Investigan a Maglione por contratar a un presunto socio para la Magistratura
El fiscal Rodríguez asegura que el presidente del Consejo no les dijo a sus pares quién era el flamante secretario y que por eso aprobaron su designación. El imputado aseguró que no hubo delito. La calificó como “una decisión de emergencia”.
La Unidad Anticorrupción investigará por 6 meses al presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Maglione, por abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. Lo acusan de contratar a un socio como secretario del organismo. Aunque la designación en su momento la avaló el pleno del cuerpo, el fiscal Omar Rodríguez sostiene que Maglione no les dijo a sus pares quién era el elegido y que eso los indujo a error. La denuncia fue del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, que votó en contra de la designación.
Según la acusación, el 2 de noviembre de 2020 Maglione le remitió al presidente del STJ, Mario Vivas, una nota solicitando un secretario para la sesión del día 6 en el Consejo. El cargo estaba descubierto porque Diego Cruceño, secretario original, estaba bajo sumario y adscripto al Ministerio Público Fiscal.
A Maglione le respondieron que había muchos funcionarios aislados y contagiados. El resto del personal del STJ no podía hacer trabajo extra. Maglione avisó a varios consejeros con un mensaje de texto: “El STJ no me da secretario, tengo que salir a contratar urgente uno. Estamos a dos días de una sesión así que voy a contratar a uno”.
Según Fiscalía, al día siguiente Maglione violó la ley V N°70 y por resolución designó y contrató como secretario Ad-hoc al abogado Walter Matías Cifuentes Dalotto. Trabajaría desde el mismo día 5.
“Maglione intervino en la contratación sin tener atribuciones, con la clara intención de beneficiar al nombrado con dicha designación, con quien lo unía una relación de vieja data: comparten el mismo asiento legal del Estudio Jurídico, Urquiza 410 de Trelew. Insertó un interés particular por encima del interés público, al cual el funcionario debió dar preeminencia”, dijo Rodríguez. En varios expedientes Maglione y Dalotto trabajan juntos. Los consejeros ignoraban este vínculo.
El día 6, “buscando legitimar y consolidar el acto ilegal consumado el día anterior”, Maglione puso a consideración del pleno el informe de presidencia que incluía la contratación.
Según el MPF, no era cierto que Vivas le negó ayuda. Sólo le advirtió “inconvenientes relacionados con la racionalidad en el uso del personal. No se privó de proveer un funcionario sino que, por el contrario, sólo se limitó a pedir información respecto de la situación del secretario permanente”.
“El ocultamiento intencional de la relación profesional que lo unía con Dalotto generó un terreno fértil para que el día 6 por mayoría votasen la contratación, a pesar de las manifestaciones en contrario formuladas en dicha sesión por Panizzi”.
El fiscal sostiene que si Maglione hubiese brindado todos los datos sobre Dalotto “hubiese permitido generar un escenario diferente, posibilitando al resto del Consejo contar con información de calidad, que a la luz de la ley de Ética Pública hubiese tenido otro desenlace”.
Incluso antes de votar la contratación, Dalotto ya era secretario: al iniciarse la sesión Maglione le dio la bienvenida al organismo, habilitándolo para que lea el Orden del Día.
El imputado le pidió a su defensa que no se oponga a la investigación. Recordó que la contratación fue aprobada con 12 de los 14 votos del Consejo. Explicó que ante el contexto de pandemia “el organismo debía seguir funcionando ya que tenía sumarios y evaluaciones previstas y pendientes. Sí o sí debíamos cumplir con esta obligación institucional y no tenía un secretario permanente, una situación que heredé al asumir en 2019”.
El trabajo se hacía con personal que cedía el Superior. El día que esa ayuda no estuvo garantizada “consulté con consejeros por WhatsApp y teléfono”. Explicó que “con la anuencia de casi todos les dije cuál sería la opción”. Por eso decidió la contratación.
“Yo estaba encerrado en casa con Covid. Las circunstancias nos obligaron a contratar un secretario ad hoc, ante la situación especial, con escasez de personal”.
