“Se ha desnaturalizado el sistema” en el IPV
El fiscal Héctor Iturrioz reconoció que el Instituto Provincial de la Vivienda “ha renunciado” a cumplir las funciones para las cuales fue constituído.
“Se ha desnaturalizado el sistema pero entiendo que es una decisión política y no jurídica” y cuestionó que la entrega de viviendas se realice a través de organizaciones sindicales y no a través de la dinámica de viviendas sociales.
Mientras investiga la causa denominada “Sueños Pagos” que involucra a personas relacionadas en el IPV, expresó su malestar por la mecánica del sistema de adjudicación. “Tenemos denunciantes desde el 94. Muchos que se inscribieron con sus hijos recién nacidos que hoy ya son adultos y tienen sus propias familias constituídas. Y nunca han podido acceder a una vivienda. Acá se adjudicaron viviendas a personas que ni siquiera estaban inscriptas”, criticó Iturrioz.
Respecto a la causa que investiga el Ministerio Público Fiscal, reconoció que hay dos imputados y algunos con medidas de coacción.
“Hay casos para cautelar el proceso. La ley prevee la pena de prisión de efectivo cumplimiento por ser más de tres años. Los damnificados son vendedores ambulantes, no tienen ingresos fijos y estables y les cabe un resarcimiento. No son codelincuentes como intentó vincular la defensa de Maximiliano González”, dijo en referencia al principal acusado y detenido con prisión domiciliaria.
Iturrioz explicó los avances en cuanto a la conformación de la banda y los roles que cada uno cumplía incluyendo a los jefes, los planos intermedios y las escalas más bajas de la asociación criminal. “Eso está determinado, pedimos un tiempo extra para dar con la ubicación de los bienes ya que se hizo mucho dinero con éste accionar delictivo”.
El IPV en la mira
“El Instituto Provincial de la Vivienda viene sindo protagonista de causas judiciales desde hace años. De la causa Reyna pasamos a “Sueños pagos” y en “Revelación” inclusive se entrevistó a uno de los presidentes del IPV y mencionó irregularidades”.
Por entonces se reconoció “que se hacían adulteraciones en los listados de adjudicatarios. El IPV siempre fue un lugar de sospechas que se han ido verificando”.
Para Iturrioz la investigación del reciente caso “Sueños pagos” está casi agotada. “Nos resta avanzar en la ubicacion de los bienes porque se hizo mucho dinero en ésta maniobra delictiva”. “La causa –dijo el fiscal- está muy avanzada en cuanto a materialidad y autoría, resta recuperar el dinero y los bienes que fueron producto del delito”. Admitió que hubo más de 700 a 800 personas damnificados y que los valores que manejaba la organización iban desde 60 mil pesos iniciales hasta los 700 mil estimándose que lo recaudado en el marco de estos delitos supera en volúmen los 70 millones de pesos.
Iturrioz indicó que la mayoría de los damnificados formuló la denuncia correspondiente. “Hay una posición común que si en Comodoro no se paga una suma de dinero a algún gestor, es imposible acceder a una vivienda del IPV”.
En referencia a González, expresó que éste carecía de rango jerárquico pero ejercía un “poder sin límites” dentro del organismo. “Esto lo dicen todos los implicados. Yo defiendo la postura de que no pudo haber hecho todo solo y debió intervenir un funcionario de mayor jerarquía en el diagrama”, especuló.
En términos de tiempo, Iturrioz indicó que la pena no quedaría en suspenso ni ligada a ninguna medida no punitiva. “Seguiremos sumando testimonios por un mes y medio. Hay personas que están dudando si denunciar o no. Cuando se haga la audiencia preliminar y en setiembre estaría en condiciones del juicio oral y público”, finalizó el fiscal.
“Se ha desnaturalizado el sistema pero entiendo que es una decisión política y no jurídica” y cuestionó que la entrega de viviendas se realice a través de organizaciones sindicales y no a través de la dinámica de viviendas sociales.
Mientras investiga la causa denominada “Sueños Pagos” que involucra a personas relacionadas en el IPV, expresó su malestar por la mecánica del sistema de adjudicación. “Tenemos denunciantes desde el 94. Muchos que se inscribieron con sus hijos recién nacidos que hoy ya son adultos y tienen sus propias familias constituídas. Y nunca han podido acceder a una vivienda. Acá se adjudicaron viviendas a personas que ni siquiera estaban inscriptas”, criticó Iturrioz.
Respecto a la causa que investiga el Ministerio Público Fiscal, reconoció que hay dos imputados y algunos con medidas de coacción.
“Hay casos para cautelar el proceso. La ley prevee la pena de prisión de efectivo cumplimiento por ser más de tres años. Los damnificados son vendedores ambulantes, no tienen ingresos fijos y estables y les cabe un resarcimiento. No son codelincuentes como intentó vincular la defensa de Maximiliano González”, dijo en referencia al principal acusado y detenido con prisión domiciliaria.
Iturrioz explicó los avances en cuanto a la conformación de la banda y los roles que cada uno cumplía incluyendo a los jefes, los planos intermedios y las escalas más bajas de la asociación criminal. “Eso está determinado, pedimos un tiempo extra para dar con la ubicación de los bienes ya que se hizo mucho dinero con éste accionar delictivo”.
El IPV en la mira
“El Instituto Provincial de la Vivienda viene sindo protagonista de causas judiciales desde hace años. De la causa Reyna pasamos a “Sueños pagos” y en “Revelación” inclusive se entrevistó a uno de los presidentes del IPV y mencionó irregularidades”.
Por entonces se reconoció “que se hacían adulteraciones en los listados de adjudicatarios. El IPV siempre fue un lugar de sospechas que se han ido verificando”.
Para Iturrioz la investigación del reciente caso “Sueños pagos” está casi agotada. “Nos resta avanzar en la ubicacion de los bienes porque se hizo mucho dinero en ésta maniobra delictiva”. “La causa –dijo el fiscal- está muy avanzada en cuanto a materialidad y autoría, resta recuperar el dinero y los bienes que fueron producto del delito”. Admitió que hubo más de 700 a 800 personas damnificados y que los valores que manejaba la organización iban desde 60 mil pesos iniciales hasta los 700 mil estimándose que lo recaudado en el marco de estos delitos supera en volúmen los 70 millones de pesos.
Iturrioz indicó que la mayoría de los damnificados formuló la denuncia correspondiente. “Hay una posición común que si en Comodoro no se paga una suma de dinero a algún gestor, es imposible acceder a una vivienda del IPV”.
En referencia a González, expresó que éste carecía de rango jerárquico pero ejercía un “poder sin límites” dentro del organismo. “Esto lo dicen todos los implicados. Yo defiendo la postura de que no pudo haber hecho todo solo y debió intervenir un funcionario de mayor jerarquía en el diagrama”, especuló.
En términos de tiempo, Iturrioz indicó que la pena no quedaría en suspenso ni ligada a ninguna medida no punitiva. “Seguiremos sumando testimonios por un mes y medio. Hay personas que están dudando si denunciar o no. Cuando se haga la audiencia preliminar y en setiembre estaría en condiciones del juicio oral y público”, finalizó el fiscal.