Acusan al titular del Colegio de Abogados de Esquel y a una jueza por estafa

Se trata de José María Venancio. Según la presentación del empresario, el letrado auspició tres juicios laborales tras el cierre de la planta en Gobernador Costa que incluyeron el remate de bienes a precios irrisorios y hasta de material que estaba inhibido y no se podía tocar.

16 NOV 2020 - 22:40 | Actualizado

Las maniobras legales encaradas por abogados de Esquel en el marco de tres juicios laborales por el cierre del frigorífico Santa Elena, del Grupo Indalo, inaugurado en Gobernador Costa en febrero de 2013, provocaron un escándalo judicial, con matices de presunta estafa por parte del presidente del Colegio de Abogados de la ciudad cordillerana, José María Venancio, junto a otro letrado. Es que se tramitó el secuestro y remate de bienes de la firma a precios irrisorios, cuando además están inhibidos por la Justicia Federal de Capital Federal.

El establecimiento se inauguró con una videoconferencia que presidió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y presencia en Costa de su exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Yauhar, entre otras autoridades.

En los primeros meses de 2015 la planta, cuya puesta en marcha demandó una inversión de más de $ 110 millones, cerró y se inició el proceso de indemnizaciones a los operarios. Quien fuera el encargado de la actividad frigorífica recibió la liquidación final de haberes que la empresa Indalo le depositó.

Retiró la plata pero a la vez, patrocinado por Venancio, planteó un juicio laboral reclamando una suma superior. Igual litigio comenzaron otros dos trabajadores, con participación también del abogado Carlos Azparren.

Las causas siguieron su curso en los Tribunales de la circunscripción Noroeste con asiento en Esquel, y recayeron en el estrado de la jueza Civil, Comercial y Laboral, Alicia Catalina Arbilla. Los juicios tuvieron fallos favorables a los demandantes. Pero en noviembre de 2018 la magistrada decidió el secuestro y subasta de bienes del Grupo Indalo existentes en el frigorífico.

La trama del asunto desembocó en un fuerte reclamo judicial de Cristóbal López presentado en los Tribunales de Esquel, con la firma de Carlos Beraldi (abogado personal de CFK), ya que en el establecimiento secuestraron un generador con una valuación cercana a los 150 mil dólares y que no pertenecía a Indalo, sino a la firma Ganadera Santa Elena.

Apoderarse

Asimismo retiraron de la planta de Costa envasadoras y 2 zamping, entre algún otro equipamiento. En estos apoderamientos de maquinaria se gesta lo que los abogados de Cristóbal López consideran una eventual estafa de Venancio y Azparren. Es que los juicios representaban una cifra de plata varias veces menor al costo de los equipos, que además eran propiedad de otra empresa, como el generador. El resto estaba inhibido.

El generador fue adquirido por el empresario local Silvio Simeoni por $ 100.000, lejos de la valuación en dólares.

Antes de la compra, el equipo ya estaba en un espacio propiedad del comprador.

En agosto de este año, Cristóbal López arribó a Esquel para reunirse con Venancio y Azparren, acompañado del abogado Guillermo Vila, para buscar un entendimiento en torno al número final de los tres juicios laborales. Llegó temprano con el ánimo de encontrarse rápidamente y acordar. Venancio no quiso reunirse de inmediato y pudo en un horario posterior al almuerzo y en su estudio, donde recibió a López y a Azparren.

Detalles

Lo primero que le recriminó el empresario a Venancio fue haberlo ubicado en el expediente como alguien vinculado a estafas, llevando impresos esos argumentos, un poco extraídos por el letrado de comentarios mediáticos. No hubo respuestas.

López hizo un ofrecimiento por los juicios laborales y honorarios de dos pagos de $ 1 millón para cerrar los litigios, y con pedido a la jueza Arbilla de la devolución de los bienes mal secuestrados y ejecutados a un mínimo precio, además de ser parte de la inhibición en alguno de los casos.

Sin aceptar los abogados el planteo, se hizo una presentación en la Fiscalía de Esquel por presunta estafa e intento de desmantelamiento de la planta de parte de Venancio y Azparren. El caso lo investiga la fiscal María Bottini. Como Venancio preside el Colegio de Abogados de Esquel, ayer mismo al trascender el escándalo en el diario Ambito Financiero, y con la denuncia en su contra, varios de sus colegas estarían muy enojados y le pedirían la renuncia.

