Mientras el debate está en duda, empresarios ofrecieron plata y colchones para no ir a juicio

Cinco empresarios hicieron ofertas para evitar ir a juicio oral y público por la causa de la Emergencia Económica en Comodoro Rivadavia. El debate debía iniciarse ayer contra 12 personas imputadas por estafar al Estado con compras directas de mercadería y alimentos para los damnificados en 2017.

Según el parte de prensa de Fiscalía, Marta Fracasso vendió colchones, frazadas y toallas a la Provincia. Le imputan un delito con una pena de entre 2 y 4 años de prisión. Su defensor Omar López dijo que la mujer puede pagar $ 600.000 en dos cuotas como reparación.

El defensor Damián D’Antonio pidió lo mismo para su asistida, Cecilia Sabada: ofreció $ 54.000 por un solo ilícito. Fabián Gabalachis, abogado de Estanislao Finiguerra, ofreció colchones por el plazo de tres años para entregar a hospitales públicos. Abdo Mayauik, defensor de dos imputados, ofreció una reparación de $ 300 mil por cada uno, en seis cuotas de cien mil pesos.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams se opusieron a este beneficio. “Si bien los imputados tienen derechos, también tiene derecho la sociedad por saber lo ocurrido”, dijo Rodríguez. Destacó que son delitos vinculados con fondos públicos. Para Williams, las circunstancias de los ilícitos fueron “especialísimas y de suma gravedad. No es lo mismo defraudar al Estado en una circunstancia de normalidad, que en una emergencia”.

Sin protocolo

Además los defensores se quejaron de que el espacio designado para el debate no es apto por la cantidad de asistentes y las restricciones del decreto sobre Covid. Pidieron la suspensión.

Romano Cominetti, abogado de Cristian Orsi, detalló que “los decretos prohíben las reuniones de más de doce personas, lo que excedía ampliamente el debate”.

Consideró que “es imposible hacer este juicio de forma remota, porque es mucha la cantidad de personas que deberían conectarse. Debemos tratar de que sea presencial. Puede ser en el Cine Teatro, es una posibilidad, no es que no queremos que se haga sino que siendo todos hombres de Derecho estamos violando la ley y expuestos a hacer algo no permitido”.

Para Gabalachis, los hechos necesitan de la “inmediatez que sólo lo permite estar presente en el debate”. Citó la postura del juez César Zaratiegui, que varias veces se opuso al debate virtual de casos complejos.

El fiscal Rodríguez, afirmó que “si la situación sanitaria persiste será necesario buscar otro lugar y hacer todos el esfuerzo. La Oficina Judicial deberá buscar un lugar amplio donde se respeten las distancias sociales para que no haya riesgo, pero este juicio hay que hacerlo, en un gimnasio o en una cancha de fútbol”.

Impunidad

Consideró que la situación “beneficia a la defensa, porque el plazo corre y si se sigue demorando va a terminar en la impunidad. No poder hacer el juicio y encontrar a los responsables es impunidad. Todos los defensores buscan posponer el debate como parte de una estrategia para que la causa prescriba”.

Desgracia aprovechada

“Fue un hecho grave y se aprovecharon de la desgracia de la gente para hacer negocios particulares, son actos de corrupción que hay que juzgar”, consideró. “Se aparentaba hacer contrataciones directas de material que se enviaba a Comodoro y mucho de ese material nunca ingresó. La gente no lo recibió y por esos expedientes se pagó dinero que se repartió entre funcionarios y particulares”.

Todos los planteos serán decididos por el tribunal integrado por Miguel Caviglia, Fabio Monti y Jorge Novarino este jueves a las 9.

Los acusados son Diego Correa, Diego Lüters, Leticia Huichaqueo, Marcelo Suárez, Cristian Orsi, Vanina Barale, Estanislao Finiguerra, Marta Fracasso, Bruno Taurelli Chiribao, Guillermo Williams, Cecilia Sabada y César Hughes.

Resta entonces aguardar el análisis que los magistrados hagan de la posibilidad de las probation y de que el proceso pueda continuar en la tradicional sala capitalina. #