Myanmar: la presión local y externa cerca a golpistas, que acentúan la represión
La junta militar que gobierna Myanmar desde el golpe de Estado del 1 de febrero en medio de una histórica ola de protestas recibió hoy una nueva dosis de presión externa con la condena del G7, que se suma a sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
"Usar munición real contra gente desarmada es inaceptable. Cualquiera que responde a protestas pacíficas con violencia tiene que rendir cuentas", afirmaron los ministros de Relaciones Exteriores del G7, que incluye a Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, y un representante de la diplomacia de la UE.
"Condenamos la intimidación y opresión de aquellos de se oponen al golpe. Manifestamos nuestra preocupación por la represión de la libertad de expresión, incluyendo el corte de Internet y cambios draconianos en la ley que reprime la libertad de expresión", agregó el G7 en el comunicado.
Apenas horas antes, Washington anunció ayer sanciones contra otros dos líderes de la junta militar que derrocó al Gobierno civil de Aung San Suu Kyi: el general Maung Maung Kyaw, a la cabeza de la Fuerza Aérea, y el teniente general Moe Myint Tun.Miles de personas protestaron este lunes en ????#Myanmar en contra del golpe de Estado. pic.twitter.com/BGlOMkD7eS
— Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) February 23, 2021
Washington ya adoptó hace 10 días una salva de medidas similares contra varios miembros de la junta en el poder, incluido su jefe, el general Min Aung Hlaing.
"No dudaremos en tomar nuevas medidas contra quienes perpetran la violencia y anulan la voluntad del pueblo", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, el secretario de Estado Antony Blinken.
"Pedimos a las Fuerzas Armadas y a la Policía que cesen sus ataques contra manifestantes pacíficos, liberen inmediatamente a todos los detenidos injustamente, dejen de atacar y de intimidar a periodistas y activistas y restablezcan el Gobierno elegido democráticamente", subrayó Blinken en un comunicado.
El anuncio de Washington se produjo horas después de que la UE decidiera imponer sanciones contra los intereses económicos y financieros de los militares golpistas.
"Se suspende toda la ayuda financiera directa para los programas de reforma del Gobierno", afirmó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Las protestas, parte de una campaña de desobediencia civil que incluye huelgas de personal sanitario, ferroviario y portuario, entre otros, comenzaron hace tres semanas, y las autoridades birmanas han ido intensificando la represión.
Hasta hoy tres manifestantes resultaron muertos, y fue abatido un hombre que patrullaba para evitar arrestos masivos en un barrio de Yangón, la capital económica del país.
Las sanciones internacionales llegan después de que el Ejército birmano utilizó balas de goma, gases lacrimógenos, cañones de agua y munición real contra los manifestantes.
También desplegó más fuerzas de seguridad en las calles de Yangón, la mayor ciudad del país, donde para evitar que los manifestantes se congregaran instalaron barricadas en los cruces y arterias que conducen a las embajadas.
Desde el golpe de Estado, más de 680 personas fueron detenidas, acusadas o condenadas, según una ONG que ayuda a los presos políticos. Casi todas siguen presos.
Los cortes de Internet nocturnos ordenados por la junta hacen temer que las autoridades los aprovechen para llevar a cabo detenciones masivas de activistas prodemocracia.
Hasta ahora, las medidas tomadas por la junta no han disuadido a los manifestantes, muchos de ellos funcionarios, empleados de bancos, personal sanitario o trabajadores de obras públicas que dejaron de trabajar en solidaridad con las protestas.
Hoy prosiguieron las manifestaciones en todo el país, pero en Yangón la movlización fue menor en los días anteriores.
En Mandalay, segunda ciudad del país, una muchedumbre participó en los funerales de Thet Naing Win, un hombre de 37 años abatido el sábado cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra manifestantes.
Los llamados a cesar el trabajo han perturbado las actividades del Gobierno, de las empresas y de los bancos.
