El juez Irurzun también se excusó de intervenir en la causa de la Mesa Judicial
El juez Martín Irurzun, integrante de la Sala II de la Cámara Federal porteña, se excusó de intervenir en la causa en la que se investiga el accionar de la denominada “mesa judicial” del gobierno de Mauricio Macri porque su nombre aparece en una de las ampliaciones de la denuncia original formuladas por legisladores del Frente de Todos.
En una de las presentaciones de los denunciantes se hacía referencia al cargo que ocupa Irurzun en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación e incluso se solicitaba una medida de prueba vinculada a su teléfono celular que no fue tenida en cuenta por el fiscal que instruye el caso, Franco Picardi.
La decisión de Irurzun se suma a la de su colega Eduardo Farah que ayer se excusó de intervenir en la causa porque se trata de un expediente en el que declaró en calidad de testigo, en relación a los hechos que generaron su salida de la Cámara Federal porteña durante el gobierno de Cambiemos.
Ambas excusaciones deberán ser resueltas ahora por un tercer juez de forma unipersonal que, en este caso, no podrá ser su compañero de sala Roberto Bocio porque días atrás fue recusado por uno de los imputados, el ex secretario de Legal y Técnica del gobierno macrista, Pablo Clusellas.
Boico aún debe presentar su informe sobre el pedido de recusación que, según pudo reconstruir Télam, estuvo inspirado en el temor de parcialidad de parte del imputado que sostiene que el desarrollo de esta causa puede impactar en algún expediente en los que el ahora camarista intervino como abogado de exfuncionarios kirchneristas.
Con este escenario, el juez llamado a resolver sobre las excusaciones y recusaciones debería salir de la Sala I del tribunal de apelaciones integrada por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
Si por algún motivo los tres magistrados estuvieran inhabilitados para intervenir en la causa, debería ser convocado un juez del fuero Penal Económico.
El expediente está radicado en el Juzgado Federal 5, a cargo de la magistrada María Eugenia Capuchetti, y llegó a la Cámara Federal luego de que uno de los imputados apelara una medida de prueba requerida por el fiscal Picardi, quien tiene delegada la investigación.
El exsecretario de Legal y Técnica de la presidencia durante el gobierno de Cambiemos apeló la medida tendiente a conocer los registros de ingresos y egresos a la Casa Rosada a la que tachó como una “excursión de pesca”.
La causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) para que se investigara el papel que jugó la llamada "mesa judicial" durante el anterior gobierno nacional e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo mientras estuvo a cargo del expresidente Macri.
En esa denuncia se incluía, como uno de los principales testimonios, el brindado por la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, quien dijo en un programa radial que en 2015 recibió la visita de un funcionario del Ministerio de Justicia de la anterior gestión (Juan Bautista Mahiques, según detalló más tarde en su declaración testimonial).
Según dijo, le reclamó que apurara un fallo judicial relacionado a la causa sobre el memorándum de entendimiento con Irán firmado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y luego ratificado por el Congreso nacional.
Los denunciantes señalaron como "responsables de los hechos" a los funcionarios "de altísimo nivel en el Gobierno del presidente Macri", que integraron lo que públicamente se conoció como "la mesa judicial" de aquella administración.
En ese sentido, apuntaron al expresidente, a su exjefe de asesores José Torello, al exministro de Justicia Germán Garavano, al exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, al abogado Fabián Rodríguez Simón, a Maiques, exconsejero de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo, y al último Procurador del Tesoro del anterior Gobierno, Bernardo Saravia Frías.
Entre los imputados también figuran el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas, el expresidente de Boca Juniors Daniel Angelici y el exjefe de Gabinete Marcos Peña, señalado como quien convocaba a las reuniones de la "mesa judicial".
En una de las presentaciones de los denunciantes se hacía referencia al cargo que ocupa Irurzun en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación e incluso se solicitaba una medida de prueba vinculada a su teléfono celular que no fue tenida en cuenta por el fiscal que instruye el caso, Franco Picardi.
La decisión de Irurzun se suma a la de su colega Eduardo Farah que ayer se excusó de intervenir en la causa porque se trata de un expediente en el que declaró en calidad de testigo, en relación a los hechos que generaron su salida de la Cámara Federal porteña durante el gobierno de Cambiemos.
Ambas excusaciones deberán ser resueltas ahora por un tercer juez de forma unipersonal que, en este caso, no podrá ser su compañero de sala Roberto Bocio porque días atrás fue recusado por uno de los imputados, el ex secretario de Legal y Técnica del gobierno macrista, Pablo Clusellas.
Boico aún debe presentar su informe sobre el pedido de recusación que, según pudo reconstruir Télam, estuvo inspirado en el temor de parcialidad de parte del imputado que sostiene que el desarrollo de esta causa puede impactar en algún expediente en los que el ahora camarista intervino como abogado de exfuncionarios kirchneristas.
Con este escenario, el juez llamado a resolver sobre las excusaciones y recusaciones debería salir de la Sala I del tribunal de apelaciones integrada por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
Si por algún motivo los tres magistrados estuvieran inhabilitados para intervenir en la causa, debería ser convocado un juez del fuero Penal Económico.
El expediente está radicado en el Juzgado Federal 5, a cargo de la magistrada María Eugenia Capuchetti, y llegó a la Cámara Federal luego de que uno de los imputados apelara una medida de prueba requerida por el fiscal Picardi, quien tiene delegada la investigación.
El exsecretario de Legal y Técnica de la presidencia durante el gobierno de Cambiemos apeló la medida tendiente a conocer los registros de ingresos y egresos a la Casa Rosada a la que tachó como una “excursión de pesca”.
La causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) para que se investigara el papel que jugó la llamada "mesa judicial" durante el anterior gobierno nacional e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo mientras estuvo a cargo del expresidente Macri.
En esa denuncia se incluía, como uno de los principales testimonios, el brindado por la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, quien dijo en un programa radial que en 2015 recibió la visita de un funcionario del Ministerio de Justicia de la anterior gestión (Juan Bautista Mahiques, según detalló más tarde en su declaración testimonial).
Según dijo, le reclamó que apurara un fallo judicial relacionado a la causa sobre el memorándum de entendimiento con Irán firmado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y luego ratificado por el Congreso nacional.
Los denunciantes señalaron como "responsables de los hechos" a los funcionarios "de altísimo nivel en el Gobierno del presidente Macri", que integraron lo que públicamente se conoció como "la mesa judicial" de aquella administración.
En ese sentido, apuntaron al expresidente, a su exjefe de asesores José Torello, al exministro de Justicia Germán Garavano, al exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, al abogado Fabián Rodríguez Simón, a Maiques, exconsejero de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo, y al último Procurador del Tesoro del anterior Gobierno, Bernardo Saravia Frías.
Entre los imputados también figuran el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas, el expresidente de Boca Juniors Daniel Angelici y el exjefe de Gabinete Marcos Peña, señalado como quien convocaba a las reuniones de la "mesa judicial".