Según Maglione, “recurrí a una persona de confianza, un abogado que reunía los requisitos de la Constitución, más de 7 años ejercicio y que no dependiera del Estado. En Trelew son muy pocos”. Dalotto iba a cobrar un monto “casi 3 veces menor a lo que gana el secretario permanente. No es la primera vez que el Consejo contrata así”.
El abogado aclaró que la resolución “la firmé yo pero la dictamos todos. Esa sesión se inicia con la bienvenida porque ya todos sabíamos a quién habíamos contratado. No había absolutamente nada que ocultar y no hubo objeción”.
Dalotto fue secretario en dos sesiones. Renunció el 19 de noviembre cuando el caso se hizo público. Maglione aseguró que el letrado no cobró aunque era su derecho. “No hubo daño ni perjuicio ni para el Consejo ni la administración de justicia”.
“Sin esta decisión de emergencia, apremiados por los tiempos, el perjuicio hubiese sido más grave por nuestras obligaciones institucionales y porque había gente ya comprometida”, graficó.
Maglione dijo que hace 32 años tiene estudio y sus únicos socios son Cohen y Urtizberea Galeano. “Dalotto nos alquila un espacio hace años para atender. No es socio ni amigo pero me merece confianza personal y profesional. No paga gastos ni comparte ganancias”. Es cierto que comparten juicios pero “es una práctica habitual en la profesión y lo hago con varios abogados. Tengo mil causas en trámite y comparto con él no más de 30, incluidas las archivadas”.
Maglione insistió con que “me vi obligado a buscar una persona de confianza profesional. Todos los actos fueron de buena fe, sin ánimo de lucro ni voluntad para beneficiarme yo ni a otro. Todo se hizo con apego a la ley y al reglamento. Todas las decisiones las tomó el pleno. Me vi apremiado y volvería a hacer lo mismo”.
El presidente consideró que “estábamos obligados a buscarle la vuelta y estoy convencido de haber hecho lo correcto. Pudo haber fallas administrativas pero nunca un delito penal”.
Admitió que a los consejeros no les dijo quién era Dalotto. Pero argumentó que ni él sabía a quién designaría. “La sesión la teníamos que hacer sí o sí y a último momento se me ocurrió esta persona. Me depositaron toda la confianza. A Cifuentes lo saqué de la galera”.
La Unidad Anticorrupción investigará por 6 meses al presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Maglione, por abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. Lo acusan de contratar a un socio como secretario del organismo. Aunque la designación en su momento la avaló el pleno del cuerpo, el fiscal Omar Rodríguez sostiene que Maglione no les dijo a sus pares quién era el elegido y que eso los indujo a error. La denuncia fue del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, que votó en contra de la designación.
Según la acusación, el 2 de noviembre de 2020 Maglione le remitió al presidente del STJ, Mario Vivas, una nota solicitando un secretario para la sesión del día 6 en el Consejo. El cargo estaba descubierto porque Diego Cruceño, secretario original, estaba bajo sumario y adscripto al Ministerio Público Fiscal.
A Maglione le respondieron que había muchos funcionarios aislados y contagiados. El resto del personal del STJ no podía hacer trabajo extra. Maglione avisó a varios consejeros con un mensaje de texto: “El STJ no me da secretario, tengo que salir a contratar urgente uno. Estamos a dos días de una sesión así que voy a contratar a uno”.
Según Fiscalía, al día siguiente Maglione violó la ley V N°70 y por resolución designó y contrató como secretario Ad-hoc al abogado Walter Matías Cifuentes Dalotto. Trabajaría desde el mismo día 5.
“Maglione intervino en la contratación sin tener atribuciones, con la clara intención de beneficiar al nombrado con dicha designación, con quien lo unía una relación de vieja data: comparten el mismo asiento legal del Estudio Jurídico, Urquiza 410 de Trelew. Insertó un interés particular por encima del interés público, al cual el funcionario debió dar preeminencia”, dijo Rodríguez. En varios expedientes Maglione y Dalotto trabajan juntos. Los consejeros ignoraban este vínculo.
El día 6, “buscando legitimar y consolidar el acto ilegal consumado el día anterior”, Maglione puso a consideración del pleno el informe de presidencia que incluía la contratación.