El domingo la junta amenazó con usar la fuerza letal para acabar con la "anarquía", advirtiendo a los manifestantes que corrían el riesgo de morir.
"Usar munición real contra gente desarmada es inaceptable. Cualquiera que responde a protestas pacíficas con violencia tiene que rendir cuentas", afirmaron los ministros de Relaciones Exteriores del G7, que incluye a Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, y un representante de la diplomacia de la UE.
"Condenamos la intimidación y opresión de aquellos de se oponen al golpe. Manifestamos nuestra preocupación por la represión de la libertad de expresión, incluyendo el corte de Internet y cambios draconianos en la ley que reprime la libertad de expresión", agregó el G7 en el comunicado.
Apenas horas antes, Washington anunció ayer sanciones contra otros dos líderes de la junta militar que derrocó al Gobierno civil de Aung San Suu Kyi: el general Maung Maung Kyaw, a la cabeza de la Fuerza Aérea, y el teniente general Moe Myint Tun.Miles de personas protestaron este lunes en ????#Myanmar en contra del golpe de Estado. pic.twitter.com/BGlOMkD7eS
— Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) February 23, 2021
Washington ya adoptó hace 10 días una salva de medidas similares contra varios miembros de la junta en el poder, incluido su jefe, el general Min Aung Hlaing.
"No dudaremos en tomar nuevas medidas contra quienes perpetran la violencia y anulan la voluntad del pueblo", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, el secretario de Estado Antony Blinken.
"Pedimos a las Fuerzas Armadas y a la Policía que cesen sus ataques contra manifestantes pacíficos, liberen inmediatamente a todos los detenidos injustamente, dejen de atacar y de intimidar a periodistas y activistas y restablezcan el Gobierno elegido democráticamente", subrayó Blinken en un comunicado.
El anuncio de Washington se produjo horas después de que la UE decidiera imponer sanciones contra los intereses económicos y financieros de los militares golpistas.
"Se suspende toda la ayuda financiera directa para los programas de reforma del Gobierno", afirmó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Las protestas, parte de una campaña de desobediencia civil que incluye huelgas de personal sanitario, ferroviario y portuario, entre otros, comenzaron hace tres semanas, y las autoridades birmanas han ido intensificando la represión.
Hasta hoy tres manifestantes resultaron muertos, y fue abatido un hombre que patrullaba para evitar arrestos masivos en un barrio de Yangón, la capital económica del país.
Las sanciones internacionales llegan después de que el Ejército birmano utilizó balas de goma, gases lacrimógenos, cañones de agua y munición real contra los manifestantes.
También desplegó más fuerzas de seguridad en las calles de Yangón, la mayor ciudad del país, donde para evitar que los manifestantes se congregaran instalaron barricadas en los cruces y arterias que conducen a las embajadas.
Desde el golpe de Estado, más de 680 personas fueron detenidas, acusadas o condenadas, según una ONG que ayuda a los presos políticos. Casi todas siguen presos.
Los cortes de Internet nocturnos ordenados por la junta hacen temer que las autoridades los aprovechen para llevar a cabo detenciones masivas de activistas prodemocracia.
Hasta ahora, las medidas tomadas por la junta no han disuadido a los manifestantes, muchos de ellos funcionarios, empleados de bancos, personal sanitario o trabajadores de obras públicas que dejaron de trabajar en solidaridad con las protestas.
Hoy prosiguieron las manifestaciones en todo el país, pero en Yangón la movlización fue menor en los días anteriores.
En Mandalay, segunda ciudad del país, una muchedumbre participó en los funerales de Thet Naing Win, un hombre de 37 años abatido el sábado cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra manifestantes.
Los llamados a cesar el trabajo han perturbado las actividades del Gobierno, de las empresas y de los bancos.
El domingo la junta amenazó con usar la fuerza letal para acabar con la "anarquía", advirtiendo a los manifestantes que corrían el riesgo de morir.