Merino asumió el gobierno de Perú en medio de protestas y temor en los mercados
El hasta ayer titular del Congreso unicameral de Perú, Manuel Merino, asumió la presidencia de la república tras la destitución del mandatario Martín Vizcarra en medio de protestas callejeras, críticas de buena parte del arco político y la reacción negativa de los mercados financieros.
Merino se convirtió en el tercer presidente de Perú en lo que va del actual período quinquenal de gobierno, iniciado en 2016, reflejo de la fragilidad institucional que sufre el país, y ratificó que “se respetará el proceso electoral en marcha”, con comicios generales convocados para el 11 de abril próximo.
“Es un momento difícil para el país, la población nos mira con expectativas y a la vez con preocupación; es innegable que atravesamos una crisis que hace que nos enfrentemos a dilemas permanentes y a decisiones constantes”, afirmó el flamante mandatario en su primer discurso ante el parlamento.
“Acá no hay nada que celebrar, es un momento muy difícil para el país y tenemos que asumirlo con entereza moral y valor democrático”, subrayó Merino, y sostuvo que el Congreso actuó “con el debido proceso” al destituir a Vizcarra en el segundo juicio político que el formó en menos de dos meses, en este caso por una denuncia según la cual recibió sobornos cuando era gobernador de la región sureña Moquegua, en 2014.
Merino, ingeniero agrónomo y empresario ganadero de 59 años, llegó al Ejecutivo después de que las sucesivas crisis dejaran al país sin los dos vicepresidentes que establece la Constitución.
Estaba al frente del Congreso en virtud de que el partido centrista Acción Popular (AP), al que pertenece desde hace 41 años, obtuvo la primera minoría en las elecciones de enero pasado, celebradas para completar el período luego de la disolución del parlamento decretada por Vizcarra en septiembre de 2019.
El flamante presidente se reunió primero con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, quienes le expresaron su respaldo, y después recibió la banda presidencial de manos de Luis Valdez, que se convirtió en titular interino del Congreso.
En su discurso, Merino dijo que la salud será una de sus prioridades en referencia a que Perú, con más de 922.000 casos y casi 35.000 muertos por coronavirus es el tercer país con mayor tasa de mortalidad por habitante en la pandemia, según la universidad estadounidense Johns Hopkins.
“Tenemos que hacer el esfuerzo para dejar de ser el país con el peor manejo de la pandemia y garantizar las medidas necesarias para que una segunda ola no nos encuentre con una vulnerabilidad como cuando empezó la emergencia sanitaria”, comentó, según la agencia de noticias Andina.
También marcó como prioridades la reactivación económica, la creación de empleo, la educación, la seguridad y la lucha contra la corrupción.
Mientras Merino juraba y daba su primer mensaje, se multiplicaban las protestas en Lima, no solo en las inmediaciones del Congreso -cuyo perímetro fue cercado por la Policía- sino en diversos barrios en los que sonaron cacerolazos y en los que las concentraciones callejeras fueron reprimidas con gases lacrimógenos, balas de goma y disparos al aire, con un saldo de al menos 30 detenidos y dos heridos, según medios locales.
Las manifestaciones se replicaron en Arequipa, Trujillo, Cusco, Huaraz, Piura, Moquegua, Loreto, Puno y Huancayo, entre otras ciudades.
Esas protestas se correspondieron con las críticas de numerosos políticos, entre ellos los precandidatos presidenciales Verónika Mendoza, del Frente Amplio izquierdista, y Julio Guzmán, del Partido Morado centrista.
Incluso, medios de comunicación -como el diario La República- y periodistas, como la popular Rosa María Palacios, que calificaron la destitución de Vizcarra como “golpe de estado”.
También los mercados financieros reaccionaron negativamente a la remoción de Vizcarra y la asunción de Merino: el nuevo sol -la moneda local- se depreció 1,3% en relación con el dólar y cayó a su mínimo en cinco meses, mientras el Banco Central de Reserva vendió cerca de 220 millones de dólares para estabilizar el tipo de cambio.
Además, la cotización de las acciones en la Bolsa de Lima perdió en promedio 5,78% y la de los bonos soberanos en dólares se desplomó, como consecuencia de una fuerte tendencia vendedora ante la incertidumbre política, según las agencias AFP y Bloomberg.
En tanto, Vizcarra, que anoche dijo que dejaba el gobierno “con la frente en alto” y “con la conciencia tranquila y el deber cumplido”, puso hoy en duda que Merino tenga “legalidad y legitimidad” suficientes para estar al frente del Ejecutivo.
“Una autoridad, para poder ejercer su autoridad, necesita dos principios y condiciones básicas: legalidad y legitimidad; la legalidad está en tela de juicio porque todavía el Tribunal Constitucional no se manifestó y la legitimidad la da el pueblo”, afirmó el flamante exmandatario esta mañana a periodistas frente a su casa en Lima.
Vizcarra había salido airoso de otro juicio político el 18 de septiembre pasado, a raíz de la revelación de unos audios en los que supuestamente pedía a unas funcionarias que mintieran ante una comisión parlamentaria que investigaba la contratación irregular de un cantante.