Según el MPF, no era cierto que Vivas le negó ayuda. Sólo le advirtió “inconvenientes relacionados con la racionalidad en el uso del personal. No se privó de proveer un funcionario sino que, por el contrario, sólo se limitó a pedir información respecto de la situación del secretario permanente”.
“El ocultamiento intencional de la relación profesional que lo unía con Dalotto generó un terreno fértil para que el día 6 por mayoría votasen la contratación, a pesar de las manifestaciones en contrario formuladas en dicha sesión por Panizzi”.
El fiscal sostiene que si Maglione hubiese brindado todos los datos sobre Dalotto “hubiese permitido generar un escenario diferente, posibilitando al resto del Consejo contar con información de calidad, que a la luz de la ley de Ética Pública hubiese tenido otro desenlace”.
Incluso antes de votar la contratación, Dalotto ya era secretario: al iniciarse la sesión Maglione le dio la bienvenida al organismo, habilitándolo para que lea el Orden del Día.
El imputado le pidió a su defensa que no se oponga a la investigación. Recordó que la contratación fue aprobada con 12 de los 14 votos del Consejo. Explicó que ante el contexto de pandemia “el organismo debía seguir funcionando ya que tenía sumarios y evaluaciones previstas y pendientes. Sí o sí debíamos cumplir con esta obligación institucional y no tenía un secretario permanente, una situación que heredé al asumir en 2019”.
El trabajo se hacía con personal que cedía el Superior. El día que esa ayuda no estuvo garantizada “consulté con consejeros por WhatsApp y teléfono”. Explicó que “con la anuencia de casi todos les dije cuál sería la opción”. Por eso decidió la contratación.
“Yo estaba encerrado en casa con Covid. Las circunstancias nos obligaron a contratar un secretario ad hoc, ante la situación especial, con escasez de personal”.
Según Maglione, “recurrí a una persona de confianza, un abogado que reunía los requisitos de la Constitución, más de 7 años ejercicio y que no dependiera del Estado. En Trelew son muy pocos”. Dalotto iba a cobrar un monto “casi 3 veces menor a lo que gana el secretario permanente. No es la primera vez que el Consejo contrata así”.
El abogado aclaró que la resolución “la firmé yo pero la dictamos todos. Esa sesión se inicia con la bienvenida porque ya todos sabíamos a quién habíamos contratado. No había absolutamente nada que ocultar y no hubo objeción”.
Dalotto fue secretario en dos sesiones. Renunció el 19 de noviembre cuando el caso se hizo público. Maglione aseguró que el letrado no cobró aunque era su derecho. “No hubo daño ni perjuicio ni para el Consejo ni la administración de justicia”.
“Sin esta decisión de emergencia, apremiados por los tiempos, el perjuicio hubiese sido más grave por nuestras obligaciones institucionales y porque había gente ya comprometida”, graficó.
Maglione dijo que hace 32 años tiene estudio y sus únicos socios son Cohen y Urtizberea Galeano. “Dalotto nos alquila un espacio hace años para atender. No es socio ni amigo pero me merece confianza personal y profesional. No paga gastos ni comparte ganancias”. Es cierto que comparten juicios pero “es una práctica habitual en la profesión y lo hago con varios abogados. Tengo mil causas en trámite y comparto con él no más de 30, incluidas las archivadas”.
Maglione insistió con que “me vi obligado a buscar una persona de confianza profesional. Todos los actos fueron de buena fe, sin ánimo de lucro ni voluntad para beneficiarme yo ni a otro. Todo se hizo con apego a la ley y al reglamento. Todas las decisiones las tomó el pleno. Me vi apremiado y volvería a hacer lo mismo”.
El presidente consideró que “estábamos obligados a buscarle la vuelta y estoy convencido de haber hecho lo correcto. Pudo haber fallas administrativas pero nunca un delito penal”.
Admitió que a los consejeros no les dijo quién era Dalotto. Pero argumentó que ni él sabía a quién designaría. “La sesión la teníamos que hacer sí o sí y a último momento se me ocurrió esta persona. Me depositaron toda la confianza. A Cifuentes lo saqué de la galera”.