Lloyd Jones no aportó pruebas contra otros diputados pero ahora apuntó a un abogado
La diputada del Interbloque que había dicho que algunos colegas habían cobrado $ 10 millones para votar la zonificación minera, declaró por escrito ante el procurador Jorge Miquelarena e involucró a Guillermo Corneo, un abogado que se reunió en una chacra con la pareja de la diputada.
La diputada provincial Leila Lloyd Jones, integrante del Interbloque, le confesó por escrito al procurador Jorge Miquelarena que no tiene pruebas para acusar a ningún legislador como lo hizo en un audio que se viralizó en los últimos días, en el que aseguraba que algunos de sus colegas habían recibido 10 millones de pesos y otros ofrecimientos para aprobar la ley de zonificación minera.
El texto completo de su declaración, al que accedió Jornada, es la respuesta escrita que la diputada le envió al procurador en referencia a la Investigación Fiscal N° 50854 que se abrió para investigar la presunta comisión de un delito por parte de algunos legisladores.
Sin pruebas contra sus colegas, Lloyd Jones sorprende en el escrito apuntando todos sus cañones contra el abogado de Trelew Guillermo Corneo, al que le adjudica haberse reunido con la pareja de la diputada, Gustavo Cardoso, para ofrecerle una “bonificación”.
Según relata Lloyd Jones, el 20 de noviembre pasado, el abogado Corneo –que lidera un estudio de Trelew y ha patrocinado a algunos funcionarios públicos en denuncias recientes- “se reunió privadamente con Gustavo Cardoso, quien le comunicó que las explicaciones del ministro (Martín Cerdá, titular de Hidrocarburos) no habían hecho variar la posición contraria al proyecto de los diputados asistentes. Es entonces –asegura Lloyd Jones- cuando Corneo menciona que las empresas estarían dispuestas a bonificar la contribución de los diputados que acompañaran el proyecto de zonificación con la suma de diez a quince millones de pesos a cada uno en mano”.
Según el mismo relato, un día después, “Cardoso nos trasmitió esto que habían ofrecido. Es él quien conserva mensajes y comunicaciones del abogado, de los que se infieren las reuniones relatadas. Estos pormenores también son conocidos por los diputados Ángel Tirso Chiquichano y José Giménez”, dice el escrito de Lloyd Jones.
En el escrito, la legisladora cuenta que los dichos que se le atribuyen y que fueron divulgados por los medios “efectivamente guardan similitud con un mensaje grabado que yo enviara el día 8 de diciembre del corriente año al grupo de WhatsApp del Interbloque de nuestra Legislatura, conformado por las siguientes personas: Ricardo Sastre, vicegobernador; los diputados provinciales Xenia Gabella, Mariela Williams, Miguel Antín, Ángel Chiquichano, José Giménez, Gabriela De Lucia, Zulema Andén y Rossana Artero; además de Jerónimo García, funcionario político fuera de nivel, dependiente de Presidencia de la Legislatura”, detalla.
“Las circunstancias que rodearon el envío de este mensaje fueron las siguientes –agrega-: el día 8 de diciembre, como es de público conocimiento, al llegar a mi domicilio, sito en calle Cangallo al 800 de esta ciudad, encontré un grupo de 70 u 80 personas que se manifestaban en favor de la explotación minera, incluso con una pancarta del Sindicato AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina). Estos personajes se instalaron frente a mi domicilio poco antes de las 20 horas y permanecieron allí hasta casi las 2 de la mañana del día 9. Habían llevado carpas, hicieron un asado y consumieron bebidas alcohólicas, todo ello en plena vía pública”.
“Convocada la autoridad policial, el comisario Araujo, titular de la Seccional Cuarta, manifestó que tenía órdenes de no intervenir por indicación expresa del ministro (Federico) Massoni. Siendo las 23:57 se hizo presente el ministro, quien ratificó la orden impartida, y dijo que lo había dicho porque había menores por lo que la autoridad policial se mantuvo sin intervenir”.
“Al mismo tiempo, y anoticiados de lo que sucedía en mi domicilio, se hicieron presentes miembros de mi propia agrupación política, lo que generó una enorme tensión en el momento, a pesar del cual la Policía siguió sin intervenir. Llegadas las 2 de la mañana, los manifestantes decidieron disgregarse”, relata Lloyd Jones, quien además agrega que tendría pruebas de que los manifestantes “habrían recibido dinero a cambio de su presencia en el lugar. Muchos de ellos se han mostrado públicamente con funcionarios provinciales”, señala.
