Denuncian a la abogada que vive en Salta y cobra dos sueldos en Chubut

Hugo Barone y Alfredo Pérez Galimberti se presentaron en la Unidad Anticorrupción. Itze fue a un juez para seguir cobrando.

24 FEB 2021 - 21:39 | Actualizado

Los abogados de Trelew Hugo Barone y Alfredo Pérez Galimberti denunciaron ante la Unidad Anticorrupción a la abogada Viviana Itze, cuyo caso desató un escándalo luego de que Jornada revelara que aunque vive en Salta, sigue cobrando dos sueldos como empleada municipal de Esquel y como agente del Ministerio de Educación. Le imputan defraudación a la administración pública

La presentación de los letrados ante el fiscal Omar Rodríguez es “en nuestro carácter de vecinos de esta provincia, con arraigo de larga data”. Precisan que la letrada vive en barrio El Bosque, sobre tuta 68, Municipalidad de Cafayate.

En la denuncia explican que los demás datos personales de la denunciada los debe informar o bien Educación –“donde presta o prestó servicios”-, o la Municipalidad de la Ciudad de Esquel, “de cuya planta permanente de personal forma parte”

No es la única

“No es posible que (Itze) sea la única persona responsable penalmente, de resultar veraces los relatos periodísticos en los que hacemos pie. Han de existir aquí otros autores, cómplices y/o encubridores y es probable que otros delitos conexos, que saldrán rápidamente a la luz con las primeras medidas investigativas”, sugiere la denuncia.

Barone y Galimberti se basaron en artículos de Jornada.com.ar de los días 22 y 23 de febrero. “Siempre a tenor de la noticia publicada a la que hemos referido, Itze laboró algunos años al servicio de la Municipalidad de Esquel, donde habría cumplido funciones como jueza municipal de Faltas y luego directora de Tierras Fiscales”.

Al mismo tiempo “habría percibido otros emolumentos del Ministerio de Educación aparentemente imputables a 51 horas cátedra en Educación Media, Polimodal y Superior, y al cargo, dependiente del mismo Ministerio, de directora del Instituto ISET 812”.

Cronología

El 25 de septiembre de 2019, el intendente Sergio Ongarato autorizó la adscripción de la abogada, que era la jefa de Tierras Fiscales, a la Municipalidad de Cafayate, Salta, a partir del 1° de septiembre de 2019 y por seis meses. El plazo se extendió cuando no se había iniciado la pandemia desde el 1° de marzo al 31 de agosto del 2020.

“Se afirma periodísticamente que todo ese tiempo la abogada continuó percibiendo su salario como empleada municipal, lo que a la postre resultaría confirmado por los dichos del secretario de Gobierno (Julio Ruiz) recogidos por una publicación de Jornada”, explica la denuncia.

A tenor de los dichos del secretario, “los eventuales servicios que preste Itze en el municipio de Cafayate no tendrían utilidad para el Municipio de Esquel –cuestión imprescindible en orden a la legalidad del acto administrativo que la dispuso-, o en función de qué convenio de reciprocidad fue dispuesta”.

“Lo que arroja dudas sobre el acto de adscripción es que da cuenta de que la cuestión llegó hace tiempo al Concejo Deliberante de Esquel y que el año pasado, a través de la Comisión de Legales, que encabeza Gerardo Filippini, se realizó un pedido de informes, reiterado este año, sobre la situación de la abogada –y de otras adscripciones- que aún no ha tenido respuesta del Ejecutivo”.

Otro dato para aclarar es “la compatibilidad horaria entre las misiones y funciones que debía cumplimentar en el municipio, las horas cátedra que debía dictar por el Ministerio de Educación Provincial y su cargo, dependiente del mismo Ministerio, de directora del Instituto ISET 812, un centro educativo que brinda carreras técnicas. Si bien el ejercicio de la docencia es compatible con otro empleo público, no lo es la gestión docente remunerada”.

Según la presentación, “habrá de sumarse otra incógnita que debe ser investigada; esto es, si durante su adscripción a Cafayate la abogada continuó percibiendo haberes de la Provincia”.

Como “Chito”

“Pareciera haber una doble designación en cargos públicos –uno municipal y otro provincial- simultánea, con el pago de una doble retribución, como sucediera con un caso tratado recientemente en los tribunales provinciales de una persona empleada en el municipio de Trevelin y en la administración central en Rawson, simultáneamente”. Es una referencia a la condena de Oscar “Chito” Alarcón. “Es claro que, por una imposibilidad física, la abogada no pudo cumplir con la encomienda del Ministerio de Educación”.

