Editorial / El Gobierno le pone un freno a los sueldos del Poder Judicial y abre un nuevo frente
Leé La Columna del Domingo, el análisis de la edición impresa de Jornada.
En septiembre pasado, cuando un grupo de altos funcionarios de Chubut visitó a Silvina Batakis, número dos del Ministerio del Interior, y a Raúl Rigo, el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, se habló por primera vez de los altos salarios que se pagaban en el Poder Judicial de Chubut.
Fue el propio Rigo quien en medio de la extensa reunión (durante la cual los funcionarios chubutenses pidieron a Nación una asistencia financiera de $ 15.000 millones que, por supuesto, fue desestimada) preguntó por el “enganche salarial” de la Justicia de Chubut con la Corte Suprema.
Los funcionarios nacionales creían que había una ley que permitía al Poder Judicial de Chubut aumentarse los sueldos cada vez que la Corte disponía uno para la Justicia Federal. Pero no: el entonces secretario general de la Gobernación, Javier Touriñan, les aclaró que la Justicia de Chubut se aumentaba los salarios con la sola firma de una acordada entre los jefes de la cúpula judicial (el Superior Tribunal de Justicia, la Procuración y la Defensa Pública).
Rigo no anduvo con vueltas: les dijo que los sueldos de la Justicia estaban muy por encima de la media que estimaban como “prudente” en medio de la profunda crisis que tenían las cuentas públicas de Chubut.
Los números que le llamaron la atención a Rigo y Batakis tenían que ver con los salarios que se pagan a los poderes Judicial y Legislativo: son unos 2.700 empleados que perciben en promedio $ 248.000 por mes. Más al detalle, observaron que en este segmento casi la mitad de esos agentes públicos (unos 1.300 jueces, fiscales, defensores, funcionarios judiciales y diputados provinciales), perciben en promedio $ 343.000 de bolsillo por mes. “Si encima ellos disponen cuándo se aumentan los sueldos, los números no van a cerrar nunca, no importa el plan que aplique el Ejecutivo”, dijeron los funcionarios nacionales.
Una ley a los tobillos
Tres meses después de aquella reunión, el Gobierno provincial decidió ir a fondo y negoció con éxito una ley que suspende por seis meses los aumentos que se dispongan a través de decretos, acordadas, resoluciones, disposiciones, circulares, actas o cualquier otro instrumento dictado para aplicarse en Chubut pero decidido fuera de la Provincia.
La ley, negociada por el Gobierno con legisladores propios y de la oposición en medio de la tensión por el proyecto de zonificación minera, fue un pequeño triunfo para el gobernador Mariano Arcioni, que sigue teniendo una mala imagen entre buena parte de la sociedad pero no tan mala como la que la sociedad tiene de la Justicia en general.
Arcioni no sólo manda un mensaje al Gobierno nacional, que le había pedido un freno a los altos salarios del Poder Judicial, sino que además le marca la cancha a un grupo de poder en donde el Poder Ejecutivo no tiene un solo aliado.
Ninguno de los dos ministros del Superior Tribunal (Mario Vivas y Alejandro Panizzi), ni el procurador Jorge Miquelarena, ni el defensor Sebastián Daroca, tienen con Arcioni un relación aceitada. Por supuesto que la “independencia” de poderes es importante pero también es importante recordar que ninguno de esos altos cargos se concursan sino que se consiguen a través de acuerdos y padrinazgos políticos.
Nadie en su sano juicio puede creer que congelarles los sueldos por seis meses a los magistrados va a ser gratuito. Se abrió una puerta en donde pueden pasar muchas cosas. “Será golpe por golpe”, dijo un funcionario provincial que sabe que se viene el “vuelto”.
Acordada de la discordia
Más allá de los viejos desencuentros, lo que hizo estallar a Arcioni fue la acordada que el pasado viernes 4 de diciembre firmaron los popes de la Justicia para disponer un incremento salarial del 10% retroactivo a octubre.
En medio de una situación crítica en la que todavía se adeudan dos meses de sueldos a muchos empleados públicos que cobran bastante menos que los empleados del Poder Judicial, darse un aumento retroactivo no cayó bien en el Ejecutivo.
Es verdad que el Acuerdo Plenario que firmó la cúpula de la Justicia es similar a todos los que desde el 2015 se vienen firmando para aumentarse sus sueldos. Pero el momento parece inconveniente.
A pesar de las dificultades que el Ejecutivo tiene siempre para conseguir votos en la Legislatura para cualquier proyecto de ley, esta vez logró que se votara sobre tablas. Salvo el Frente de Todos, el arcinonismo, casi todo el sastrismo y los tres legisladores de Juntos por el Cambio levantaron la mano para ponerle un freno al Poder Judicial.
Es verdad que el Gobierno provincial no tiene la fortaleza suficiente como para abrir más frentes de batalla a los que ya tiene. Pero para ir contra los altos salarios de la Justicia cuenta con la anuencia de muchos sectores políticos y sociales que hace rato vienen reclamando cambios a un poder del Estado en donde muchos de sus integrantes siguen sintiendo que están un escalón más arriba que el resto de los mortales.
