarea como magistrada durante los últimos tres años era “insatisfactoria”, que tenía mal carácter, que maltrataba a la gente y hasta le recomendó que vaya a un psicólogo.
El Consejo de la Magistratura envió las actuaciones al Superior Tribunal para que sancione a Moreno, pero nadie sabe a ciencia cierta qué medida se tomó.
El caso es apenas una muestra de las imperfecciones que tiene el sistema para separar a la paja del trigo. Esta semana, uno de los integrantes del Superior Tribunal, Alejandro Panizzi, dijo que no recordaba la sanción que le habían impuesto a Moreno, pero que en todo caso ellos podían sancionar a un juez por su mal desempeño con hasta un mes de suspensión como máximo. “Si había elementos contra la jueza Moreno, el Consejo debería haberla enviado a un jury”, retrucó.
Del otro lado, el presidente del Consejo de la Magistratura, el abogado Enrique Maglione, dijo que si bien no fue enviada a un juicio político, la jueza en cuestión debería haber sido sancionada: “Si el Superior hubiese dado curso a nuestro informe, no estaríamos hablando de la jueza Moreno”, respondió.
Hasta donde se sabe de manera pública, las únicas dos actuaciones firmes de los últimos tiempos del Superior fueron contra el polémico juez de Rawson Martin Alesi (terminó renunciando) y contra el juez laboral Paulo König, ambos muy críticos del máximo cuerpo.
Nobleza obliga: tampoco los ciudadanos, que suelen expresarse en contra de la Justicia, parecen saber las herramientas con las que cuentan para cambiar el rumbo.
No saben que pueden oponerse a la postulación de un magistrado, desconocen cómo funciona el Consejo de la Magistratura (el organismo que selecciona, controla y juzga a los magistrados) y siguen votando en cada elección un cuerpo de la boleta partidaria que reza “consejeros populares” que la gran mayoría ignora para qué sirven.
Lo que se dice, un cóctel explosivo en el medio del cual nadie hace nada para empezar a cambiar las cosas de raíz.#
Los resultados no son sorpresivos pero no por ello dejan de ser lapidarios: el 68% de los chubutenses no confía en la Justicia provincial y el 51% de la gente tiene mala imagen de los jueces.
Son dos de los principales datos que arroja una encuesta realizada por la consultora SocialData en exclusiva para Jornada y Cadena Tiempo.
El trabajo fue realizado entre el viernes 30 y el sábado 31 de octubre e incluyó a 1.200 casos, mujeres y hombres mayores de 18 años residentes en la Provincia del Chubut, que fueron consultados a través de dispositivos móviles y redes sociales, con un abordaje según la densidad poblacional, aclara la consultora en su ficha técnica.
¿Usted confía en la Justicia de Chubut?, fue la primera pregunta que debían responder los encuestados. El resultado fue contundente: sólo el 5% respondió “Sí”; un 26,7% eligió la opción “Parcialmente”; en tanto el 68,3% afirmó que no confía en el Poder Judicial.
Cuando los encuestadores preguntaron puntualmente por la imagen de los jueces, apenas el 3,4% dijo que era “Buena”; 45,6% la calificó de “Regular”; y 51% no dudó en afirmar que es “Mala”.
En cuanto a cuál es el principal problema de la Justicia chubutense, la “Falta de transparencia” fue la respuesta más elegida: 51,3%; mientras que la “Falta de idoneidad de algunos magistrados” fue elegido como el segundo mayor problema por 28,7% de los encuestados. La “Lentitud del sistema”, una histórica crítica a toda la Justicia, se ubicó como la tercera falencia con 20%.
Fallas de origen
La polémica desatada hace pocas semanas cuando la jueza Mirta Moreno dejó en libertad a un hombre acusado por su expareja de violación agravada, argumentando fallas en la acusación presentada por el fiscal Osvaldo Heiber, puso otra vez en el tapete el tema de la confiabilidad en la Justicia.
Aquella decisión de Moreno fue ratificada por otros dos jueces (Gustavo Castro e Ivana González), y el fiscal Heiber presentó un recurso que ahora deberá definir el Superior Tribunal de Justicia.
Sin embargo, más allá de la gravedad de este caso en particular, lo que renovó viejos cuestionamientos fue saber que la jueza en cuestión había sido severamente calificada por el Consejo de la Magistratura en diciembre pasado: concretamente, dijo que su tarea como magistrada durante los últimos tres años era “insatisfactoria”, que tenía mal carácter, que maltrataba a la gente y hasta le recomendó que vaya a un psicólogo.
El Consejo de la Magistratura envió las actuaciones al Superior Tribunal para que sancione a Moreno, pero nadie sabe a ciencia cierta qué medida se tomó.
El caso es apenas una muestra de las imperfecciones que tiene el sistema para separar a la paja del trigo. Esta semana, uno de los integrantes del Superior Tribunal, Alejandro Panizzi, dijo que no recordaba la sanción que le habían impuesto a Moreno, pero que en todo caso ellos podían sancionar a un juez por su mal desempeño con hasta un mes de suspensión como máximo. “Si había elementos contra la jueza Moreno, el Consejo debería haberla enviado a un jury”, retrucó.
Del otro lado, el presidente del Consejo de la Magistratura, el abogado Enrique Maglione, dijo que si bien no fue enviada a un juicio político, la jueza en cuestión debería haber sido sancionada: “Si el Superior hubiese dado curso a nuestro informe, no estaríamos hablando de la jueza Moreno”, respondió.
Hasta donde se sabe de manera pública, las únicas dos actuaciones firmes de los últimos tiempos del Superior fueron contra el polémico juez de Rawson Martin Alesi (terminó renunciando) y contra el juez laboral Paulo König, ambos muy críticos del máximo cuerpo.
Nobleza obliga: tampoco los ciudadanos, que suelen expresarse en contra de la Justicia, parecen saber las herramientas con las que cuentan para cambiar el rumbo.
No saben que pueden oponerse a la postulación de un magistrado, desconocen cómo funciona el Consejo de la Magistratura (el organismo que selecciona, controla y juzga a los magistrados) y siguen votando en cada elección un cuerpo de la boleta partidaria que reza “consejeros populares” que la gran mayoría ignora para qué sirven.
Lo que se dice, un cóctel explosivo en el medio del cual nadie hace nada para empezar a cambiar las cosas de raíz.#