La tercera publicación de Jornada da cuenta de que la abogada interpuso con resultado positivo una medida judicial de no innovar para continuar percibiendo sus haberes de Esquel. “La nota señala que el secretario de Gobierno del Municipio, de apellido Ruiz, aseguró que ´no hubo compensación de la Municipalidad de Cafayate hacia Esquel´”.

Esta información “parece confirmar que la nombrada no realiza ningún a tarea, desde hace un año, pero continúa cobrando su salario. La medida judicial de no innovar que habría sido dictada por un juez en Esquel, de manera alguna legaliza la adscripción que, a estar a los propios dichos del secretario, se basa en el estatuto del Empleado Municipal, más no en la ley ni en la Constitución; nadie puede percibir un salario estatal sin prestar un servicio comprobable en beneficio de su empleador”.

En este escenario, y tal como consta en la denuncia, la abogada hizo un reclamo legal para seguir cobrando mediante un pedido de “no innovar”. Así consiguió el aval de un juez para seguir cobrando $ 75.000 de bolsillo.

El municipio de Esquel, en tanto, anunció que el 31 de marzo se le termina la adscripción en Cafayate. Mientras, sigue cobrando otros $ 96.000 del Ministerio de Educación.

El secretario de Gobierno de Esquel, Julio Ruiz, confirmó que Itze percibe $ 75.000 pero no dejó en claro si Itze deberá volver a trabajar en Esquel o presentará su renuncia.

En el portal EQS Notas, Ruiz aseguró también que “no hubo compensación de la Municipalidad de Cafayate hacia Esquel”. Es decir, viene cobrando su salario en Esquel desde hace un año y medio y nunca realizó ninguna tarea.

“Cuando se le cumplió el período autorizado (en agosto del año pasado), Itze pidió una ampliación de su adscripción, que se lo permite el Estatuto, pero dijo que por el tema del Covid le resultaba imposible volver”, relató. “Vencido ese plazo, se le intimó a reincorporarse o podía quedar fuera de la planta municipal, y ella presentó un recurso judicial de no innovar”, explicó.

En enero hubo una reunión entre una abogada que representa los intereses de Itze y el municipio y se acordó en continuar esta adscripción hasta el 31 de marzo. Por ahora no hubo reacción oficial ante lo publicado por Jornada.

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24 FEB 2021 - 21:39

Los abogados de Trelew Hugo Barone y Alfredo Pérez Galimberti denunciaron ante la Unidad Anticorrupción a la abogada Viviana Itze, cuyo caso desató un escándalo luego de que Jornada revelara que aunque vive en Salta, sigue cobrando dos sueldos como empleada municipal de Esquel y como agente del Ministerio de Educación. Le imputan defraudación a la administración pública

La presentación de los letrados ante el fiscal Omar Rodríguez es “en nuestro carácter de vecinos de esta provincia, con arraigo de larga data”. Precisan que la letrada vive en barrio El Bosque, sobre tuta 68, Municipalidad de Cafayate.

En la denuncia explican que los demás datos personales de la denunciada los debe informar o bien Educación –“donde presta o prestó servicios”-, o la Municipalidad de la Ciudad de Esquel, “de cuya planta permanente de personal forma parte”

No es la única

“No es posible que (Itze) sea la única persona responsable penalmente, de resultar veraces los relatos periodísticos en los que hacemos pie. Han de existir aquí otros autores, cómplices y/o encubridores y es probable que otros delitos conexos, que saldrán rápidamente a la luz con las primeras medidas investigativas”, sugiere la denuncia.

Barone y Galimberti se basaron en artículos de Jornada.com.ar de los días 22 y 23 de febrero. “Siempre a tenor de la noticia publicada a la que hemos referido, Itze laboró algunos años al servicio de la Municipalidad de Esquel, donde habría cumplido funciones como jueza municipal de Faltas y luego directora de Tierras Fiscales”.

Al mismo tiempo “habría percibido otros emolumentos del Ministerio de Educación aparentemente imputables a 51 horas cátedra en Educación Media, Polimodal y Superior, y al cargo, dependiente del mismo Ministerio, de directora del Instituto ISET 812”.

Cronología

El 25 de septiembre de 2019, el intendente Sergio Ongarato autorizó la adscripción de la abogada, que era la jefa de Tierras Fiscales, a la Municipalidad de Cafayate, Salta, a partir del 1° de septiembre de 2019 y por seis meses. El plazo se extendió cuando no se había iniciado la pandemia desde el 1° de marzo al 31 de agosto del 2020.