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16 NOV 2020 - 22:40

Las maniobras legales encaradas por abogados de Esquel en el marco de tres juicios laborales por el cierre del frigorífico Santa Elena, del Grupo Indalo, inaugurado en Gobernador Costa en febrero de 2013, provocaron un escándalo judicial, con matices de presunta estafa por parte del presidente del Colegio de Abogados de la ciudad cordillerana, José María Venancio, junto a otro letrado. Es que se tramitó el secuestro y remate de bienes de la firma a precios irrisorios, cuando además están inhibidos por la Justicia Federal de Capital Federal.

El establecimiento se inauguró con una videoconferencia que presidió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y presencia en Costa de su exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Yauhar, entre otras autoridades.

En los primeros meses de 2015 la planta, cuya puesta en marcha demandó una inversión de más de $ 110 millones, cerró y se inició el proceso de indemnizaciones a los operarios. Quien fuera el encargado de la actividad frigorífica recibió la liquidación final de haberes que la empresa Indalo le depositó.

Retiró la plata pero a la vez, patrocinado por Venancio, planteó un juicio laboral reclamando una suma superior. Igual litigio comenzaron otros dos trabajadores, con participación también del abogado Carlos Azparren.

Las causas siguieron su curso en los Tribunales de la circunscripción Noroeste con asiento en Esquel, y recayeron en el estrado de la jueza Civil, Comercial y Laboral, Alicia Catalina Arbilla. Los juicios tuvieron fallos favorables a los demandantes. Pero en noviembre de 2018 la magistrada decidió el secuestro y subasta de bienes del Grupo Indalo existentes en el frigorífico.

La trama del asunto desembocó en un fuerte reclamo judicial de Cristóbal López presentado en los Tribunales de Esquel, con la firma de Carlos Beraldi (abogado personal de CFK), ya que en el establecimiento secuestraron un generador con una valuación cercana a los 150 mil dólares y que no pertenecía a Indalo, sino a la firma Ganadera Santa Elena.

Apoderarse

Asimismo retiraron de la planta de Costa envasadoras y 2 zamping, entre algún otro equipamiento. En estos apoderamientos de maquinaria se gesta lo que los abogados de Cristóbal López consideran una eventual estafa de Venancio y Azparren. Es que los juicios representaban una cifra de plata varias veces menor al costo de los equipos, que además eran propiedad de otra empresa, como el generador. El resto estaba inhibido.

El generador fue adquirido por el empresario local Silvio Simeoni por $ 100.000, lejos de la valuación en dólares.

Antes de la compra, el equipo ya estaba en un espacio propiedad del comprador.

En agosto de este año, Cristóbal López arribó a Esquel para reunirse con Venancio y Azparren, acompañado del abogado Guillermo Vila, para buscar un entendimiento en torno al número final de los tres juicios laborales. Llegó temprano con el ánimo de encontrarse rápidamente y acordar. Venancio no quiso reunirse de inmediato y pudo en un horario posterior al almuerzo y en su estudio, donde recibió a López y a Azparren.

Detalles

Lo primero que le recriminó el empresario a Venancio fue haberlo ubicado en el expediente como alguien vinculado a estafas, llevando impresos esos argumentos, un poco extraídos por el letrado de comentarios mediáticos. No hubo respuestas.

López hizo un ofrecimiento por los juicios laborales y honorarios de dos pagos de $ 1 millón para cerrar los litigios, y con pedido a la jueza Arbilla de la devolución de los bienes mal secuestrados y ejecutados a un mínimo precio, además de ser parte de la inhibición en alguno de los casos.

Sin aceptar los abogados el planteo, se hizo una presentación en la Fiscalía de Esquel por presunta estafa e intento de desmantelamiento de la planta de parte de Venancio y Azparren. El caso lo investiga la fiscal María Bottini. Como Venancio preside el Colegio de Abogados de Esquel, ayer mismo al trascender el escándalo en el diario Ambito Financiero, y con la denuncia en su contra, varios de sus colegas estarían muy enojados y le pedirían la renuncia.


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