Tuvo un destino similar al de su predecesor, Pedro Pablo Kuczysnki, quien renunció en marzo de 2018 para evitar ser destituido en el segundo juicio político que se le formó en menos de tres meses.
Merino se convirtió en el tercer presidente de Perú en lo que va del actual período quinquenal de gobierno, iniciado en 2016, reflejo de la fragilidad institucional que sufre el país, y ratificó que “se respetará el proceso electoral en marcha”, con comicios generales convocados para el 11 de abril próximo.
“Es un momento difícil para el país, la población nos mira con expectativas y a la vez con preocupación; es innegable que atravesamos una crisis que hace que nos enfrentemos a dilemas permanentes y a decisiones constantes”, afirmó el flamante mandatario en su primer discurso ante el parlamento.
“Acá no hay nada que celebrar, es un momento muy difícil para el país y tenemos que asumirlo con entereza moral y valor democrático”, subrayó Merino, y sostuvo que el Congreso actuó “con el debido proceso” al destituir a Vizcarra en el segundo juicio político que el formó en menos de dos meses, en este caso por una denuncia según la cual recibió sobornos cuando era gobernador de la región sureña Moquegua, en 2014.
Merino, ingeniero agrónomo y empresario ganadero de 59 años, llegó al Ejecutivo después de que las sucesivas crisis dejaran al país sin los dos vicepresidentes que establece la Constitución.
Estaba al frente del Congreso en virtud de que el partido centrista Acción Popular (AP), al que pertenece desde hace 41 años, obtuvo la primera minoría en las elecciones de enero pasado, celebradas para completar el período luego de la disolución del parlamento decretada por Vizcarra en septiembre de 2019.
El flamante presidente se reunió primero con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, quienes le expresaron su respaldo, y después recibió la banda presidencial de manos de Luis Valdez, que se convirtió en titular interino del Congreso.
En su discurso, Merino dijo que la salud será una de sus prioridades en referencia a que Perú, con más de 922.000 casos y casi 35.000 muertos por coronavirus es el tercer país con mayor tasa de mortalidad por habitante en la pandemia, según la universidad estadounidense Johns Hopkins.
“Tenemos que hacer el esfuerzo para dejar de ser el país con el peor manejo de la pandemia y garantizar las medidas necesarias para que una segunda ola no nos encuentre con una vulnerabilidad como cuando empezó la emergencia sanitaria”, comentó, según la agencia de noticias Andina.
También marcó como prioridades la reactivación económica, la creación de empleo, la educación, la seguridad y la lucha contra la corrupción.
Mientras Merino juraba y daba su primer mensaje, se multiplicaban las protestas en Lima, no solo en las inmediaciones del Congreso -cuyo perímetro fue cercado por la Policía- sino en diversos barrios en los que sonaron cacerolazos y en los que las concentraciones callejeras fueron reprimidas con gases lacrimógenos, balas de goma y disparos al aire, con un saldo de al menos 30 detenidos y dos heridos, según medios locales.
Las manifestaciones se replicaron en Arequipa, Trujillo, Cusco, Huaraz, Piura, Moquegua, Loreto, Puno y Huancayo, entre otras ciudades.
Esas protestas se correspondieron con las críticas de numerosos políticos, entre ellos los precandidatos presidenciales Verónika Mendoza, del Frente Amplio izquierdista, y Julio Guzmán, del Partido Morado centrista.
Incluso, medios de comunicación -como el diario La República- y periodistas, como la popular Rosa María Palacios, que calificaron la destitución de Vizcarra como “golpe de estado”.
También los mercados financieros reaccionaron negativamente a la remoción de Vizcarra y la asunción de Merino: el nuevo sol -la moneda local- se depreció 1,3% en relación con el dólar y cayó a su mínimo en cinco meses, mientras el Banco Central de Reserva vendió cerca de 220 millones de dólares para estabilizar el tipo de cambio.
Además, la cotización de las acciones en la Bolsa de Lima perdió en promedio 5,78% y la de los bonos soberanos en dólares se desplomó, como consecuencia de una fuerte tendencia vendedora ante la incertidumbre política, según las agencias AFP y Bloomberg.
En tanto, Vizcarra, que anoche dijo que dejaba el gobierno “con la frente en alto” y “con la conciencia tranquila y el deber cumplido”, puso hoy en duda que Merino tenga “legalidad y legitimidad” suficientes para estar al frente del Ejecutivo.
“Una autoridad, para poder ejercer su autoridad, necesita dos principios y condiciones básicas: legalidad y legitimidad; la legalidad está en tela de juicio porque todavía el Tribunal Constitucional no se manifestó y la legitimidad la da el pueblo”, afirmó el flamante exmandatario esta mañana a periodistas frente a su casa en Lima.
Vizcarra había salido airoso de otro juicio político el 18 de septiembre pasado, a raíz de la revelación de unos audios en los que supuestamente pedía a unas funcionarias que mintieran ante una comisión parlamentaria que investigaba la contratación irregular de un cantante.
Tuvo un destino similar al de su predecesor, Pedro Pablo Kuczysnki, quien renunció en marzo de 2018 para evitar ser destituido en el segundo juicio político que se le formó en menos de tres meses.