La Justicia sobreseyó a Cristina en una causas derivada del caso cuadernos
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi resolvió este martes el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de una de las causas derivadas de la de los cuadernos.
El magistrado entendió que no hay elementos para mantenerla imputada en el expediente, en el que se investigan subsidios entregados a empresas de colectivos.
La Cámara Federal, con las firmas de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, revocó en 2019 el procesamiento que había firmado el fallecido juez Claudio Bonadio, y ahora Martínez de Giorgi determinó el sobreseimiento.
El juez también sobreseyó a los ex funcionarios Julio De Vido, Juan Pablo Schiavi y a Ricardo Jaime, entre otros.
Es un desprendimiento de la causa madre vinculada a supuestos sobornos pagados por empresarios del transporte de colectivos para acceder a subsidios, en la que incluso se sospechaba que falseaban los registros de kilometraje para obtener una mayor suma de dinero como asistencia por parte del Estado.
El año pasado la Cámara Federal había revocado el primer procesamiento que en esta causa dictó Bonadio ahora y su reemplazante, Martínez De Giorgi, dictó los sobreseimientos.
En su fallo, el juez también sobreseyó a los ex funcionarios de su gobierno Jaime, De Vido y Schiavi tras ser investigados "por el delito de cohecho pasivo en veinticuatro ocasiones o, bien, de una defraudación contra la administración pública en calidad de coautores".
El total de sobreseídos asciende a 213, entre ellos muchos empresarios que habrían pagado para acceder a los subsidios.
La investigación es por supuestos sobornos pagados entre julio de 2003 hasta marzo de 2014, por aproximadamente 609.326.186 pesos, "abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema destinado a permitir que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes".
"La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014", según la acusación, la cual está en poder del fiscal Carlos Stornelli, que puede apelar esta decisión del juez.
Mientras tanto, la declaración de los arrepentidos se definirá en breve a raíz de los varios planteos que hicieron ante la Cámara Federal de Casación Penal y donde tendrá que definir sobre la constitucionalidad o no de la ley, la aplicación en el caso cuadernos y la forma en que se tomaron esas declaraciones.
Esa definición está en manos de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que podría dar a conocer su fallo en estos días.
El magistrado entendió que no hay elementos para mantenerla imputada en el expediente, en el que se investigan subsidios entregados a empresas de colectivos.
La Cámara Federal, con las firmas de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, revocó en 2019 el procesamiento que había firmado el fallecido juez Claudio Bonadio, y ahora Martínez de Giorgi determinó el sobreseimiento.
El juez también sobreseyó a los ex funcionarios Julio De Vido, Juan Pablo Schiavi y a Ricardo Jaime, entre otros.
Es un desprendimiento de la causa madre vinculada a supuestos sobornos pagados por empresarios del transporte de colectivos para acceder a subsidios, en la que incluso se sospechaba que falseaban los registros de kilometraje para obtener una mayor suma de dinero como asistencia por parte del Estado.
El año pasado la Cámara Federal había revocado el primer procesamiento que en esta causa dictó Bonadio ahora y su reemplazante, Martínez De Giorgi, dictó los sobreseimientos.
En su fallo, el juez también sobreseyó a los ex funcionarios de su gobierno Jaime, De Vido y Schiavi tras ser investigados "por el delito de cohecho pasivo en veinticuatro ocasiones o, bien, de una defraudación contra la administración pública en calidad de coautores".
El total de sobreseídos asciende a 213, entre ellos muchos empresarios que habrían pagado para acceder a los subsidios.
La investigación es por supuestos sobornos pagados entre julio de 2003 hasta marzo de 2014, por aproximadamente 609.326.186 pesos, "abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema destinado a permitir que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes".
"La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014", según la acusación, la cual está en poder del fiscal Carlos Stornelli, que puede apelar esta decisión del juez.
Mientras tanto, la declaración de los arrepentidos se definirá en breve a raíz de los varios planteos que hicieron ante la Cámara Federal de Casación Penal y donde tendrá que definir sobre la constitucionalidad o no de la ley, la aplicación en el caso cuadernos y la forma en que se tomaron esas declaraciones.
Esa definición está en manos de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que podría dar a conocer su fallo en estos días.