Investigan un caso de trata en Colán Conhue
El descubrimiento de la Policía se produjo cuando realizaba un allanamiento por un hecho de robo. En un establecimiento rural encontraron a una mujer de más de 70 años en condiciones de explotación laboral y de semiesclavitud. Se elevaron las actuaciones a la Justicia Federal cordillerana.
La Policía Provincial fue a un campo de la zona de Aldea Epulef a realizar un procedimiento de allanamiento en el marco de la investigación de un robo. Se dirigieron al lugar el jefe de la Comisaría de Colan Conhué, comisario Alejandro Carranza, con personal a su cargo, y el subcomisario José Miñán, jefe de la División Asuntos Rurales con asiento enTrevelin.
La orden de allanamiento extendida comprendía el establecimiento rural “Cerro Guacho”, lugar donde se pretendía secuestrar 25 postes de 2,20 metros, con resultado negativo.
Pero, sin perjuicio de esa diligencia, se constató la presencia de una mujer de más de 70 años, realizando tareas rurales pesadas varias y atención de la majada caprina. Se estableció que se encontraba en ese establecimiento hace más de 20 años.
No posee su DNI ya que el mismo está en poder de Andrea Ayilef, quien llamativamente cobra su pensión. Además no recibe remuneración por las tareas rurales que cumple, ni ha tenido atenciones médicas.
Según observó la Policía, la mujer duerme en deplorables condiciones humanas, lugar sin higiene, sin calefacción, y en total estado de hacinamiento. Se iniciaron actuaciones de competencia federal, por presunta infracción Ley 26.364 que pena la Trata de Personas. Se dio conocimiento a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Trabajo de la Nación, Secretaría de Trabajo de la Provincia, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores(UATRE), y al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores (RENATRE).
El comisario Carranza relató el hecho. Dijo que fue el lunes el procedimiento por el robo de postes, y “nos encontramos con una situación llamativa y triste”. Recordó que meses atrás, al lado del campo en cuestión, encontraron a un hombre herido, sin asistencia.
“El diálogo con la abuela no fue posible porque estaba con miedo; en estos lugares hay mucho respeto por la Policía y fue difícil entablar una conversación”. No obstante una mujer de la fuerza de seguridad logró que entre en confianza, y se pudieron obtener algunos datos importantes.
Con fotografías y filmaciones, el jefe de la Comisaría de Colan Conhué labró las actuaciones y elevó la denuncia al Juzgado Federal de Esquel. Señaló que era notoria la diferencia de vida de los dueños del establecimiento con la de la mujer.
“Con servicios básicos nulos, tachitos con agua, tachitos para hacer sus necesidades fisiológicas, y en el mismo lugar come y duerme; había husos para hilado de lana, y no pudimos tener su identidad porque no contaba con el Documento de Identidad”, narró el comisario Alejandro Carranza.
Describió al lugar donde vivía la abuela como “un galpón”, y estimó que a la brevedad la Justicia tomará cartas en el asunto, en cuanto a las actuaciones y retiro de la persona del establecimiento.
El funcionario policial dijo estar muy preocupado porque hasta ayer nadie había formulado el reclamo por la abuela, en sentido de algún familiar, y lamentó que “no pudimos saber cómo se llama”.
Si bien la denuncia fue elevada al Juzgado Federal, a priori el comisario Carranza sostuvo que por las evidencias colectadas, se estaría ante una presunta infracción a la Ley 26.364 y sus modificaciones, que contempla la trata de personas, explotación laboral o sumisión a la servidumbre, entre otras.
La Policía Provincial fue a un campo de la zona de Aldea Epulef a realizar un procedimiento de allanamiento en el marco de la investigación de un robo. Se dirigieron al lugar el jefe de la Comisaría de Colan Conhué, comisario Alejandro Carranza, con personal a su cargo, y el subcomisario José Miñán, jefe de la División Asuntos Rurales con asiento enTrevelin.
La orden de allanamiento extendida comprendía el establecimiento rural “Cerro Guacho”, lugar donde se pretendía secuestrar 25 postes de 2,20 metros, con resultado negativo.
Pero, sin perjuicio de esa diligencia, se constató la presencia de una mujer de más de 70 años, realizando tareas rurales pesadas varias y atención de la majada caprina. Se estableció que se encontraba en ese establecimiento hace más de 20 años.
No posee su DNI ya que el mismo está en poder de Andrea Ayilef, quien llamativamente cobra su pensión. Además no recibe remuneración por las tareas rurales que cumple, ni ha tenido atenciones médicas.
Según observó la Policía, la mujer duerme en deplorables condiciones humanas, lugar sin higiene, sin calefacción, y en total estado de hacinamiento. Se iniciaron actuaciones de competencia federal, por presunta infracción Ley 26.364 que pena la Trata de Personas. Se dio conocimiento a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Trabajo de la Nación, Secretaría de Trabajo de la Provincia, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores(UATRE), y al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores (RENATRE).
El comisario Carranza relató el hecho. Dijo que fue el lunes el procedimiento por el robo de postes, y “nos encontramos con una situación llamativa y triste”. Recordó que meses atrás, al lado del campo en cuestión, encontraron a un hombre herido, sin asistencia.
“El diálogo con la abuela no fue posible porque estaba con miedo; en estos lugares hay mucho respeto por la Policía y fue difícil entablar una conversación”. No obstante una mujer de la fuerza de seguridad logró que entre en confianza, y se pudieron obtener algunos datos importantes.
Con fotografías y filmaciones, el jefe de la Comisaría de Colan Conhué labró las actuaciones y elevó la denuncia al Juzgado Federal de Esquel. Señaló que era notoria la diferencia de vida de los dueños del establecimiento con la de la mujer.
“Con servicios básicos nulos, tachitos con agua, tachitos para hacer sus necesidades fisiológicas, y en el mismo lugar come y duerme; había husos para hilado de lana, y no pudimos tener su identidad porque no contaba con el Documento de Identidad”, narró el comisario Alejandro Carranza.
Describió al lugar donde vivía la abuela como “un galpón”, y estimó que a la brevedad la Justicia tomará cartas en el asunto, en cuanto a las actuaciones y retiro de la persona del establecimiento.
El funcionario policial dijo estar muy preocupado porque hasta ayer nadie había formulado el reclamo por la abuela, en sentido de algún familiar, y lamentó que “no pudimos saber cómo se llama”.
Si bien la denuncia fue elevada al Juzgado Federal, a priori el comisario Carranza sostuvo que por las evidencias colectadas, se estaría ante una presunta infracción a la Ley 26.364 y sus modificaciones, que contempla la trata de personas, explotación laboral o sumisión a la servidumbre, entre otras.