En septiembre pasado, cuando un grupo de altos funcionarios de Chubut visitó a Silvina Batakis, número dos del Ministerio del Interior, y a Raúl Rigo, el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, se habló por primera vez de los altos salarios que se pagaban en el Poder Judicial de Chubut.
Fue el propio Rigo quien en medio de la extensa reunión (durante la cual los funcionarios chubutenses pidieron a Nación una asistencia financiera de $ 15.000 millones que, por supuesto, fue desestimada) preguntó por el “enganche salarial” de la Justicia de Chubut con la Corte Suprema.
Los funcionarios nacionales creían que había una ley que permitía al Poder Judicial de Chubut aumentarse los sueldos cada vez que la Corte disponía uno para la Justicia Federal. Pero no: el entonces secretario general de la Gobernación, Javier Touriñan, les aclaró que la Justicia de Chubut se aumentaba los salarios con la sola firma de una acordada entre los jefes de la cúpula judicial (el Superior Tribunal de Justicia, la Procuración y la Defensa Pública).
Rigo no anduvo con vueltas: les dijo que los sueldos de la Justicia estaban muy por encima de la media que estimaban como “prudente” en medio de la profunda crisis que tenían las cuentas públicas de Chubut.
Los números que le llamaron la atención a Rigo y Batakis tenían que ver con los salarios que se pagan a los poderes Judicial y Legislativo: son unos 2.700 empleados que perciben en promedio $ 248.000 por mes. Más al detalle, observaron que en este segmento casi la mitad de esos agentes públicos (unos 1.300 jueces, fiscales, defensores, funcionarios judiciales y diputados provinciales), perciben en promedio $ 343.000 de bolsillo por mes. “Si encima ellos disponen cuándo se aumentan los sueldos, los números no van a cerrar nunca, no importa el plan que aplique el Ejecutivo”, dijeron los funcionarios nacionales.
Una ley a los tobillos
Tres meses después de aquella reunión, el Gobierno provincial decidió ir a fondo y negoció con éxito una ley que suspende por seis meses los aumentos que se dispongan a través de decretos, acordadas, resoluciones, disposiciones, circulares, actas o cualquier otro instrumento dictado para aplicarse en Chubut pero decidido fuera de la Provincia.
La ley, negociada por el Gobierno con legisladores propios y de la oposición en medio de la tensión por el proyecto de zonificación minera, fue un pequeño triunfo para el gobernador Mariano Arcioni, que sigue teniendo una mala imagen entre buena parte de la sociedad pero no tan mala como la que la sociedad tiene de la Justicia en general.
Arcioni no sólo manda un mensaje al Gobierno nacional, que le había pedido un freno a los altos salarios del Poder Judicial, sino que además le marca la cancha a un grupo de poder en donde el Poder Ejecutivo no tiene un solo aliado.
Ninguno de los dos ministros del Superior Tribunal (Mario Vivas y Alejandro Panizzi), ni el procurador Jorge Miquelarena, ni el defensor Sebastián Daroca, tienen con Arcioni un relación aceitada. Por supuesto que la “independencia” de poderes es importante pero también es importante recordar que ninguno de esos altos cargos se concursan sino que se consiguen a través de acuerdos y padrinazgos políticos.
Nadie en su sano juicio puede creer que congelarles los sueldos por seis meses a los magistrados va a ser gratuito. Se abrió una puerta en donde pueden pasar muchas cosas. “Será golpe por golpe”, dijo un funcionario provincial que sabe que se viene el “vuelto”.
Acordada de la discordia
Más allá de los viejos desencuentros, lo que hizo estallar a Arcioni fue la acordada que el pasado viernes 4 de diciembre firmaron los popes de la Justicia para disponer un incremento salarial del 10% retroactivo a octubre.
En medio de una situación crítica en la que todavía se adeudan dos meses de sueldos a muchos empleados públicos que cobran bastante menos que los empleados del Poder Judicial, darse un aumento retroactivo no cayó bien en el Ejecutivo.
Es verdad que el Acuerdo Plenario que firmó la cúpula de la Justicia es similar a todos los que desde el 2015 se vienen firmando para aumentarse sus sueldos. Pero el momento parece inconveniente.
A pesar de las dificultades que el Ejecutivo tiene siempre para conseguir votos en la Legislatura para cualquier proyecto de ley, esta vez logró que se votara sobre tablas. Salvo el Frente de Todos, el arcinonismo, casi todo el sastrismo y los tres legisladores de Juntos por el Cambio levantaron la mano para ponerle un freno al Poder Judicial.
Es verdad que el Gobierno provincial no tiene la fortaleza suficiente como para abrir más frentes de batalla a los que ya tiene. Pero para ir contra los altos salarios de la Justicia cuenta con la anuencia de muchos sectores políticos y sociales que hace rato vienen reclamando cambios a un poder del Estado en donde muchos de sus integrantes siguen sintiendo que están un escalón más arriba que el resto de los mortales.