“Debo decir que entonces no quise hacer públicas mis sospechas sobre el modo en que se venía gestionando el proyecto de zonificación minera puesto que no contaba con evidencia sólida y suficiente que me respaldara, lo que a mi juicio no hacía posible tampoco acudir en ese momento a la denuncia judicial. Es por ello que escogí la privacidad del bloque político para generar la discusión sobre el particular y, por qué no, recoger las inquietudes de otros diputados”, dice Lloyd Jones en otros de los párrafos de la nota a Miquelarena, en la que intenta justificarse por la presunta omisión de denuncia, debido a que los funcionarios públicos están obligados a denunciar ante la Justicia si saben de la comisión de un delito.
“Mi mensaje de audio, como usted sabe, se encuentra bajo la protección que tienen las manifestaciones originadas en el desempeño de la función que ejerzo (art. 249 de la Const. Prov.), máxime cuando se trató de una comunicación privada dirigida a un número determinado de actores políticos y sin ninguna pretensión de darle difusión pública”, se justifica.
Ahora, un abogado
Sin pruebas contra sus pares de la Legislatura, Lloyd Jones involucró ahora a un abogado de Trelew: “En el curso del mes de setiembre, el abogado Guillermo Corneo, invocando la supuesta representación del gobernador, se comunicó con el señor Gustavo Cardoso, quien es mi conviviente y pertenece a nuestro espacio político, con el fin de exponer los beneficios del proyecto a los diputados de nuestro bloque de Trelew, conformado por la suscripta y los diputados Chiquichano y Giménez”.
“Cardoso tenía trato anterior con Corneo, y acordó interesar a algunos diputados para participar en una reunión que finalmente se llevó a cabo en la chacra del mismo Cardoso, ocasión en la que se proyectó un video explicativo y el ministro Martín Cerdá expuso las bondades de la zonificación minera. De la logística de la proyección se encargaron dos personas, cuyos nombres ignoro, que acompañaron al abogado Corneo”.
“El 20/11/2020, el abogado Corneo se reunió privadamente con Gustavo Cardoso, quien le comunicó que las explicaciones del ministro no habían hecho variar la posición contraria al proyecto de los diputados asistentes. Es entonces cuando Corneo menciona que las empresas estarían dispuestas a ‘bonificar’ la contribución de los diputados que acompañaran el proyecto de zonificación con la suma de diez a quince millones de pesos a cada uno en mano”, denuncia Lloyd Jones.
“Además -agrega- las empresas se obligarían a recompensar a los diputados mediante contratación, a través de empresas intermediarias, del alquiler anual de vehículos o provisión de catering, por un período de entre 5 y 10 diez años”.
Según sigue relatando Lloyd Jones, “el día 21/11/2020 el señor Cardoso nos trasmitió esto que habían ofrecido. Es él quien conserva mensajes y comunicaciones del abogado, de los que se infieren las reuniones relatadas. Estos pormenores también son conocidos por los diputados Chiquichano y Giménez”.
“Posteriormente decidimos compartir esta información con nuestro referente político, el intendente de Trelew, Adrián Maderna. En esa ocasión, el intendente nos manifestó que concurrió el abogado Corneo a su despacho, como lo había hecho en ocasiones anteriores, ya que ha asesorado al Municipio en temas puntuales en alguna ocasión. En la conversación Corneo se había expresado en similares términos respecto de empresarios ligados a la actividad minera y su interés en convencer a algunos diputados que acompañaran el proyecto de zonificación”, agrega la diputada provincial.
“Hasta aquí cuanto conozco acerca de estos hechos. Sé, porque me he asesorado, que no tengo evidencia directa que permita acreditar con certeza los pormenores que he mencionado. Mi sospecha se basa, primero, en el crédito que doy a las personas que escucharon de primera mano estos ofrecimientos; y además en que el modo de operar muestra un patrón estandarizado que se ha apreciado en numerosas investigaciones sobre hechos y situaciones similares”, aclara Lloyd Jones.