“Se afirma periodísticamente que todo ese tiempo la abogada continuó percibiendo su salario como empleada municipal, lo que a la postre resultaría confirmado por los dichos del secretario de Gobierno (Julio Ruiz) recogidos por una publicación de Jornada”, explica la denuncia.

A tenor de los dichos del secretario, “los eventuales servicios que preste Itze en el municipio de Cafayate no tendrían utilidad para el Municipio de Esquel –cuestión imprescindible en orden a la legalidad del acto administrativo que la dispuso-, o en función de qué convenio de reciprocidad fue dispuesta”.

“Lo que arroja dudas sobre el acto de adscripción es que da cuenta de que la cuestión llegó hace tiempo al Concejo Deliberante de Esquel y que el año pasado, a través de la Comisión de Legales, que encabeza Gerardo Filippini, se realizó un pedido de informes, reiterado este año, sobre la situación de la abogada –y de otras adscripciones- que aún no ha tenido respuesta del Ejecutivo”.

Otro dato para aclarar es “la compatibilidad horaria entre las misiones y funciones que debía cumplimentar en el municipio, las horas cátedra que debía dictar por el Ministerio de Educación Provincial y su cargo, dependiente del mismo Ministerio, de directora del Instituto ISET 812, un centro educativo que brinda carreras técnicas. Si bien el ejercicio de la docencia es compatible con otro empleo público, no lo es la gestión docente remunerada”.

Según la presentación, “habrá de sumarse otra incógnita que debe ser investigada; esto es, si durante su adscripción a Cafayate la abogada continuó percibiendo haberes de la Provincia”.

Como “Chito”

“Pareciera haber una doble designación en cargos públicos –uno municipal y otro provincial- simultánea, con el pago de una doble retribución, como sucediera con un caso tratado recientemente en los tribunales provinciales de una persona empleada en el municipio de Trevelin y en la administración central en Rawson, simultáneamente”. Es una referencia a la condena de Oscar “Chito” Alarcón. “Es claro que, por una imposibilidad física, la abogada no pudo cumplir con la encomienda del Ministerio de Educación”.

La tercera publicación de Jornada da cuenta de que la abogada interpuso con resultado positivo una medida judicial de no innovar para continuar percibiendo sus haberes de Esquel. “La nota señala que el secretario de Gobierno del Municipio, de apellido Ruiz, aseguró que ´no hubo compensación de la Municipalidad de Cafayate hacia Esquel´”.

Esta información “parece confirmar que la nombrada no realiza ningún a tarea, desde hace un año, pero continúa cobrando su salario. La medida judicial de no innovar que habría sido dictada por un juez en Esquel, de manera alguna legaliza la adscripción que, a estar a los propios dichos del secretario, se basa en el estatuto del Empleado Municipal, más no en la ley ni en la Constitución; nadie puede percibir un salario estatal sin prestar un servicio comprobable en beneficio de su empleador”.

En este escenario, y tal como consta en la denuncia, la abogada hizo un reclamo legal para seguir cobrando mediante un pedido de “no innovar”. Así consiguió el aval de un juez para seguir cobrando $ 75.000 de bolsillo.

El municipio de Esquel, en tanto, anunció que el 31 de marzo se le termina la adscripción en Cafayate. Mientras, sigue cobrando otros $ 96.000 del Ministerio de Educación.

El secretario de Gobierno de Esquel, Julio Ruiz, confirmó que Itze percibe $ 75.000 pero no dejó en claro si Itze deberá volver a trabajar en Esquel o presentará su renuncia.

En el portal EQS Notas, Ruiz aseguró también que “no hubo compensación de la Municipalidad de Cafayate hacia Esquel”. Es decir, viene cobrando su salario en Esquel desde hace un año y medio y nunca realizó ninguna tarea.

“Cuando se le cumplió el período autorizado (en agosto del año pasado), Itze pidió una ampliación de su adscripción, que se lo permite el Estatuto, pero dijo que por el tema del Covid le resultaba imposible volver”, relató. “Vencido ese plazo, se le intimó a reincorporarse o podía quedar fuera de la planta municipal, y ella presentó un recurso judicial de no innovar”, explicó.

En enero hubo una reunión entre una abogada que representa los intereses de Itze y el municipio y se acordó en continuar esta adscripción hasta el 31 de marzo. Por ahora no hubo reacción oficial ante lo publicado por Jornada.


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