“Debo dejar en claro, de modo terminante, que no tengo elementos que me permitan afirmar que algún miembro de la Legislatura de la Provincia haya efectivamente aceptado algún ofrecimiento similar al que relato”, concluye en su escrito la diputada.#
La diputada provincial Leila Lloyd Jones, integrante del Interbloque, le confesó por escrito al procurador Jorge Miquelarena que no tiene pruebas para acusar a ningún legislador como lo hizo en un audio que se viralizó en los últimos días, en el que aseguraba que algunos de sus colegas habían recibido 10 millones de pesos y otros ofrecimientos para aprobar la ley de zonificación minera.
El texto completo de su declaración, al que accedió Jornada, es la respuesta escrita que la diputada le envió al procurador en referencia a la Investigación Fiscal N° 50854 que se abrió para investigar la presunta comisión de un delito por parte de algunos legisladores.
Sin pruebas contra sus colegas, Lloyd Jones sorprende en el escrito apuntando todos sus cañones contra el abogado de Trelew Guillermo Corneo, al que le adjudica haberse reunido con la pareja de la diputada, Gustavo Cardoso, para ofrecerle una “bonificación”.
Según relata Lloyd Jones, el 20 de noviembre pasado, el abogado Corneo –que lidera un estudio de Trelew y ha patrocinado a algunos funcionarios públicos en denuncias recientes- “se reunió privadamente con Gustavo Cardoso, quien le comunicó que las explicaciones del ministro (Martín Cerdá, titular de Hidrocarburos) no habían hecho variar la posición contraria al proyecto de los diputados asistentes. Es entonces –asegura Lloyd Jones- cuando Corneo menciona que las empresas estarían dispuestas a bonificar la contribución de los diputados que acompañaran el proyecto de zonificación con la suma de diez a quince millones de pesos a cada uno en mano”.
Según el mismo relato, un día después, “Cardoso nos trasmitió esto que habían ofrecido. Es él quien conserva mensajes y comunicaciones del abogado, de los que se infieren las reuniones relatadas. Estos pormenores también son conocidos por los diputados Ángel Tirso Chiquichano y José Giménez”, dice el escrito de Lloyd Jones.
En el escrito, la legisladora cuenta que los dichos que se le atribuyen y que fueron divulgados por los medios “efectivamente guardan similitud con un mensaje grabado que yo enviara el día 8 de diciembre del corriente año al grupo de WhatsApp del Interbloque de nuestra Legislatura, conformado por las siguientes personas: Ricardo Sastre, vicegobernador; los diputados provinciales Xenia Gabella, Mariela Williams, Miguel Antín, Ángel Chiquichano, José Giménez, Gabriela De Lucia, Zulema Andén y Rossana Artero; además de Jerónimo García, funcionario político fuera de nivel, dependiente de Presidencia de la Legislatura”, detalla.
“Las circunstancias que rodearon el envío de este mensaje fueron las siguientes –agrega-: el día 8 de diciembre, como es de público conocimiento, al llegar a mi domicilio, sito en calle Cangallo al 800 de esta ciudad, encontré un grupo de 70 u 80 personas que se manifestaban en favor de la explotación minera, incluso con una pancarta del Sindicato AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina). Estos personajes se instalaron frente a mi domicilio poco antes de las 20 horas y permanecieron allí hasta casi las 2 de la mañana del día 9. Habían llevado carpas, hicieron un asado y consumieron bebidas alcohólicas, todo ello en plena vía pública”.
“Convocada la autoridad policial, el comisario Araujo, titular de la Seccional Cuarta, manifestó que tenía órdenes de no intervenir por indicación expresa del ministro (Federico) Massoni. Siendo las 23:57 se hizo presente el ministro, quien ratificó la orden impartida, y dijo que lo había dicho porque había menores por lo que la autoridad policial se mantuvo sin intervenir”.
“Al mismo tiempo, y anoticiados de lo que sucedía en mi domicilio, se hicieron presentes miembros de mi propia agrupación política, lo que generó una enorme tensión en el momento, a pesar del cual la Policía siguió sin intervenir. Llegadas las 2 de la mañana, los manifestantes decidieron disgregarse”, relata Lloyd Jones, quien además agrega que tendría pruebas de que los manifestantes “habrían recibido dinero a cambio de su presencia en el lugar. Muchos de ellos se han mostrado públicamente con funcionarios provinciales”, señala.
“Debo decir que entonces no quise hacer públicas mis sospechas sobre el modo en que se venía gestionando el proyecto de zonificación minera puesto que no contaba con evidencia sólida y suficiente que me respaldara, lo que a mi juicio no hacía posible tampoco acudir en ese momento a la denuncia judicial. Es por ello que escogí la privacidad del bloque político para generar la discusión sobre el particular y, por qué no, recoger las inquietudes de otros diputados”, dice Lloyd Jones en otros de los párrafos de la nota a Miquelarena, en la que intenta justificarse por la presunta omisión de denuncia, debido a que los funcionarios públicos están obligados a denunciar ante la Justicia si saben de la comisión de un delito.
“Mi mensaje de audio, como usted sabe, se encuentra bajo la protección que tienen las manifestaciones originadas en el desempeño de la función que ejerzo (art. 249 de la Const. Prov.), máxime cuando se trató de una comunicación privada dirigida a un número determinado de actores políticos y sin ninguna pretensión de darle difusión pública”, se justifica.
Ahora, un abogado
Sin pruebas contra sus pares de la Legislatura, Lloyd Jones involucró ahora a un abogado de Trelew: “En el curso del mes de setiembre, el abogado Guillermo Corneo, invocando la supuesta representación del gobernador, se comunicó con el señor Gustavo Cardoso, quien es mi conviviente y pertenece a nuestro espacio político, con el fin de exponer los beneficios del proyecto a los diputados de nuestro bloque de Trelew, conformado por la suscripta y los diputados Chiquichano y Giménez”.
“Cardoso tenía trato anterior con Corneo, y acordó interesar a algunos diputados para participar en una reunión que finalmente se llevó a cabo en la chacra del mismo Cardoso, ocasión en la que se proyectó un video explicativo y el ministro Martín Cerdá expuso las bondades de la zonificación minera. De la logística de la proyección se encargaron dos personas, cuyos nombres ignoro, que acompañaron al abogado Corneo”.
“El 20/11/2020, el abogado Corneo se reunió privadamente con Gustavo Cardoso, quien le comunicó que las explicaciones del ministro no habían hecho variar la posición contraria al proyecto de los diputados asistentes. Es entonces cuando Corneo menciona que las empresas estarían dispuestas a ‘bonificar’ la contribución de los diputados que acompañaran el proyecto de zonificación con la suma de diez a quince millones de pesos a cada uno en mano”, denuncia Lloyd Jones.
“Además -agrega- las empresas se obligarían a recompensar a los diputados mediante contratación, a través de empresas intermediarias, del alquiler anual de vehículos o provisión de catering, por un período de entre 5 y 10 diez años”.
Según sigue relatando Lloyd Jones, “el día 21/11/2020 el señor Cardoso nos trasmitió esto que habían ofrecido. Es él quien conserva mensajes y comunicaciones del abogado, de los que se infieren las reuniones relatadas. Estos pormenores también son conocidos por los diputados Chiquichano y Giménez”.
“Posteriormente decidimos compartir esta información con nuestro referente político, el intendente de Trelew, Adrián Maderna. En esa ocasión, el intendente nos manifestó que concurrió el abogado Corneo a su despacho, como lo había hecho en ocasiones anteriores, ya que ha asesorado al Municipio en temas puntuales en alguna ocasión. En la conversación Corneo se había expresado en similares términos respecto de empresarios ligados a la actividad minera y su interés en convencer a algunos diputados que acompañaran el proyecto de zonificación”, agrega la diputada provincial.
“Hasta aquí cuanto conozco acerca de estos hechos. Sé, porque me he asesorado, que no tengo evidencia directa que permita acreditar con certeza los pormenores que he mencionado. Mi sospecha se basa, primero, en el crédito que doy a las personas que escucharon de primera mano estos ofrecimientos; y además en que el modo de operar muestra un patrón estandarizado que se ha apreciado en numerosas investigaciones sobre hechos y situaciones similares”, aclara Lloyd Jones.
“Debo dejar en claro, de modo terminante, que no tengo elementos que me permitan afirmar que algún miembro de la Legislatura de la Provincia haya efectivamente aceptado algún ofrecimiento similar al que relato”, concluye en su escrito la diputada.#